Madereros piden mantener sus exenciones y presentan plan para transformar el agro

La Federación Nacional de Industriales de la Madera presentó una propuesta de transformación productiva de la ruralidad desde su actividad económica, la cual se enmarca en los ejes de justicia ambiental y paz total del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que actualmente se construye.

El plan consiste en construir, articular y afianzar una cadena de valor por medio de políticas de Estado de largo plazo, incentivos a la inversión y seguridad jurídica en materia de derechos de propiedad del suelo y su destinación. Todo esto sería posible por medio de una nueva Ley Forestal y la puesta en funcionamiento del Servicio Nacional Forestal que reorganice las reglas de juego y brinde las bases para impulsar el desarrollo complementario de las plantaciones forestales comerciales y los bosques naturales aprovechables, que provean madera y servicios ecosistémicos y ambientales con valor agregado.

Juan Miguel Vásquez Suárez, director Ejecutivo Nacional de Fedemaderas, explicó que con este plan se lograrían economías superiores a los 25.700 millones de dólares, y se corregiría el déficit actual de la balanza comercial. Además, se alcanzarían exportaciones que superarían los 5.900 millones de dólares, lo que a precios de 2021 equivaldría a 1,9 veces las ventas externas de café y 44 % de las de carbón.

De hecho, el gremio espera que el Gobierno conserve la exención de renta hoy vigente para no frenar el desarrollo del sector. “Todo esto solo será posible con la acción decidida, visionaria y de largo aliento del Gobierno nacional, para lo cual su primer paso es conservar las exenciones tributarias de que gozan las inversiones en nuevas plantaciones forestales, en aserríos y en plantas de transformación de esta cadena de valor”, advirtió Vásquez.

Para 2021, el valor de esas exenciones se calculó en $81.026 millones de pesos, es decir, un 0,36% de la nueva meta fiscal. Además, para las nuevas plantaciones instaladas en 2023 el recaudo efectivo solo se daría desde el año 2032, pues son cultivos de crecimiento tardío.

El gremio ha advertido sobre las consecuencias que tendría la eliminación de exenciones al sector forestal, lo cual tendría efectos negativos sobre las tasas internas de retorno de los proyectos y, por ende, podría llevar a la pérdida de 170.000 empleos y a menores capturas de CO2.

Por el contrario, mantener las exenciones permitirá que en los próximos 30 años se cultiven 7,2 millones de hectáreas y el país reciba un recaudo de renta por la venta de bonos de carbono calculadas a 2033 en 1,2 billones de pesos, es decir, 2,9 veces más de lo que eventualmente se recibiría el mismo año únicamente por la renta de las cosechas de las plantaciones forestales comerciales.

Vásquez insistió en que Colombia requiere una mayor integración en su estrategia de desarrollo forestal: “A mayor madera legal y sostenible disponible en el mercado, mayores oportunidades para el desarrollo de esta bioeconomía, menor presión sobre prácticas ilegales, el bosque natural y la deforestación de estos”.

Vale la pena recordar que, en el marco de las discusiones mundiales por el cambio climático, la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad, anunció el apoyo a iniciativas que construyan un modelo agroecológico productivo “que favorezca el desarrollo económico de la gente de acuerdo con la vocación del suelo”. Sin embargo, desde el sector empresarial también hay iniciativas como esta para cumplir las metas de desarrollo sostenible y fortalecimiento industrial.

Por ejemplo, los empresarios y los proyectos de manejo forestal sostenible comunitario brindarán el apalancamiento financiero de las inversiones necesarias para cultivar 1 millón de hectáreas a 2026, 7,2 millones a 2052, desarrollar más de 100 núcleos de proyectos comunitarios que producirán 750.000 metros cúbicos año de madera en pie y una oferta de madera legal que golpee a las mafias de la deforestación.

Por su parte, la nación se beneficiará con cerca de 400.000 empleos formales para campesinos, comunidades afro e indígenas entre los años 2022 y 2026, llegando a 2,5 millones en 2052, todos ellos de naturaleza agroindustrial sostenible.