Economía
¡Primicia! Estos son los detalles de los acuerdos logrados entre Gobierno y transportadores
En diálogo con DINERO, la ministra de Transporte explicó pormenores de las tensas negociaciones que se adelantaron con algunos representantes de los gremios. Estos son los acuerdos.
Aunque en algunas zonas del país se siguen reportando cierres y bloqueos viales derivados del paro nacional, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, contó detalles sobre las negociaciones que terminaron el pasado 25 de mayo con los gremios de los transportadores.
El resultado de 3 semanas de intensas deliberaciones es un documento de 29 puntos o acuerdos con la particularidad de que algunos gremios que participaron en las mesas decidieron no firmar el texto final.
Acuerdo 25 de Mayo by Juan Pablo Cortes Auzero on Scribd
Las negociaciones con el Gobierno incluyeron a las asociaciones de volqueteros y durante las deliberaciones también participaron gremios que no estaban en paro, así como transportadores de carga pesada (tractomulas). Consulte acá el acuerdo de 29 puntos.
¿Qué pedían los transportadores?
El listado era amplio y muy ambicioso. Los bloqueos que estrangularon el país desde inicios de mayo les dieron a algunos gremios la fuerza suficiente como para pedir una rebaja de 2.000 pesos en el galón de gasolina, la eliminación de los nuevos peajes de 4G y 5G, modificaciones al Código de Tránsito y a otras leyes relacionadas con el sector, y hasta volver a establecer el viejo plan de chatarrización que implica entregar un carro viejo para destrucción con el fin de permitir el ingreso de un vehículo nuevo al mercado.
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Este último punto es tan sensible para los intereses del país que, de ser aprobado, habría puesto en riesgo las exportaciones a Estados Unidos, país con el que Colombia tiene firmado un Tratado de Libre Comercio desde mayo de 2012.
“El TLC suscrito con ese país estableció la eliminación de ese esquema de chatarrización (política de chatarrización conocida como 1 por 1). Es por eso que tal petición podría poner en riesgo el comercio exterior del país”, advirtió la ministra a este medio.
En ese ambiente iniciaron los diálogos presenciales y virtuales en las primeras semanas de mayo pasado. En algunos momentos de estas negociaciones proliferaron más los insultos, los gritos y las arengas que los diálogos constructivos.
Sin embargo, conforme avanzaban los días los acuerdos se fueron consolidando y afinando con soluciones más prácticas y, sobre todo, viables.
Los acuerdos
Uno de los puntos de encuentro entre las partes es que los transportadores de carga liviana han estado en franca desventaja frente a los conductores y las empresas de tractomulas.
Estos vehículos de carga son los que suelen distribuir mercancías y paquetes en barrios y calles de las ciudades. También realizan viajes intermunicipales, pero se les reconoce más en el sector por hacer ‘urbaneo’, o lo que se conoce como entrega de bienes en última milla.
Sin embargo, el 30 % del total de vehículos de carga, es decir, las tractomulas de tres o más ejes, movilizan el 85 % del total de la carga en el país.
Por eso hay gremios que atienden las necesidades de los dueños de las tractomulas y gremios que velan por los intereses de los propietarios de camiones livianos. Este último paro tuvo como epicentro a estos últimos.
Los transportadores pedían al Gobierno nacional una política de chatarrización para estos vehículos, pues nunca habían sido tenidos en cuenta.
El acuerdo final que se conoce hoy establece la elaboración de un estudio que estaría listo en octubre próximo y que busca definir una política nacional de sustitución de los vehículos livianos. “Una vez tenga ese estudio, iremos al Congreso de la República para la discusión de un proyecto de ley sobre el asunto”, anticipó Orozco.
Estos transportadores también exigían extender la Resolución número 2498 de julio de 2018, la cual establece la posibilidad de llevar más peso en estos vehículos frente a lo reportado en las fichas técnicas de los ensambladores.
“Estuvimos revisando con detenimiento ese tema con nuestro equipo y nos dimos cuenta que no existe incremento en la accidentalidad derivado de esa resolución expedida por el gobierno pasado”, dijo la funcionaria.
El otro asunto crucial era la queja por el cobro excesivo de peajes y la instalación de nuevas casetas para financiar más proyectos. Orozco descartó por completo que se pueda comprometer con la eliminación de casetas de peaje establecidas en las vías 4G o 5G, estas últimas en licitación este año.
La funcionaria explicó que el acuerdo logrado prevé el estudio de un esquema de tarifas diferenciales en los peajes.
Eso sí, dejó claro que no puede aprobar un beneficio o descuento para un sector específico, como el de los transportadores. “Vamos a revisar caso por caso y proyecto por proyecto. Cualquier descuento en la tarifa de peaje debe ser acordado con el concesionario”, aseguró.
En los contratos de concesión, este riesgo (de menores tarifas a comunidades adyacentes a los proyectos) es asumido por el Estado, así que el Ministerio de Hacienda tendría que entrar a revisar también esos acuerdos.
En los peajes donde se han visto incrementos de 300 % de un día para otro, la ministra explicó que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, adelanta con algunos concesionarios las respectivas negociaciones para diferir durante varios años estos ajustes que a todas luces son desbordados y no consultan la realidad de los transportadores y de un país en crisis económica.
También quedó en los acuerdos que los peajes seguirán siendo un mecanismo eficiente de financiación de infraestructura vial. Según la ministra, el 83 % de las concesiones tienen algún peaje con tarifa diferencial.
El Ejecutivo se comprometió a crear “insumos técnicos” que permitan definir una política de peajes a futuro.
Otra buena noticia es que en la quinta generación de concesiones de transporte (5G) solo un proyecto incorporará un peaje nuevo, específicamente será en la ALO Sur, contrato cuyo concesionario se definirá entre junio y julio próximos. El resto de proyectos de esta generación no prevé la instalación de nuevas casetas de peaje.
El Gobierno explicó que el costo de eliminar los peajes solicitados inicialmente por algunos gremios del sector de transporte significaría un esfuerzo fiscal de 10 billones de pesos, algo impensable en la actual coyuntura.
Ese sistema se denomina Sice-tac y fue el que sustituyó a la famosa tabla de fletes, florero de Llorente de todos los paros de la primera y segunda décadas del siglo XXI.
El Sice-tac define unas tarifas mínimas en función del peso de las mercancías y el recorrido de cada servicio. El problema era que tanto empresas que generaban la carga, como algunas transportadoras, incumplían con ese piso tarifario.
Ante ese dumping en el servicio de transporte, la Superintendencia de Transporte adelanta desde hace unos 6 meses cerca de 80 investigaciones, 50 a empresas que generan carga (empresas productoras de bienes) y a unas 30 empresas de carga.
La ministra reconoció que se presentan “abusos por parte de algunos empresarios”, pero pidió paciencia mientras se resuelven las investigaciones que podrían desencadenar en millonarias multas.
El talón de Aquiles
Los paros suelen tener dos problemas de fondo. El primero es que los que reclaman los cambios siempre alegan tiempo después el incumplimiento de lo aprobado y lo suscrito, lo que abona el terreno para nuevas movilizaciones sociales; los platos rotos los terminan pagando el ciudadano y el país.
El otro problema es que no hay representatividad completa en los gremios o líderes que negocian con el Gobierno.
El acuerdo de 29 puntos fue firmado por algunos gremios presentes en las mesas de deliberaciones, otros se abstuvieron.
Asimismo, algunos transportadores pueden sentirse no representados e incluso plantear que quieren bloquear durante el puente festivo una vía buscando que la ministra vuelva a abrir los canales de diálogo.
En ese sentido, la funcionaria fue enfática al explicar que “la negociación ya terminó” y que no dialogará con los transportadores que escojan el bloqueo como estrategia de presión. Habrá Esmad.
Al Gobierno actual le restan 14 meses, tiempo en el que debe fluir el consenso y el respeto por lo acordado, de lo contrario se estará abonando el terreno para un nuevo paro con el agravante de una pérdida de confianza entre las partes y las consecuencias económicas desastrosas para un país que quiere despegar.
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