Numerosas empresas del país aún están curando las cicatrices de la pandemia

El ‘cataclismo’ que provocó la pandemia, poniendo a prueba la resiliencia empresarial, la solidez de la economía y el apoyo de las instituciones, se sintió aún en 2022 con las 387 solicitudes de liquidación de compañías, 117 más que en 2021.

Así lo registra Christian Pérez, socio de Lloreda Camacho, quien, basado en el Atlas de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, señala que “tras la pandemia, el panorama no ha sido el más alentador, con menos reorganizaciones y más liquidaciones judiciales o, dicho de otro modo, menos empresas en proceso de salvamento frente a las que entran en cese de operaciones”.

Para Nadia Sánchez, asociada también de Lloreda Camacho, además de las solicitudes de reorganización o liquidación, la pandemia ha dejado grandes aprendizajes a las sociedades que las llevaron a reinventarse, como el incremento en el uso de mecanismos virtuales y el manejo de documentos digitales para la gobernanza corporativa, que la hace más sencilla.

“Este es el caso de la reforma traída por el Decreto 398 de 2020, el cual modificó las reglas para la toma de decisiones por medios diferentes a la reunión presencial. Así mismo, se generalizó el uso de mecanismos digitales para el ejercicio del derecho de inspección, lo que permite no solo un proceso más sencillo para la administración y los accionistas, sino que garantiza transparencia y facilidad para el acceso a la información”, agregó Sánchez.

A esto, complementa Christian Pérez, se le suma el Decreto 560 de 2020, el cual fue expedido por el Congreso en diciembre de 2022 para adoptar medidas especiales en materia de insolvencia durante la pandemia, que en su momento abrió la puerta a unos procesos más ágiles que los de la Ley 1116. “Por ende, hoy hay dos tipos de procesos de reorganización: el de la Ley 1116 y el de negociación de emergencia del Decreto 560”.

Marcela González Bernal, socia de Parra González, señala que la pandemia transformó la gestión del personal “por las nuevas modalidades de contratación en materia de teletrabajo y los modelos de contratos en todas las áreas, como en nuevas tecnologías e inteligencia artificial”.

Para esta abogada, la resistencia al cambio de algunas sociedades las llevó a crisis económicas y a procesos de reorganización.

Dentro de las herencias que dejó la pandemia, Andrés Ordóñez, socio de Garrigues, señala el aumento del endeudamiento y las inversiones en bioseguridad. Así mismo, impactos macroeconómicos por las medidas tomadas “como el aumento de las tasas de interés y la inflación que, por supuesto, han traído un efecto financiero negativo en las empresas y que a hoy se mantiene en algunas industrias”.

Gran agitación

“No se sentía tanta agitación en el ambiente desde la época en que Julio Mario Santo Domingo obtuvo mayorías en Bavaria, a voto limpio, con estrategias calcadas de los famosos proxy fights (lucha por poderes) estadounidenses”, señala José Miguel Mendoza, socio de DLA Piper Martínez Beltrán.

Se refiere a las últimas movidas más sonadas ante la Superintendencia. Destaca el fallido intento de toma de control en Monómeros Colombo Venezolanos y la reciente pugna por el Grupo Empresarial Antioqueño. “A juzgar por algunas señales, esta nueva ola de tomas de control apenas comienza”.

Para Andrés Ordóñez, socio de Garrigues, la crisis de las aerolíneas está dentro de los casos más sonados, en particular la liquidación de Viva y de Ultra Air. “Otros procesos importantes que han iniciado son la reorganización de Este es mi Bus, operador del SITP, y los Patrimonios Autónomos del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Adicionalmente, están pendientes por resolver procesos de liquidación representativos como los de La 14, Justo y Bueno y el Concesionario Ruta del Sol II”.

Para Christian Pérez, socio de Lloreda Camacho, este año la movida continúa en el sector de la comercialización de alimentos: OMA y Presto entraron nuevamente a reorganización empresarial. “Esperamos el resultado de estos procesos, que buscan el salvamento y continuidad de estas empresas”.

A Marcela González Bernal, socia de Parra González, le preocupa el aumento de los procesos de reorganización en la construcción, “un sector sensible con gran impacto en la economía, cuya crisis se ha agudizado por la falta de una política gubernamental de vivienda”.

El reto de los abogados

Según las agencias calificadoras del sector legal, el país cuenta ya con 145 prácticas especializadas en conflictos societarios, “un número que no deja de sorprender si se tiene en cuenta que esa categoría ni siquiera existía en 2018”.

Así lo señala José Miguel Mendoza, socio de DLA Piper Martínez Beltrán, para quien la industria legal colombiana enfrenta importantes retos “ante este apetito renovado por las tomas de control. Las firmas de abogados ya dieron un paso determinante al reconocer el rol protagónico que deberán asumir en esta coyuntura. Ahora viene la parte difícil. Después de un larguísimo letargo en el mercado de tomas de control, nuestra industria legal perdió la destreza que alguna vez tuvo en estas lides. Las firmas que pretendan competir en este nicho deben aplicarse con seriedad a la tarea de recuperar la experiencia perdida”, agregó.

Nadia Sánchez, asociada de Lloreda Camacho, considera que entre los retos de los abogados dedicados a esta rama del derecho mercantil está el de facilitar el tránsito del empresario por los procesos de insolvencia.

En segunda instancia, han visto un cambio de paradigma. “La pandemia facilitó que la atención del consumidor y el entorno empresarial, en general, se volcara hacia la responsabilidad del empresario. Esto ha causado que las empresas se interesen por el cumplimiento de estándares en temas como la mitigación del cambio climático o el uso responsable de los datos”.

Para Andrés Ordóñez, socio de Garrigues, el reto de los abogados es buscar alternativas rápidas y más eficientes frente a las que se utilizan en el tradicional proceso de insolvencia, “podría ser promover los acuerdos directos entre acreedores y deudores o ventas de empresas en crisis (distressed M&A) sin necesidad de la intervención del juez de insolvencia. Para que esto funcione necesitaríamos más dinamismo e interés de fondos de deuda o compra de compañías, especializados en empresas en crisis”.

Agrega que mientras se mantenga en vigencia el Decreto 560 de 2020, es importante aprovechar la disponibilidad de los procesos recuperatorios ante las Cámaras de Comercio, “como una herramienta ágil y eficaz para la resolución de las crisis y así tratar de evitar largos procesos de reorganización”.