Los negocios de Colombia con el mundo están en revisión

En las últimas semanas se prendió la polémica en torno a si Colombia debería renegociar –como lo anunció el presidente Gustavo Petro– o revisar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y cuáles podrían ser sus implicaciones en caso de escoger una u otra vía.

Una renegociación es un proceso complejo porque se establecerían condiciones diferentes a las que se negociaron inicialmente, y llevaría más tiempo, pues tendría que ser aprobada por los congresos de los dos países. No está exento de riesgos ante la incertidumbre por el impacto para las nuevas inversiones y porque Colombia podría quedar, incluso, en condiciones más desventajosas frente a las que se pactaron inicialmente, como le ocurrió a México cuando renegoció el acuerdo con Estados Unidos, conocido como el Nafta. La nación azteca tuvo que ceder en temas como la industria automotriz y quedó con normas de origen más elevadas.

Pero un tema diferente es la revisión, contemplada en el acuerdo que se firmó en 2012, para lo cual la Comisión Administradora del TLC estudiaría ajustes menores o mejoras. De hecho, se establecieron grupos de trabajo para que de manera periódica realicen revisiones en diversos temas.

El debate ha quedado zanjado, por ahora, tras el anuncio del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien dijo que se hará una revisión y no una renegociación, lo que tranquilizó al sector privado. Entre los temas que el Gobierno espera que se estudien están los servicios profesionales y las compras públicas para que Colombia tenga una mayor participación en todos los estados y las instancias del país del norte. También hay preocupaciones por las elevadas protecciones a productos agrícolas, como el maíz.

Para José Francisco Mafla, socio de Brigard Urrutia, la revisión de los tratados por sí sola no tiene implicaciones jurídicas o regulatorias, pero una eventual renegociación conllevaría riesgos en temas económicos previamente acordados, por la posible inclusión de medidas más estrictas relacionadas con las normas de origen, las medidas fitosanitarias para la exportación de productos y los requisitos previos para la comercialización de bienes.

“Lo que Colombia debe hacer es exportar más, sacarle más provecho al TLC con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y el principal importador del mundo”, dice, por su parte, el abogado Martín Gustavo Ibarra, socio de Araújo Ibarra, quien señala que una revisión del TLC no tendría repercusiones jurídicas.

Ibarra destaca los beneficios que tenemos con dicho acuerdo, como las normas de origen, es decir, el porcentaje de contenido colombiano en la producción de bienes, que es del 35 por ciento, frente a México, que tiene más del doble: el 72,5 por ciento.

Un análisis de la firma muestra el comportamiento de las exportaciones per cápita de países que tienen TLC con Estados Unidos. Mientras Canadá lidera el ranking con 11.540 dólares, Colombia está entre los países con menores ventas, con apenas 377 dólares per cápita, muy por debajo de México o de países centroamericanos como El Salvador, República Dominicana o incluso Nicaragua, que ascienden a 885 dólares.

Hoy, la balanza comercial con Estados Unidos es deficitaria para nuestro país: las exportaciones colombianas llegaron el año pasado a 14.840 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 18.839 millones. Cuando Colombia firmó en 2012 el Tratado de Libre Comercio (TLC) con esa nación, las ventas externas eran de 21.833 millones, mientras que las importaciones ascendían a 14.178 millones de dólares.

Zonas francas y aranceles inteligentes

Frente a otras medidas para impulsar una mayor inserción de Colombia en los mercados externos, entre ellas, la relocalización de plantas de producción en el país (nearshoring), Ibarra comentó que, en una reciente reunión en Cartagena de cámaras binacionales y las agencias de promoción regional de inversiones se estudió el tema y se presentará una propuesta al Ministerio de Comercio para revisar el inventario de los proyectos estratégicos con el fin de traer empresas ancla que aporten al desarrollo del país.

Pero es necesario mantener reglas de juego estable, normas claras, certidumbre jurídica porque, de lo contrario, no será fácil que llegue nueva inversión extranjera.

Otro de los temas que ha anunciado el Gobierno son los “aranceles inteligentes”, que buscan proteger la producción de aquellos sectores que se vean afectados por prácticas desleales y que estén en contra del libre comercio. En el Plan de Desarrollo 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida, el artículo 259 dice que el Gobierno podrá adoptar “una política de remedios comerciales y aranceles inteligentes”, para lograr un equilibro en condiciones de competencia de la producción nacional frente a importaciones y prácticas desleales.

Para Mafla, de Brigard Urrutia, las empresas no tendrán que realizar ajustes hasta tanto el Gobierno diga sobre qué productos se aplicarán los aranceles inteligentes y la fecha a partir de la cual se harán efectivos. Hay otros temas incluidos en la reforma tributaria aprobada en 2022, que tienen relación con el comercio exterior. El más importante es que siguen los beneficios de los regímenes de las zonas francas.

Mafla señala que en la reforma quedó que la tarifa diferencial del impuesto sobre la renta se aplicará a los ingresos provenientes de la exportación de bienes y servicios, sujetos a un plan anual de ventas y de internacionalización, pendientes de ser regulados.

Para Martín Gustavo Ibarra es favorable que las zonas francas mantengan la tarifa del 20 por ciento sobre el impuesto a la renta, para lo cual deben presentar un plan de internacionalización para 2023 y 2024. Colombia ha dado pasos para tratar de incentivar el comercio exterior, pero no han sido suficientes.

Analdex considera que el país debería estar exportando por lo menos 120.000 millones de dólares, el doble de lo que exportamos hoy, y que se necesita mayor diversificación y más empresas que salgan a conquistar los mercados. El Gobierno está tomando medidas, en las que el comercio exterior entró en revisión, mientras en la coyuntura las cifras de las exportaciones y las importaciones siguen cayendo.