Reforma Tributaria
Microempresarios están muy dolidos con el gobierno de Gustavo Petro por la reforma tributaria
Aseguran que no fueron tenidos en cuenta y sus propuestas quedaron en el aire.
Tal y como se tenía proyectado, el pasado jueves se aprobó en primer debate, por parte de las comisiones económicas del Congreso de la República, el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno nacional esta semana, luego de los ajustes que se hicieron en respuesta a las observaciones de diversos sectores de la economía y expertos.
Esta iniciativa busca recaudar 22 billones de pesos el próximo año.
Dentro de lo aprobado por ahora quedó que las empresas pagarán una tarifa general del 35 %, la cual venía ya de la reforma tributaria del gobierno anterior, pero al aplicar al año gravable 2022, se empezará a aportar desde 2023.
Tres sectores contarán con una sobretasa en el impuesto de renta: las instituciones financieras, aseguradoras, reaseguradoras, sociedades comisionistas de la bolsa de valores, agropecuarias, la bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales y proveedores de infraestructura del mercado de valores, que obtengan una renta gravable superior a 4.560.480.000 de pesos, aportarán un 5 por ciento entre 2023 y 2027.
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En lo que respecta al impuesto de ganancias ocasionales, se dejó estipulado que cuando recaiga sobre personas naturales, la tarifa que aplicaría será del 15 %, lo que implica un incremento, pues, antes de la reforma, era de 10 %.
En el caso de las personas jurídicas, se establece una tarifa única del 15 % para sociedades nacionales y extranjeras. Esta tarifa fue modificada, pues en el proyecto original era del 30%. Para el caso de juegos de suerte y azar, loterías, rifas, apuestas y similares, tema que también fue muy controversial, la tarifa será de 35 %, desde el 20 % que aplicaba hasta antes de la reforma.
Esta iniciativa también pasó, entre otras cosas, con el impuestos a las iglesias, que será finalmente del 20 %, para los alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas, establece un tributo a los dividendos del 10 %, estaba en 7,5 %, y habilita una casilla para el que voluntariamente quiera aportar impuestos, los cuales, irán a financiar la política social del gobierno.
Han sido muchas las reacciones luego de esta aprobación por parte del Congreso de la República, unas a favor, destacando que el país tendrá grandes recursos para luchar contra la pobreza y reducir las brechas sociales, y otras en contra, diciendo que hubo un ‘pupitrazo’ por parte de los congresistas y que golpeará con fuerza al sector empresarial.
Una de las más recientes se dio por parte de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, la cual sostuvo que se sintieron ignorados luego de ver lo que finalmente lo que propuso el Ministerio de Hacienda y lo que terminó siendo avalado por el legislativo. Esto, teniendo en cuenta le presentaron varias ideas al gobierno, que finalmente no se tuvieron en cuenta.
“Desde ACOPI lamentamos profundamente que el Gobierno Nacional pese a la sustentación de nuestras Propuestas en materia fiscal en beneficio de las MiPymes, realizada en distintos espacios ante el Ministro de Hacienda y el Director de la DIAN; en reunión celebrada el 1° de agosto del presente año, con representantes de las distintas seccionales y su mesa directiva y en las audiencias públicas celebradas con participación de los miembros de las Comisiones tercera de Senado y Cámara en la ciudad de Bogotá, Barranquilla, Cali y Cúcuta, haya tomado la decisión de no tener en cuenta”, indicaron mediante un comunicado.
Las microempresas recordaron que habían planteado al Ministerio de Hacienda y a la Dian, ideas como la tarifa diferencial de renta, la exclusión del 4 x mil, la ampliación del Régimen Simple de Tributación y la inclusión del impuesto de normalización tributaria. Según ellos, “estas propuestas estaban encaminadas al cumplimiento de los principios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución y cuya inobservancia, está afectando gravemente la sostenibilidad y generación de empleos dignos de un tejido que representa el 99.6 % de las empresas del país”.
“La tarifa diferencial de renta, es un mecanismo para disminuir la desigualdad empresarial y se ajusta a la capacidad de pago de este segmento, el cual se encuentra en proceso de recuperación de las consecuencias generadas por la pandemia, una alta inflación y escasez de bienes, servicios e insumos. Desde nuestro Gremio consideramos que, la renta diferencial se ajusta a las propuestas esbozadas por el doctor Gustavo Petro durante su campaña y en su discurso de posesión”, agregaron.
No obstante, recordaron que aún queda un debate y que algunas de sus propuestas pueden ser incluidas, pensando siempre en el fortalecimiento de uno de los sectores que más genera empleo en todo el país, el cual necesita una mano para hacer frente a los grandes retos que se vienen en materia económica para el país, especialmente ante la amenaza de una recesión y desaceleración.