SIC multa a Credivalores por reportar ilegalmente a sus clientes a centrales de riesgo

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este jueves -21 de julio- la imposición de una millonaria multa a la empresa Credivalores S.A. por incurrir en violaciones a las normas que hay actualmente en el país para proteger los datos e información personal de sus clientes y presuntos actos de negligencia ante las centrales de riesgo.

Así las cosas, esta firma crediticia deberá pagar una sanción superior a los ochocientos millones de pesos, tras comprobarse que, de manera sistemática, desatendió los requerimientos efectuados por esa autoridad, relacionados con quejas ciudadanas asociadas al Habeas Data financiero.

De igual forma, según la superintendencia, desconoció las órdenes impartidas en 20 actuaciones administrativas relacionadas con reportes ilegales efectuados por la compañía ante centrales de riesgo.

“La decisión tuvo origen en una investigación iniciada de oficio al identificar que la sancionada omitió, de manera reiterada, atender 46 requerimientos efectuados por la entidad y 20 órdenes administrativas de eliminación y/o actualización de reportes de ciudadanos ante las centrales de riesgo”, dijo esta entidad.

La Superindustria añadió que, en más de 30 oportunidades Credivalores infringió el régimen de protección de datos, por lo que se analizará desde la Delegatura de Protección al Consumidor y de Protección a la Libre Competencia, si hay mérito para hacer un traslado del expediente y analizar potenciales violaciones a esos regímenes jurídicos.

“Esta entidad exhorta a las empresas en general, en especial aquellas que hacen tratamiento de datos personales en el sector financiero tradicional o residual, para que adopten medidas para la no reincidencia en estas conductas, generando así confianza entre sus clientes y evitando sanciones por parte de esta autoridad”, agregó mediante un comunicado.

Cabe recordar que hace menos de un mes, Credivalores, la compañía financiera no bancaria de créditos de libranza y consumo en el país, anunció que recientemente realizó la emisión del segundo lote de bonos ordinarios con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías (en adelante el FNG) en el Segundo Mercado, a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

Los bonos emitidos por Credivalores recibieron, en ese momento, demandas por 43.040 millones de pesos, los cuales fueron adjudicados en su totalidad bajo la serie A, a tres años y una tasa del 15 % efectivo anual. Este segundo lote se sumó al ya colocado en agosto de 2021 por Credivalores, por un monto de 52.900 mil millones de pesos, con lo cual la entidad ha logrado emitir 95.940 millones de pesos en el mercado de valores colombiano.

Esta es la trampa con la que 4 empresas lecheras estarían engañando a sus clientes

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció el pasado domingo (17 de julio) la apertura de investigaciones, en trabajo conjunto con el Invima, contra cuatro empresas en el país por presunta comercialización de leche adulterada y vulneración de la libre competencia y los derechos de los consumidores.

Se trata de las compañías Gloria Colombia S. A. S., Lactalis Colombia Ltda. (Parmalat), Sabanalac S. A. y Compañía Procesadora y Distribuidora de Lácteos Ltda. (Hacienda San Mateo), las cuales fueron requeridas en medio del proceso para determinar si habrían realizado presuntos actos de competencia desleal de engaño y violación de normas.

Según la Superindustria, los investigados presuntamente adicionaron lactosuero a la leche entera higienizada UAT, con el fin de rendirla, pese a que con esto alteraban su composición original y se dejaba de vender el producto que como tal se estaba ofertando.

“La investigación se inició luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio recibiera varias denuncias –algunas de ellas anónimas– por la adición de lactosuero a la leche entera higienizada UAT, comercializada por varias empresas productoras y comercializadoras del producto”, agregó este ente de control.

En medio de lo que se ha conocido hasta el momento, las cuatro empresas requeridas vienen realizando esta práctica irregular desde el año 2020, de forma sistematizada e ignorando los reglamentos vigentes por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (Invima), que establecen que esto está prohibido.