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Millonaria multa a Claro por publicidad engañosa en campaña de Internet fijo
La SuperIndustria estableció que Claro estaba condicionando el acceso de las tarifas sociales a la suscripción de contratos empaquetados.
La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Comunicación Celular -Comcel- (Claro) con una multa de 2.463 millones de pesos, luego de que comprobara que la empresa incurrió en publicidad engañosa.
De acuerdo con la SuperIndustria, Claro indujo en error, engaño y/o confusión a los usuarios al difundir información incompleta e inexacta sobre las condiciones de acceso al servicio de Internet fijo con tarifa social.
En efecto, la Superintendencia pudo establecer que el operador Claro no cumplía con la obligación de divulgar la información de la oferta, como:
- Estaba dirigida a ciudadanos de estratos 1 y 2 y a beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, quienes con los pensionados de la fuerza pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de las Fuerzas Militares o Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón del servicio, por acción directa del enemigo o en combate.
- Solamente estaba dirigida a usuarios nuevos, es decir, que el titular y los miembros de su núcleo familiar no hubieran contado con servicio de internet fijo dentro de los seis meses anteriores.
- Las tarifas fijas del servicio de internet fijo correspondían a 8.613 pesos para el estrato 1 y 19.074 pesos para los usuarios de estrato 2.
La SuperIndustria aseguró que, con la omisión de la información, se indujo en error a la ciudadanía, pues no difundió información esencial y determinante para que los usuarios contaran con los elementos de juicio suficientes para tomar una decisión de consumo razonable.
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De otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, a partir del análisis de las evidencias, pudo establecer que Claro estaba condicionando el acceso de las tarifas sociales a la suscripción de contratos empaquetados.
Esta circunstancia terminaba por “confundir a los potenciales beneficiarios del servicio de internet fijo con tarifas sociales, pues al no ofrecerlo de manera individual -tal cual lo garantizan los contratos de aporte firmados entre el MinTIC y Claro- se indujo en error, engaño y/o confusión a los ciudadanos que pretendían adquirir este servicio en las condiciones ya planteadas”.
La Superintendencia de Industria y Comercio aseguró que contra la decisión de imponer una multa por 2.463 millones de pesos a Claro proceden los recursos de reposición y de apelación por parte de la compañía.
Superintendencia de Sociedades impone multa a fundador de Justo & Bueno
La Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Billy Escobar Pérez, le impuso una multa de $100 millones a Michel Olmi Bustos, fundador de Justo & Bueno, quien figura como director, presidente y/o representante legal de Reve Group, Inc.
La SuperSociedades aseguró que, en reiteradas oportunidades, le solicitó al señor Michel Olmi Bustos una certificación de la evolución de la composición del capital de la sociedad extranjera, el nombre de sus controlantes y beneficiarios finales, una certificación de las inversiones que posee o ha poseído la misma en compañías constituidas en Colombia, directa o indirectamente y copia del contrato de acuerdo de accionistas o cualquier otra denominación, que contenga directrices sobre la adopción de las decisiones por parte del máximo órgano social de Reve Group, Inc.
Sin embargo, según la SuperSociedades, Michel Olmi Bustos no atendió ninguno de los requerimientos efectuados de manera reiterada por la Superintendencia, hecho que “constituye un grave obstáculo para el desarrollo de la investigación administrativa, tendiente a determinar la configuración de situaciones de control o de grupo empresarial que vinculan a BBI Colombia S.A.S., BBI Colombia Brands S.A.S., Cafés de Origen Especial S.A.S. y Mercadería S.A.S. (liquidación judicial), entre otras”.
La Superintendencia recordó que, tratándose de Mercadería S.A.S. en liquidación judicial, en la audiencia pública del 12 de mayo de 2022, se puso de presente la crítica situación económica de la sociedad. De acuerdo con lo señalado por los acreedores y lo manifestado por el promotor, existen obligaciones impagas por 135.000 millones de pesos, de los cuales la deudora no ha acreditado una fórmula efectiva para su pago.
