Elecciones Perú 2021: ¿Por qué empresarios colombianos están en alerta si gana la izquierda de Castillo en las presidenciales?

Pegados a los medios de comunicación de Perú. Así están muchos empresarios colombianos que manejan o tienen operación en ese país y que ven con cierta preocupación la victoria en las elecciones generales del candidato de izquierda, Pedro Castillo.

Aunque todavía no terminan los conteos, con el 96 % de los votos contabilizados, el candidato Castillo aventaja (mediodía del martes 8 de junio) a la candidata Keiko Fujimori con cerca de 70.000 votos, apenas 0,2 puntos porcentuales. El más reciente reporte da un 50,2 % de los votos para Castillo, frente a 49,8 para Fujimori.

Al mediodía de este martes 8 de junio faltaba por escrutar una parte de los votos de peruanos en el extranjero, que favorecen a Fujimori y votaciones en regiones apartadas, que pueden consolidar a Castillo.

La incertidumbre se tomó los mercados. La Bolsa de Valores de Lima retrocedió 7 % este lunes, lo que obligó a una suspensión temporal de las operaciones, mientras que en el mercado cambiario el sol sigue a la baja frente al dólar.

Empresas colombianas como ISA, GEB, Promigás, Terranum, Estelar, Ecopetrol, Sura, entre otras, llevan años invirtiendo en ese país y tienen millonarias inversiones en contratos de obra pública y concesión.

También hay operadores colombianos en el sistema integrado de transporte masivo de Lima, en construcción de infraestructura vial y en el sector de alimentos, como el caso de Nutresa y Alpina.

Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) fue una de las primeras en ingresar. Actualmente es el mayor transportador de energía de Perú por medio del consocio Transmantaro, de ISA Perú y Red de Energía de Perú.

El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) también es fuerte en ese país. Junto con ISA opera más del 60 % del sistema de transmisión eléctrica peruano. Además, es líder en el transporte y distribución de gas, a través de las compañías Contugás, Calidda, Transportadora de Gas del Perú y Compañía Operadora de Gas del Amazonas.

Ecopetrol es otra de las grandes empresas colombianas en Perú. Desde hace años maneja varios bloques exploratorios a través de su filial Ecopetrol Perú, en asocio con la compañía Talisman.

Se calcula que hay unas 300 empresas colombianas con algún tipo de representación, operación o actividad en ese país.

En general, todas las empresas privadas tienen cierto nivel de preocupación. El equipo de Castillo anunció la necesidad de fomentar el turismo, pero a la vez habla de la creación de una aerolínea estatal.

Habrá que ver qué de todo esto se queda en anuncio de campaña y qué en política de estado y realidad.

¿Qué les preocupa?

El candidato Pedro Castillo dijo durante la campaña que en caso de llegar a la Presidencia de Perú iniciaría un agresivo proceso de nacionalización de los contratos y concesiones petroleras y de cobre. También habló de la expulsión de los ciudadanos venezolanos que estuvieran en situación irregular y de una política de protección nacional frente a las importaciones. Sin embargo, todas las empresas extranjeras están en alerta máxima.

Fuera de micrófonos, uno de los principales directivos de una multinacional colombiana con presencia en Perú indicó a DINERO que la eventual llegada de Pedro Castillo a la Presidencia de Perú constituye “una clara amenaza para las inversiones. Va a seguir la misma línea de Evo (Morales) y si a esto le sumamos la nueva Constitución en Chile, son todas señales tóxicas para la región”, aseguró el directivo.

A diferencia de Hugo Chávez, gestor del cambio político y económico apalancado en petróleo, Pedro Castillo acudiría a los enormes depósitos de cobre que tiene Perú. Ese país también produce oro, zinc, plata, hierro, cadmio y bismuto, entre otros. En cobre produce unas 2 millones de toneladas por año, lo que lo convierte en el segundo productor mundial.

La minería representa el 60 % de las exportaciones del país. Cada año ese país recibe cerca de 30.000 millones de dólares en este tipo de ventas externas.

Compañías como BHP y Glencore, que integran algunos de los consorcios exportadores de cobre en ese país, serían las primeras en la mira de Castillo.

El peor de los escenarios es que se repita el caso de Hugo Chávez y su cadena de expropiaciones de empresas extranjeras, muchas de las cuales no recibieron un centavo luego de las tomas forzosas.

Sin embargo, es necesario esperar la confirmación de la victoria de Castillo, pero, sobre todo, verificar el espacio político que tendrá para tomar este tipo de decisiones.

No será fácil

El caso de Venezuela evidencia que la estatización de empresas casi nunca es buen negocio para los países.

No solo se trata de retomar el control de las compañías u operaciones extractivas. Es necesario invertir miles de millones de dólares y tecnología de punta para garantizar la operación y explotación eficiente y rentable.

Perú necesita unos 9.800 millones de dólares para sacar adelante varios proyectos mineros, especialmente de cobre. Solo la operación de la mina de Quellaveco, ubicada al sur del país y considerada la quinta mina de cobre más grande del mundo, requiere inversiones por 5.300 millones de dólares.

La compañía que realiza esta inversión, Anglo American (la misma con operación en El Cerrejón) planea terminar las obras de la mina en 2022.

Otra de las dificultades que tendría Castillo para sacar adelante su plan de nacionalizaciones es el Congreso de la República, de mayoría opositora. Castillo indicó que está dispuesto a cerrar el Congreso, de ser necesario. Sin embargo, este camino le reduciría las opciones para terminar el mandato, tal y como ha sucedido con otros mandatarios.

Las empresas colombianas que desembarcaron en Perú hace años se fueron para aprovechar el crecimiento de esa economía, y necesitadas de expandir su operación, varias compañías nacionales le apostaron a ese país y el balance ha sido muy positivo, hasta ahora.

Si finalmente gana Castillo, los próximos meses serán claves y determinantes para descifrar las reales posibilidades de sacar adelante un programa de nacionalizaciones o cambios en la Constitución que reorienten por completo el enfoque de la economía.