La titánica tarea de defender al Estado de billonarias demandas que a veces requieren años de enfrentamientos jurídicos con poderosos

Los expedientes que reposan en las gavetas que abre a diario Martha Lucía Zamora trasnocharían a cualquier mortal. No en vano, se trata de las voluminosas cifras que pretenden obtener quienes demandan al país. Ella es la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (Andje) del Estado, y de esa compleja tarea que busca proteger las finanzas públicas frente a los litigios, habló en entrevista con Dinero.

DINERO: ¿A cuánto ascienden las demandas que maneja en la actualidad la Andje?

Martha Lucía Zamora: Las pretensiones de todos los litigios activos contra la nación suman 659,5 billones de pesos, de los cuales 348.236 casos nacionales llegan a 601 billones de pesos; 27 arbitrajes nacionales por 2,4 billones de pesos; 14 controversias internacionales de inversión, que alcanzan los 56 billones, y 964 casos en trámite en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Sin embargo, no todos estos litigios están bajo la responsabilidad de la Agencia. Hasta el 30 de junio de 2023, intervinimos en 826 procesos cuyas pretensiones ascienden a 494,5 billones.

DINERO: ¿Cómo se manejan los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

M.L.Z.: Las pretensiones económicas en estos casos tienen dos etapas. Hay 18 casos en cumplimiento de recomendaciones, de los cuales, en 14 de ellos, la Agencia asume el trámite previsto en la Ley 288 de 1996.

Nueve casos cuentan con propuesta económica de los peticionarios, cuyo valor es de 61.800 millones de pesos, un monto aproximado, porque no en todos los casos las propuestas incluyen todos los componentes de indemnización, ni cobijan a todas las víctimas beneficiarias. Algunos ya tienen sentencia y otros fijan sus pretensiones en equidad, con lo cual no existen montos específicos.

DINERO: ¿Cuáles son los casos más relevantes que están pendientes de fallo?

M.L.Z.: Podría mencionar el del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) versus Colombia, con una pretensión de 13,6 millones de dólares; el de la presunta desaparición forzada de Arles Edison Guzmán Medina en el contexto de la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín, la suma solicitada es de 370.000 dólares. El del exministro de Comunicaciones Saulo Arboleda Gómez, por 1,6 millones de dólares; y el del pueblo u’wa, cuyo monto será definido en equidad.

DINERO: ¿Cuáles son los procesos más onerosos que enfrenta el Estado?

M.L.Z.: Dentro de los procesos judiciales nacionales, en lo relacionado con reparación directa, está la demanda contra la Superintendencia de Sociedades por la suma de 109,6 billones de pesos; y en cuanto a reparación por perjuicios causados, se destaca la interpuesta por un grupo que pretende obtener 4.659,8 billones de pesos (las entidades demandadas son los ministerios de Defensa y Hacienda, la Policía Nacional, Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas).

Estos dos procesos judiciales no se incluyen dentro del análisis de cifras respecto a la litigiosidad contra la nación, dado que sus montos pueden generar distorsiones en el análisis. Así las cosas, dentro de lo comparable, el proceso activo más cuantioso es por 41,27 billones de pesos, relacionado con la imposición de multas por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Sampués.

Las entidades del orden nacional involucradas son Policía, Procuraduría, Ministerio y Superintendencia de Transporte. Con relación a demandas por arbitraje nacional, la más onerosa es la controversia entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Nueva Vía al Mar-Covimar, cuyo valor indexado asciende a 640.000 millones de pesos.

Y la demanda de inversión de mayor monto en sus pretensiones es la presentada por la compañía Sea Search Armada, por valor de 10 billones de dólares. De las peticiones y casos que cursan ante el sistema interamericano de derechos humanos, el caso más cuantioso que tiene la Agencia es el relacionado con los Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica, en la que se estima una indemnización por más de 200 millones de dólares.

DINERO: Cuáles son los sectores que enfrentan más demandas?

M.L.Z.: En lo referente a los procesos judiciales nacionales, el sector trabajo tiene el mayor número de casos activos, con 97.129 procesos, con pretensiones indexadas por 9,3 billones de pesos, que representan el 27,9 por ciento del total. Le sigue educación, con 84.727 procesos por cuantía de 14,2 billones. Defensa tiene 46.289 litigios que suman 188,1 billones de pesos. También está Hacienda, con 44.471 demandas por 99,8 billones de pesos, y la rama judicial, que enfrenta 39.203 procesos por 87,4 billones. Cabe señalar que el sector transporte es el que más número de arbitramentos tiene activos: 11, por 1,74 billones, que representan el 40,7 por ciento del total.

DINERO: ¿Cuando los casos se llevan a SIDH, sobre quién recae la demanda?

M.L.Z.: Ante los órganos del SIDH se demanda la responsabilidad del Estado en su conjunto. No obstante, la mayor cantidad de peticiones y casos se refiere a la alegada impunidad en la que se encuentran los hechos victimizantes, lo cual se relaciona directamente con las funciones de la Fiscalía. La Agencia ha identificado que cerca del 64 por ciento del total de peticiones y casos se relaciona con dicha entidad. Con frecuencia se escucha de demandas contra leyes aprobadas.

DINERO: ¿La Andje las tramita?, ¿cuáles son las más demandadas?

M.L.Z.: El Sistema Único de Información Litigiosa del Estado no contempla esta variable en los procesos, razón por la cual no se tienen cifras; sin embargo, se considera que las leyes que más se demandan son las que aprueban en los planes nacionales de desarrollo. La Agencia, en el último año, ha evidenciado que para este periodo las leyes que han recibido más demandas son la reforma tributaria, la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la ley sobre política de paz del Estado.

DINERO: ¿Cuál es la demanda más antigua?

M.L.Z.: En procesos judiciales nacionales, el más antiguo, y con pretensiones indexadas por 2.000 millones de pesos, es en contra del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías). La fecha de admisión fue el primero de marzo de 1989. Actualmente, el proceso se encuentra en el Consejo de Estado. De las demandas internacionales, la más antigua es la presentada el 8 de diciembre de 2016, por Eco Oro Minerals Corp., la cual se encuentra pendiente de laudo.

DINERO: ¿Cuánto invierte el Estado en enfrentar los procesos jurídicos?

M.L.Z.: La ejecución de actividades relacionadas con la intervención de la Agencia hace necesaria la contratación de abogados con experiencia en litigios. De 2020 a la fecha, la Dirección de Defensa Jurídica Nacional ha celebrado 60 contratos por 5.900 millones de pesos. En relación con los recursos que se han invertido en la defensa jurídica internacional, en los arbitrajes de inversión que cuentan con laudo arbitral, junto con los ahorros logrados y los costos recuperados por decisiones favorables, se puede hablar de 43.800 millones de pesos en 2022 y 31.700 millones en lo corrido de 2023.

DINERO: Hasta hace poco se decía que el Estado perdía casi todas las demandas. ¿Ha cambiado este panorama?

M.L.Z.: Ha cambiado sustancialmente porque con la creación de la Agencia surge un ente técnico y especializado en defensa jurídica, que interviene directamente, formulando y articulando con las entidades públicas involucradas, la estrategia de defensa a emprender. Según el documento Conpes 3971 de 2019, la creación de la Agencia ha dado “resultados significativos”. Pasó de una tasa de éxito procesal del 27 por ciento en 2010 a 51 por ciento en 2018. El mismo documento revela que “por cada peso invertido en la Andje se obtiene un retorno en beneficios sociales de 2,83 pesos”. Es decir, el financiamiento de la Agencia es una inversión altamente costoeficiente.