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Mipymes tendrán facilidades para poder contratar con el Estado, ¿cuáles son?
El Gobierno estableció una serie de cambios que permitirán que las micro y pequeñas empresas, tengan mayores oportunidades para acceder al sistema de compras pública.
El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), emitió el Decreto 0142 de 2023 que promueve el acceso al sistema de compras públicas para las MiPymes, cooperativas y demás entidades de la economía solidaria.
El acto administrativo, que emana de la Ley de Emprendimiento o Ley 2069 de 2020, establece una serie de cambios que permitirán que en los procesos de contratación con el Estado, además de ser inclusivos y transparentes, fomenten el acceso y participación de todos los actores de la economía popular en el país.
Stalin Ballesteros, director de Colombia Compra Eficiente (CCE), manifestó que “la idea es que las entidades públicas desde el primer momento de su compra dividan sus procesos por segmentos a fin reducir los requisitos y promover la participación de la MiPymes”.
“Además de esto, se creará un catálogo inclusivo que tendrá como finalidad la adquisición de bienes y servicios con características técnicas uniformes y no uniformes, que puedan ser provistos por asociaciones de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos pertenezcan a la agricultura campesina, familiar y comunitaria”, apuntó.
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El decreto también incorpora criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación de las entidades estatales, al igual que incluye el emprendimiento comunal y dicta otras disposiciones que están encaminadas a eliminar las barreras de acceso que en el pasado no permitían a las micro y pequeñas empresas colombianas, y demás iniciativas productivas, hacer parte del sistema de compras públicas.
Así las cosas, estos son los cinco principales cambios de esta nueva normativa que está orientada a democratizar la contratación pública en Colombia:
1. Habilita a las entidades públicas para que incorporen criterios sociales y ambientales en los procesos de selección. Mediante la inclusión de estos criterios en los procesos de selección, se orienta el comportamiento de los agentes económicos para favorecer el cumplimiento de objetivos no comerciales, que permitan desarrollar una economía basada en el uso sostenible de los recursos naturales e implementar mejores estándares productivos, ambientales y sociales.
2. Fomento de la participación de las MiPymes en el mercado de compra pública. Propende porque las entidades públicas dividan sus procesos de contratación por segmentos, con el fin de promover la participación de las MiPymes en dichos procesos.
Además, habilita a las entidades públicas para que incluyan en los pliegos de condiciones mecanismos y reglas que limiten el número de segmentos a ser adjudicados, a un mismo oferente con el propósito de democratizar la compra pública.
En cuanto a los segmentos definidos, estos pueden limitarse para que participen exclusivamente MiPymes, de forma que estas sean adjudicatarias de los contratos que celebren con el Estado.
3. Celebración de los Convenios Solidarios con actores de la Economía Popular. Se incorpora un nuevo título al Decreto 1082 de 2015, a través del cual se adoptan medidas que facilitan la suscripción de convenios solidarios con los organismos de acción comunal.
4. Implementar mecanismos para la superación de barreras de acceso al sistema de compras públicas para promover la participación de actores de la economía popular. Se crean las ferias de negocios inclusivas como instancia no obligatoria de consulta al mercado, para identificar barreras de acceso en los procesos de contratación por parte de los actores de la economía popular.
5. Diseño de instrumentos por parte de Colombia Compra Eficiente que garanticen la participación de actores de la economía popular en el sistema de compras pública. Establece la posibilidad de que CCE desarrolle instrumentos de agregación de demanda dirigidos a los actores de la economía popular con el fin de eliminar la intermediación y los costos indirectos en las adquisiciones que realicen las entidades públicas.