Por revisión del POT, hoy solo 1,48% de los bares de Bogotá opera con autorización

La suspensión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, tramitado por la alcaldesa mayor Claudia López, revivió el decreto 190 de 2004, el cual complica la situación normativa de los establecimientos que tienen como actividad principal el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en sitio.

Así lo asegura el último documento de revision del POT 2004, realizado en 2018, debido a que la ciudad regresa a una norma restrictiva y desactualizada en materia de usos y ocupaciones del suelo.

El mencionado decreto corresponde al POT, que estuvo vigente entre junio de 2004 y diciembre de 2021, cinco años más de lo indicado por la ley. En él están contenidas las normas urbanas de hace 18 años, lo que termina siendo un atraso normativo de gran magnitud.

Bajo dicha norma, de los más de 28.000 establecimientos denominados como bar en Bogotá, solo pudieron ser ubicados cerca de 11.000, es decir, se pudo verificar que existen y la dirección en la que efectivamente operan. Sin embargo, de este último grupo, únicamente 163 tienen licencia vigente para ofrecer sus servicios. Es decir, apenas el 1,48% del total.

Diego Laserna, concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, indica que “el POT de 2004 y lo que se planteó en la segunda administración Peñalosa, tal y como lo indica Asobares, fue una regulación totalmente impráctica para la ciudad”.

Señaló que la norma es tan estricta y distante de la realidad local que son muy pocos los establecimientos como bares, discotecas y moteles que pueden operar de manera legal en la ciudad.

Este decreto, que retomó vigencia desde el 16 de junio de este año tras la suspensión temporal de los términos del nuevo POT, plantea una situación que desconoce la consolidación histórica de zonas rosas como las de Modelia y el Restrepo, y las margina casi completamente a la ilegalidad.

Este choque entre los últimos planes de ordenamiento locales ha tenido fuertes impactos en el crecimiento urbano, especialmente en lo que concierne a usos comerciales e industriales, como los bares.

Camilo Ospina, presidente de Asobares, afirma que esta situación es un gran revés para todos. “Lo peor que le puede pasar a una ciudad es seguir desarrollando un modelo monofuncional, eso es del pasado”, dice, refiriéndose al retorno del POT aprobado en Bogotá hace 18 años.

Esto ha dejado a la deriva los procesos adelantados con la administración López, pues en el decreto del 2004 y la propuesta del alcalde anterior incluso se plantea la posibilidad de mover bares de unas zonas a otras para cumplir con la norma.

Entretanto, el POT de 2021 proponía la reglamentación de muchos de estos establecimientos, por medio de categorías que dependen de características como el área en metros cuadrados, la proximidad a zonas residenciales, las actividades comerciales cercanas, etc. Este modelo permitía la formalización de muchos de estos espacios por toda la ciudad, reconociendo los aportes sociales y económicos que estos tienen para la misma.

Entonces, si ya se actualizó la norma urbana y se han adelantado distintos procesos que comprometen a la Alcaldía de Bogotá y al gremio de los bares, ¿por qué siguen funcionando bajo la sombra de la ilegalidad?

De acuerdo con Laserna, el principal problema es la falta de recursos de las alcaldías locales para ejercer el control de estas normas urbanas, algo que afecta a toda la ciudad. Además, se debe tener en cuenta que, al ser suspendido el POT de 2021, la normativa que actualmente rige a la ciudad en temas de ordenamiento territorial es la del 2004, aquella que es excesivamente restrictiva y que, en palabras del concejal, “pretendía que en ningún sitio de Bogotá hubiera bares”.

Antes de la emergencia sanitaria de 2020, los bares y discotecas dejaban un aporte de más de 3 billones de pesos anuales a la nación, lo que es equivalente a la cantidad de dinero que Bogotá dispone en 2022 para sus gastos administrativos (3,44 billones), y que es el 12,1% de todo el presupuesto distrital.

Por sus restricciones presupuestales, las alcaldías locales son incapaces de ejercer un control real sobre la norma urbana que cobija a sus territorios, por lo que la veeduría sobre el cumplimiento de estas normas queda relegada a la Policía Metropolitana de Bogotá. Esta entidad tampoco cuenta con los recursos financieros ni humanos suficientes para ejercer ese control por toda la ciudad.

“Podemos tener una gran cantidad de normas y no importa qué tan flexibles o estrictas terminen siendo, si no hay una manera en la que podamos hacerlas cumplir, todo esfuerzo normativo se va a la nada”, dice el concejal Laserna con respecto a la disfunción de la norma que rige actualmente.