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Lo último: SuperSociedades ejercerá máxima supervisión a firmas que conforman Centros Poblados
La entidad vigilará de cerca a tres de las cuatro personas jurídicas que integran la Unión Temporal Centros Poblados, firma relacionada al escándalo del contrato de los $70.000 millones del MinTIC.
La Superintendencia de Sociedades dejó en firme el sometimiento al máximo grado de supervisión “control” a tres de las cuatro personas jurídicas que integran la Unión Temporal Centros Poblados.
Las firmas que estarán en supervisión son: ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S. La Supersociedades dijo que la cuarta compañía que conforma Centros Poblados es una fundación no sujeta a supervisión.
La entidad también reveló que dichas sociedades no interpusieron recursos ante la decisión.
“Las sociedades son sometidas al grado de supervisión denominado ‘Control’, teniendo en cuenta que presentan situaciones críticas de orden jurídico, económico, contable y administrativo. El ‘Control’ es el máximo grado de supervisión que ejerce la Superintendencia de Sociedades sobre las sociedades comerciales no vigiladas por otras superintendencias, para ordenar los correctivos necesarios para subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo”, dijo la superintendencia.
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¿Van a prender el ventilador?
Emilio Tapia, quien se hizo famoso por ser protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes de país, el Carrusel de la Contratación en Bogotá, es de nuevo pieza clave en el entramado ilegal de la licitación que fue entregada a la Unión Temporal Centros Poblados, por más de un billón de pesos, de los cuales ya se esfumaron $70.000 millones del primer anticipo que dio el Gobierno, para este proyecto que buscaba llevar internet a las zonas más lejanas.
En los últimos días, Tapia, quien se encuentra detenido por estos hechos en la cárcel La Picota de Bogotá, buscó de manera afanosa que la Fiscalía lo escuchara. Según él para contar todo lo que sabe sobre este caso y cómo se armó el esquema corrupto. Fue así como el ente acusador aceptó escucharlo en diligencia de interrogatorio en compañía de su abogado.
La primera sesión del largo interrogatorio se inició a finales de la semana pasada y duró cerca de nueve horas. La segunda se cumplió el miércoles pasado y también fue extensa, en esta ocasión Tapia estuvo dando su versión y explicaciones durante otras siete horas.
El contratista corrupto ha dicho “yo sí sé todo lo que sucedió en Centro Poblados”, y aseguró que su intención es entregar a la justicia, paso a paso, todo lo ocurrido. Eso sí, a cambio de beneficios judiciales como un eventual principio de oportunidad que hoy no parece fácil de ser otorgado, pues ya lo había obtenido cuando fue condenado en el Carrusel de la Contratación de Bogotá. Justamente, por eso tenía casa por cárcel, pero había burlado esta medida viajando por todo el país, haciendo negocios, en especial en Medellín, donde buscaba una lujosa casa y tenía reuniones para establecer los lineamientos del contrato de Centros Poblados.
Tapia contó cómo se inició este proceso y la manera en que se fue contactando con cada uno de los protagonistas de esta historia, que para la justicia son sus cómplices y hoy están detenidos. De forma detallada contó los lugares en los que se reunían para crear la Unión Temporal, quiénes hacían parte de los encuentros, cuál era el rol de cada uno de los socios, a qué se comprometían y, finalmente, qué papel terminaron jugando en esta trama corrupta.
Hay que recordar que alrededor de este escándalo se han venido ventilando extraños cambios en los objetos sociales de las empresas que forman parte de la Unión Temporal a pocos días de la firma del contrato, el incremento patrimonial en 25 mil millones en una empresa que hasta entonces parecía de papel, un contrato de tecnología a compañías que solo se habían dedicado a la construcción y polémicas relaciones con otros protagonistas de escándalos de corrupción eran temas que giraban en torno a Centros Poblados.
No se trataba de un negocio de poca monta, era de más de un billón de pesos, pero además el compromiso del presidente Iván Duque de llevar internet a zonas apartadas del país, que ahora quedó en manos de la Unión Temporal ETB NET. Al parecer, en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) omitieron o no se percataron de las tozudas dudas que rodeaban a las firmas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados.
El escándalo de este contrato fue tal que le costó el puesto a Karen Abudinen como ministra de las Tecnologías.