La transformación energética en Colombia: Una realidad actual, no futura

Instalar paneles solares en el techo de una casa, construir un parque eólico en La Guajira o trotar en un gimnasio verde para generar energía es una transición energética vista de una manera sencilla y práctica, que busca contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Diana Marcela Jiménez R., gerente de Regulación, Relacionamiento Institucional y Medio Ambiente de Enel Colombia & Centroamérica, considera que restringir la producción y el uso de combustibles fósiles y acelerar la transición energética, entendida como la producción y el consumo de energía de bajas emisiones, es un objetivo de toda la sociedad, que une tanto al sector público como al privado.

Este reto social inaplazable se evidencia en el compromiso de Colombia con la comunidad internacional para reducir, en 2030, el 51 por ciento de los 300 millones de toneladas de CO2 que produce, es decir, en menos de siete años.

La meta es emitir en 2030 un máximo de 169,44 millones de toneladas de CO2, pero todos los sectores de la economía, empezando por el minero-energético, siguiendo por el transporte, la industria, la agricultura y, ahora, hasta las firmas de abogados deben hacer esfuerzos reales y contundentes.

Pese a tener claro ese objetivo común, en mayo pasado, Enel decidió suspender indefinidamente la ejecución del proyecto eólico Windpeshi en La Guajira, lo cual profundizó la incertidumbre sembrada en el sector por mensajes contradictorios del Gobierno sobre el futuro de la transición energética y la generación de energía no convencional.

El asunto es complejo, pues desde 2018, Germán Corredor Avella, experto en economía energética y docente e investigador de la Universidad Nacional, alertó sobre las dificultades para disminuir drásticamente las fuentes convencionales en la matriz energética, pese al esperado impulso a las energías renovables, previsto para los próximos años, pero que ya está aquí y ahora.

Por eso, para otros expertos consultados, en este entorno de transición energética vigente desde hace varios años, la electrificación de la demanda, que no es nada diferente a cambiar los hábitos de producción y consumo de la sociedad, es prioritaria.

Los dilemas

¿Qué medidas tomar y, en particular, cómo llevar a cabo la transición energética? ¿Deberíamos acelerarla o no? ¿Qué riesgos están dispuestos a asumir los inversionistas y desarrolladores en el corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los equipos legales que respaldan estos necesarios proyectos de infraestructura, cuya ejecución se extiende a lo largo de años y décadas?

Patricia Arrázola, directora del Grupo de Práctica de Energía y recursos naturales de la firma de abogados Gómez-Pinzón, fundada desde hace 40 años, explicó que “lo que los inversionistas esperan es seguridad jurídica y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos, al estar la transición energética en la primera página de los objetivos del Gobierno nacional”.

En este planteamiento coincidió Pablo Jaramillo, socio de la práctica de Infraestructura y Proyectos de Dentons Cárdenas & Cárdenas, quien opina que el Gobierno debe dar un mensaje claro en lo relacionado con la seguridad jurídica de los proyectos.

“Consideramos que Colombia cuenta con un marco institucional y regulatorio en materia de energía que se ha venido consolidando desde hace varios años y que, si bien debe ser ajustado en algunos aspectos y en un proceso de mejora continua, no debería someterse a modificaciones sustanciales”.

La viabilidad de los proyectos

Detrás del clamor de los abogados por estabilidad jurídica estaría el fantasma de la inviabilidad de los proyectos de generación de energía limpia o de fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER).

Al respecto, Jaramillo explicó que “a pesar de los desafíos, sigue existiendo interés en profundizar la transición energética”. Los proyectos no se están tornando inviables, pero los retos en cuanto a demoras en la ampliación de la red de transmisión, por ejemplo, han impedido, en algunos casos, que puedan empezar a generar.

Los abogados consultados coinciden en que persiste la incertidumbre en el procedimiento de Consulta Previa, que se suma a las demoras de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), como autoridad reguladora, para surtir todo el procedimiento del permiso de conexión.

En este contexto, todos estos factores complican la obtención de los recursos de capital necesarios para el desarrollo de los proyectos. Así, las firmas de abogados consideran que las herramientas legales disponibles deben enfocarse en garantizar la seguridad jurídica para respaldar las inversiones en proyectos energéticos en medio de un proceso de transición.

Maromas con las Consultas Previas

Los abogados despliegan esfuerzos considerables para apoyar y asesorar a sus clientes en el estricto cumplimiento de toda la normativa relacionada con el proceso de Consulta Previa.

En muchas ocasiones, esto implica brindar asesoramiento legal a las empresas consultoras que trabajan en temas sociales y que prestan asistencia en terreno.

Por eso, le piden al Gobierno nacional reconocer la importancia que revisten los proyectos de energía y, en general, los proyectos de infraestructura para el desarrollo del país, con el fin de evitar que se paralicen los que están en marcha por cuenta de la aparición de nuevas comunidades que exigen ser consultadas.

Al respecto, los expertos de Dentons Cárdenas & Cárdenas consideran necesario dar seguridad jurídica en el sentido de que no sea posible abrir nuevamente los procesos de Consulta Previa cuando han sido debidamente surtidos y cumplen con las normas aplicables.

Licencias demoradas

Patricia Arrázola, de Gómez-Pinzón, menciona casos de proyectos de energía con fuentes no convencionales que se han visto afectados por circunstancias extraordinarias o por demoras en las licencias ambientales, como lo señaló recientemente el Ministerio de Minas y Energía mediante la Circular 40012 de 2023.

Como las empresas desarrolladoras de los proyectos generalmente constituyen garantías ante las demoras en las licencias, los trámites de conexión o en las obras de infraestructura, se puede presentar una eventual ejecución de esas garantías, lo que pone en riesgo la financiación de muchos proyectos.

Con el claro compromiso como país de avanzar en la transición energética y pese a las dificultades, se mantiene el interés de los inversionistas y, por supuesto, de sus asesores legales de formar parte en ese proceso.