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Rematarán bienes de Centros Poblados para recuperar algo de los $ 70.000 millones
El bien inmueble que se encuentra ubicado en la zona industrial del municipio de Mosquera y está avaluado en más de $ 15.772 millones.
Después de adelantar los procesos legales correspondientes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones rematará el primero de los bienes de ICM Ingenieros S.A.S., integrante de la Unión Temporal Centros Poblados, para recuperar parte del anticipo de los $ 70.000 millones, y que a la fecha aún están embolatados.
Se trata de un bien inmueble que se encuentra ubicado en la zona industrial del municipio de Mosquera, vereda Balsillas, aproximadamente a 25 minutos desde el parque principal del municipio. El predio tiene un área de 52.932 metros cuadrados, cuenta con caseta de entrada, báscula de pesaje, oficinas, cocina, laboratorios, baños, hangares y bodegas. Además, se encuentra ubicado a lado y lado de canteras de extracción de material de construcción.
De acuerdo con el Ministerio de las TIC, el inmueble está avaluado en más de $ 15.772 millones y la base para el remate será la que cubra el 70 % del valor del avalúo, es decir, la suma de $ 11.040 millones.
“Seguimos comprometidos, hasta el último minuto, ejecutando todas las acciones necesarias, basados en las herramientas legales y técnicas, para cumplir de forma diligente con la recuperación del anticipo del contrato caducado a la Unión Temporal de Centros Poblados. Los interesados podrán participar en los remates, que a partir de hoy estaremos realizando sobre estos bienes”, aseguró la ministra Carmen Ligia Valderrama.
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El remate comenzará a las 9:00 a. m. del 23 de junio de 2022 y, transcurrida una hora, se procederá a la apertura de los sobres que contengan los requisitos exigidos en la Ley 1564 de 2012, adjudicando el predio a la oferta más alta en el estado en que se encuentre al momento del remate como cuerpo cierto.
El Ministerio de las TIC aseguró que los interesados en conocer este predio que se va a rematar podrán comunicarse con el secuestre Centro Integral de Atención y Capital: carrera 10 No. 15-39 oficina 506, teléfono 322 400 08 61 y correo electrónico: centrointegraldeatencionsas@gmail.com.
Implicado en caso de Centros Poblados firmó preacuerdo y pagaría 4 años de cárcel
El empresario Juan José Laverde Martínez firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que reconoce su participación en las irregularidades que se presentaron en la licitación del contrato que fue adjudicado en un inicio a la Unión Temporal Centros Poblados.
Este contrato fue convocado por el Ministerio de las TIC, entonces en cabeza de Karen Abudinen, y tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada, así como en la ciudad de Bogotá.
Juan José Laverde, que era el representante de la empresa Rave Seguros, aceptó su participación en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En la negociación se fijó una pena de 48 meses de prisión y el pago de una multa. En el preacuerdo se realizó también una modificación en la participación del empresario en este caso, pasando de autor a cómplice en el delito de fraude.
“Se suscribe debido a la colaboración que ha brindado dentro de este asunto y (...) el procesado se compromete a ser testigo de cargos en sede de Juicio Oral en contra de los señores Emilio José Tapia Aldana, Luis Fernando Duque y demás personas vinculadas en las otras etapas de la investigación caso MinTIC”, precisó el fiscal del caso durante la audiencia celebrada el 20 de mayo.
Laverde enfrenta otro proceso por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Esto, por las irregularidades en el anticipo de los $ 70.000 millones que giró el MinTIC para la compra de equipos para los centros virtuales que buscaban llevar Internet a las escuelas de bajos recursos.
Juan José Laverde era el representante de la compañía de seguros Rave, la cual tuvo una participación clave en la presentación de las pólizas falsas que le dieron la ventaja a la Unión Temporal Centros Poblados en el proceso de licitación.
