¿Qué viene para EPM después del pronunciamiento de las superintendencias?

EPM (Empresas Públicas de Medellín) tuvo un fin de semana de ataque. Luego de que se diera a conocer que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se retiraría del financiamiento del proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), ante un posible cambio de contratista, y que de inmediato haría efectivo el cobro de la deuda, las superintendencias Financiera y de Servicios Públicos activaron las antenas.

Las dos entidades requirieron a EPM por el impacto que esta situación podría generar en la empresa y en Colombia, país que tiene cifradas sus esperanzas en la energía que producirá la hidroeléctrica.

La preocupación radica en que, si se llega a dar el cambio en los contratistas que tienen a su cargo la obra, se presentarían nuevos retrasos que impedirían la entrada en operación –el año entrante– de la central eléctrica. El contrato del consorcio está vigente hasta diciembre de 2021 y los constructores ya le pidieron al gerente de EPM tomar una decisión sobre la continuidad o no en el proceso del megaproyecto para la generación del 17 % de la energía que requiere el país.

El futuro de Hidroituango es un tema que trasnocha a más de uno. Los riesgos que pueden sobrevenir, si la obra sigue enredada, podrían ser catastróficos. El retraso –un posible cambio de contratistas podría extender el cronograma en unos 18 meses, según cálculos preliminares– llevaría a múltiples dificultades. Por un lado, de no producirse energía en los tiempos previstos en el proyecto en curso, traería un inminente peligro sobre las comunidades aguas abajo, pues el vertedero que hoy se utiliza no está hecho para largos tiempos.

Pero también está la amenaza de un apagón y de un golpe al bolsillo de los colombianos, por la vía de un aumento en las tarifas de energía. Esto, sin contar los efectos financieros para EPM.

Peticiones puntuales de las superintendencias

Las dos entidades de control, una en el ámbito de la prestación de los servicios públicos y otra en el de las finanzas, solicitaron a EPM información acerca de las estrategias que aplicarán para que se mitiguen posibles riesgos relacionados con la liquidez, si se llegara a presentar el retiro del BID. También preguntaron sobre el riesgo en el crédito general del proyecto.

Por ejemplo, las superintendencias quieren conocer los efectos jurídicos y contables en caso de que se materialice la cesión de los contratos. De igual manera, indagan por los efectos financieros sobre flujo de caja y riesgo de liquidez, al igual que los efectos sobre los contratos de crédito con instituciones financieras”.

En los oficios tramitados de manera independiente, las entidades exigieron detalles que permitan hacer más claro el riesgo de ejecución de la obra, entre otras.

Lo que dijo EPM a Superfinanciera

EPM respondió los requerimientos de la Superfinanciera, en donde destacó que la cesión contractual es una institución corriente dentro de la contratación pública y privada que permite que las partes del contrato puedan sustituirse por terceros que continúen la ejecución de sus obligaciones y que la cesión no tiene objeciones jurídicas ni reparos contables.

Destacó que cuenta con niveles actuales “saludables” y un nivel consolidado de caja, y equivalentes de efectivo de alrededor de 4,6 billones de pesos. Y agregó que el contrato de crédito “no incluye obligaciones por parte de EPM de mantener o no una(s) firma(s) contratista(s) especifica(s)” y que de las acciones que se desarrollan con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades de construcción del proyecto no se desprenderán efectos contractuales negativos para la empresa en este contrato de crédito.

Pero, ¿qué hay detrás de estas acciones?

Sin embargo, más allá de las exigencias y requerimientos de estas entidades de vigilancia, la pregunta es qué hay detrás de estas acciones.

Diversas fuentes consultadas por SEMANA, que solicitaron permanecer en el anonimato, coincidieron en que estos escenarios encendieron las alertas al interior de las distintas superintendencias y de la propia Fiscalía. Para ellas, se podría tratar de un ultimátum para EPM en el sentido de mitigar los efectos que se podrían generar por el cambio de los contratistas de Hidroituango.

Aunque el Gobierno ha descartado en el corto plazo un racionamiento de energía, cualquier retraso en el proyecto más importante de generación que tiene el país produce una alta tensión al sistema. Y el Gobierno no estaría dispuesto a correr el riesgo de un eventual apagón y revivir la historia de casi 30 años atrás. Incluso algunos van más allá.

“Cuando leí las cartas de las superintendencias pensé que podría ser la cuota inicial de una intervención. Las consecuencias del retraso son catastróficas y si se dan por un cambio de contratista es posible que estemos ante un racionamiento o un apagón otra vez. Y eso es lo último que puede pasar en este país”, dijo un exfuncionario del Gobierno.

Recordó y puso como ejemplo el caso de Electricaribe. Dijo que lo que detonó la intervención de Electricaribe no fue necesariamente la crisis financiera, sino el impacto que ella tenía en la prestación del servicio y la amenaza del apagón en los departamentos de la Costa Atlántica.

Generar energía es clave

Otra fuente señaló que las actuaciones de estas entidades son más un “ultimátum” para EPM. “Y eso no viene solo, puede ser la antesala a unas actuaciones posteriores”.

La concejal de Medellín, Paulina Aguinaga, una de las que ha adelantado debates de control político sobre el tema en el cabildo de la capital antioqueña, descarta la posibilidad de una intervención. “No creo que haya motivos jurídicos para una intervención del Estado. Por el momento no está en riesgo la prestación de los servicios públicos por parte de EPM y la empresa sigue manteniendo una buena calificación”, indicó.

Personas cercanas al proceso han advertido que hay una “lupa” importante al desarrollo del proyecto para evitar “el escenario catastrófico de cambiar unos contratistas que ya conocen el proyecto y han avanzado para superar la contingencia y llevar al proyecto a una generación en 2022″.