Nuevos servicios
Las tendencias que vienen para los abogados en Colombia y el mundo
En la industria de servicios legales cada vez ganan mayor participación los temas de tecnología, digitalización y redes sociales, así como la defensa del medioambiente. Estas prácticas se han intensificado y crecen en el país.
La pandemia no solo cambió la manera de trabajar y las herramientas con las que abogados y jueces operan en el sistema de justicia colombiano. También puso al descubierto nuevas necesidades y vertientes del derecho que están ganando participación y llegaron para quedarse.
Más litigios por temas digitales, por el uso o abuso de redes sociales, por el descuido en el manejo medioambiental que ponen en riesgo a las comunidades o por defensa de los derechos adquiridos, son algunas de las áreas que están ganando mayor participación.
Se trata de nuevas tendencias que exigen más preparación y pronta respuesta de los bufetes de abogados, dice Ignacio Londoño, socio de contratación mercantil y derecho societario en Garrigues, quien asegura que el mercado de servicios legales demanda hoy asesores altamente especializados, capaces de responder a los requerimientos del cliente y capaces de agregar valor.
“La especialización, la oportunidad de respuesta y la capacidad de aportar soluciones concretas y útiles son características que los clientes esperan de sus asesores legales, en un mercado cada vez más exigente y sofisticado, y en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente”.
Tendencias
Para Mauricio Pava, socio de MPA/Pava Díaz Arana, experto en derecho punitivo y riesgos corporativos, en medio de la pandemia algunas prácticas se han intensificado y otras han venido surgiendo. Estas son seis de las tendencias que para estos expertos en derecho están tomando fuerza y, sin duda, tendrán gran impacto en el sistema legal del país.
Contencioso internacional
La pandemia llevó a que algunos Estados adoptaran decisiones fuertes, recortando muchas veces garantías o derechos civiles, modificando su régimen tributario de manera abrupta o cambiando las reglas de juego de la inversión. ¿Qué tan lejos podían ir los países para defender los derechos de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, mitigar el impacto de la pandemia?
Esa es una de las respuestas que están buscando en los estrados judiciales empresas y ciudadanos que sintieron vulnerados sus derechos y ahora comienzan a buscar en la justicia internacional el resarcimiento. Las acciones de protección de los derechos humanos de personas han crecido, mientras que muchas compañías han acudido a tribunales de inversión para defender sus intereses en calidad de inversionista extranjero.
Esto podría aumentar la litigiosidad en tribunales. Según el abogado Mauricio Pava, en este momento en la Secretaría Ejecutiva de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York avanza el proceso de Hidroituango, mientras que en Ginebra también se lleva un proceso por posibles deficiencias del derecho interno en el caso de la Ruta del Sol.
Desarrollo social de comunidades
Antes de la pandemia, el empoderamiento contestatario de las comunidades ya venía creciendo: cada vez en el país se exigían más consultas y se presentaban más conflictos con normas de ley y orden, que terminaban bloqueando actividades o programas de desarrollo o industrialización.
Las consultas previas se convirtieron en uno de los procedimientos más complejos para el despegue de proyectos de industrias extractivas, pero se han ido extendiendo hacia otras actividades, y ahora es un tema transversal.
Derecho público sistematizado
La gran apuesta por lograr en el país un gobierno digital plantea al mismo tiempo grandes retos para la sociedad. Mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial o el machine learning se logra predecir las responsabilidades de los ciudadanos en distintos ámbitos.
Por eso, cada vez más personas reciben reportes preelaborados que les indican, por ejemplo, qué multas tienen pendientes de pagar, cuánto deben en impuestos a la Dian, a cuánto equivalen sus impuestos prediales, o quiénes tienen deudas con la seguridad social, entre otros. Gestionar la digitalización para mejorar la relación del ciudadano con el Estado será clave, pero también abre una nueva puerta a la litigiosidad por parte de muchos ciudadanos. Este camino todavía tiene numerosas vías por explorar.
Comunicaciones en redes sociales
Los efectos jurídicos por el uso de redes sociales se integran a una de las vertientes de estudio del derecho que está creciendo. Muchas empresas o personas enfrentan problemas de difamación en redes sociales, y más de un influenciador afronta acciones judiciales por excederse.
Sin duda, las acciones sancionatorias del derecho de las comunicaciones están ganando participación y cada vez crecen más las consultas en los bufetes por este tema. Pava señala que en un futuro no muy lejano los gobiernos tendrán que atacar estos comportamientos como actos de criminalidad global, de la misma manera como en el pasado se han enfrentado otros delitos tipo trata de personas, lavado de activos o narcotráfico.
Resolución de conflictos en temas digitales
Las reclamaciones con proveedores digitales de bienes y servicios hasta ahora se venían tramitando directamente en las plataformas. Pocas veces los incumplimientos llegaban ante un juez. Pero el crecimiento del e-commerce en medio de la pandemia ha disparado también la litigiosidad; eso podría generar una migración hacia los sistemas alternativos de justicia digital.
Así se evitaría llegar hasta instancias judiciales o de tribunales como el de la Cámara de Comercio, para solucionar los litigios con un algoritmo y someterse a esa decisión. Se trata de utilizar inteligencia artificial para solucionar estos conflictos utilizando las herramientas que la tecnología permite.
Medioambiental
Al mismo ritmo que crecen las amenazas en los temas de medioambiente, también lo hacen los litigios de ciudadanos preocupados por la falta de previsión ante estos fenómenos. Las amenazas de virus, tormentas, inundaciones o deforestación que quedaron en evidencia durante la pandemia han llevado a que los defensores del medioambiente tengan hoy mayor vigencia política y busquen frenar estos procesos o hallar a los culpables para imponerles sanciones ejemplares que eliminen nuevos riesgos.