La titánica tarea de salvar a miles de empresas y empleos en Colombia

Como pocos años en la historia del país, para los colombianos se volvió un paisaje ver en los titulares de prensa que empresas reconocidas pasaban a hacer parte de las tristes listas de insolvencia y buscaban un salvavidas para no dejar en el camino millones de empleos.

La pandemia generó una crisis económica sin precedentes y el sector privado no fue ajeno al mismo. No hay que olvidar que, por cerca de seis meses, el país estuvo encerrado en un confinamiento nacional que llevó a que el desempleo superara el 20 por ciento y la quiebra de empresas se disparara.

En las ciudades el panorama era aterrador. Letreros de “se vende” o “se arrienda” inundaron las calles, al tiempo que los negocios que se mantenían abiertos luchaban contra la marea de decretos que expedían el Gobierno nacional y los entes territoriales.

Los cambios de normas cada semana se convirtieron en un nuevo reto para los empresarios, que veían cómo las nuevas obligaciones mutaban más rápido que el coronavirus. Y esto los dejaba con margen de maniobra, sin contar con que los ponía a correr para realizar nuevas inversiones. Todo con un único fin: volver a abrir sus puertas y reactivar sus ventas.

Pasó medio año hasta que el sector privado volvió a ver una pequeña luz al final del túnel, pero en el camino quedaron miles de compañías que no lograron cogerle el ritmo a esta inédita situación. El Gobierno intentó de todas las maneras darles un salvavidas a las firmas, pero aun así la emergencia sanitaria sobrepasó cualquier intento de protegerlas.

Aunque los procedimientos tradicionales, consagrados en la llamada Ley de Insolvencia, ofrecen posibilidades de recuperación, la pandemia motivó la creación y puesta en marcha de herramientas modernas, novedosas y poderosas. “Esto nos ayudó a superar prejuicios y aceleró desarrollos en materia de protección empresarial, legal y procesal, cuya implementación, en condiciones normales, seguramente habría tardado décadas”, asegura Fernando Bustos, director de Bustos y Cía. Consultores.

Sin dudas, su puesta en marcha permitió que el boquete de reorganizaciones y quiebras no fuera mayor. Y hoy tiene abierta la puerta para que las empresas escojan el procedimiento que mejor les sirva en su caso. La posibilidad de salvarse es tal, que para Bustos ninguna empresa viable debería perderse.

En plata blanca, cuando una firma entra a un proceso de reorganización, no puede ser objeto de demandas de cobro por ninguno de sus acreedores. Es decir, deudas como IVA, renta, de créditos financieros y proveedores, quedan congeladas, y la empresa puede continuar desarrollando su actividad.

Su caja se vuelve capital de trabajo, recupera los dineros embargados y esto facilita su reactivación. Pero debe trazar un rumbo para regresar a la normalidad, ponerse al día y sanear sus pendientes.

Cambio de chip

En todo caso, los cambios que trajo consigo la pandemia llegaron como un reto para las empresas que se dedican a llevar estos casos. En las compañías de abogados hubo que hacer reingeniería en la manera de atender diligencias y procesos judiciales. Todo mientras se buscaba acuerdos para salvar a las empresas.

Según Juan Pablo Bonilla, socio de Posse Herrera Ruiz, en este año y medio se han enfrentado a procesos de insolvencia complejos y de cuantías elevadas. A pesar de esto, “el avance fue trascendental porque se definió la situación de la empresa, se atendieron las solicitudes de acreedores, se protegió el negocio y se logró la continuidad de la compañía”, explica.

En tiempo récord, los bufetes debieron cambiar el chip y adaptarse a la nueva normalidad de estos y otros procesos. La situación debía resolverse de manera exprés, ya que miles de millones de pesos estaban en juego. Eso sin contar con el empleo de millones de colombianos que dependían de las compañías que entraban a reorganización.

En el medio hubo ajustes internos que pasaron desapercibidos para los colombianos de a pie, pero no para los abogados y sus clientes. Aunque los retos persisten; entre estos, se debe transmitir a los clientes cuáles son las expectativas reales de estos procesos. No hay que dejar de lado que se está en un trámite de insolvencia; por lo tanto, el mayor riesgo para el deudor sigue siendo no salir del proceso de reorganización y terminar en una liquidación judicial. Y para el acreedor, no recuperar el monto de sus créditos.

El papel de estos dos personajes es vital si se quiere llegar a buen puerto.Aunque no es lo único que está de frente para lo que resta del año y lo que se viene en pospandemia. Para Bonilla es vital desestigmatizar la insolvencia y entender que la reorganización de una empresa, mediante un proceso de este tipo, puede ser la única manera para salvar la compañía, y con ello, proteger los intereses de todos los participantes.

Y como se mencionó previamente, a la mano ya hay un abanico de opciones para lograr que el menor número posible de compañías caiga en la quiebra. En este punto es clave que las medidas creadas durante la emergencia económica se mantengan en el tiempo. Sobre todo porque Colombia y el mundo aún están lejos de pasar la página de la crisis económica. Y miles de empresas siguen operando ‘en los rines’.

“Desde nuestro punto de vista, la pandemia trajo muchas medidas de modernización que estaban en mora de ser implementadas. Ojalá muchas de las medidas tomadas no sean temporales, sino permanentes, de manera que los procedimientos sean progresivamente más rápidos y modernos”, señala Nicolás Tirado, socio de Corporativo/ M&A e Insolvencia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Mientras que Felipe Cuberos, socio y director del Área Mercantil de la misma firma, va más allá y asegura que el foco con el que se tramitan los procesos de insolvencia debe cambiar a un modelo preventivo. Es decir, que se le apunte a evitar problemas más que a curarlos, y en el que lo que prevalezca sean las soluciones creativas para mantener a las empresas saludables en el país.

Como se ve, los avances logrados son monumentales, pero los retos son igual de profundos. La tarea ahora estará en manos del Congreso, que deberá asumir su papel y aprobar leyes que permitan ajustar las tuercas que hacen falta en los procesos de reorganización y liquidación.

El momento no podría ser mejor, pero requiere que el tema llegue cuanto antes a oídos de los senadores y representantes. La razón es que conocedores del sector prevén que, en lo que queda de este año y durante el primer semestre del próximo, se registrará el pico más alto de procesos de insolvencia en el país. La situación no da espera.