Reducción al arancel del acero pone en riesgo la reactivación, el empleo y la inversión, según la Andi

Este martes la Andi publicó un comunicado de prensa sobre la recomendación del Comité Triple A de reducir los aranceles de las varillas de acero del 10 % al 5 %, en el que señaló que es “sorprendente y preocupante la decisión tomada”.

La entidad manifestó que no solo existen en Colombia cinco organizaciones con capacidad amplia de producir estos productos, sino que en la actualidad los mismos se pueden importar con 0 % de arancel de al menos 40 países con los que Colombia tiene Tratado de Libre Comercio.

Para todos los efectos se trata de una medida aplicable solo a productos provenientes de China, Turquía, Ucrania y Rusia, países todos cuestionados globalmente por sus prácticas comerciales depredadoras en esta industria, dijo la Andi.

“En momentos en los cuales el país reconoce la necesidad de reactivar las capacidades productivas y muy especialmente la generación de empleo formal, esta recomendación resulta ser un mensaje totalmente contradictorio para la industria nacional y la inversión extranjera”, explicaron.

Durante el proceso de argumentación, los productores colombianos advirtieron sobre los devastadores efectos que la medida tendrá sobre la industria. Esta decisión, “que carece de sustento técnico”, es un golpe a la inversión extranjera en el país, que en el caso del acero colombiano asciende a los US$620 millones en los últimos cinco años, incluyendo los $270.000 millones invertidos en la nueva planta en Palmar de Varela, Atlántico, de Ternium en plena pandemia, y además pone en riesgo más de 45.000 empleos directos e indirectos que dependen de esta industria.

El Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi, que agrupa a Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc S.A. y Ternium, empresas que representan el 100 % de la producción nacional, advirtió que además la medida es ineficaz pues no tendrá efectos sobre la estructura de costos de los proyectos VIS en el país, no logrará ninguna reducción efectiva en el precio final del productor, pero sí afectará una industria que está en la capacidad de abastecer la demanda y que tendrá que competir con países cuestionados mundialmente por prácticas anticompetitivas.

“La reducción de este arancel equivale a la firma de un TLC express con países como Turquía y China, una concesión unilateral de beneficios sin que Colombia obtenga nada a cambio. Se está castigando a una industria que durante la pandemia no sólo mantuvo el 100 % de sus empleos, sino que además realizó inversiones en pro del desarrollo social de diferentes regiones del país”, afirmó María Juliana Ospina, directora del Comité de Productores de Acero de la Andi.

La ejecutiva manifestó que la industria se ha recuperado teniendo un aumento de la producción nacional del 48 % en lo corrido del año y un incremento de las importaciones del 91 %. “Sin el acero colombiano, no habría sido posible que el sector de la construcción haya presentado un aumento del 51% en las iniciaciones de vivienda”, agregó.

Cabe anotar que una medida de esta naturaleza tiene un costo fiscal que superará los $18.000 millones que serán asumidos por el Estado. Esta decisión es además un antecedente perjudicial para la inversión privada y el crecimiento económico del país, ya que sin duda genera desconfianza en actuales y potenciales inversionistas que no ven estabilidad en las condiciones de juego existentes en el mercado colombiano, indicó Ospina.

“Es un retroceso”, afirmó Sebastián Castro, presidente de Ternium, quien añadió que “seguiremos muy de cerca las consecuencias de esta decisión para medir el impacto negativo que tendrá en el mediano y largo plazo, tanto en la industria como en la generación de empleo del país”.