Resolución del Gobierno quitaría riesgo de prestación del servicio de energía y frenaría pedido de insolvencia de comercializadoras

Varias empresas que alistaban su petición para declararse en proceso de reorganización e incluso las que lo hicieron, meterían a la gaveta la solicitud.

Al menos esa es la expectativa que ha generado el proyecto de resolución “por la cual se adoptan medidas para darle continuidad a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica durante el período de baja hidrología y eminente llegada del fenómeno de El Niño”, que el Ministerio de Minas dispuso para comentarios, luego de que las comercializadoras manifestaran que están contra las cuerdas, sin liquidez, por cuenta de saldos que les adeudan los usuarios del servicio de energía que se acogieron a la llamada opción tarifaria, una estrategia utilizada en pandemia para aliviar a los colombianos que no podían pagar el servicio público domiciliario.

Durante el fin de semana, el tema del apagón financiero y de un posible apagón de hecho (se va la luz) se tomó el debate en Colombia. Gremios como Acolgén y Andesco también se pronunciaron, poniendo en el visor la gravedad de la situación, pues, a su juicio, “a medida que avanza el tiempo se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país y los márgenes entre oferta y demanda en el corto y largo plazo se están volviendo críticos”, advirtieron.

Se refirieron a algunos de los puntos por los cuales hay amenaza de que el país, en pleno fenómeno de El Niño, no disponga de la energía suficiente, mientras aumenta el consumo, debido a la fuerte sequía y altas temperaturas que trae el evento climático. Uno de los puntos mencionados por los gremios es el de las dificultades socioambientales, entre otras, por las cuales “los proyectos no han podido desarrollarse en los plazos inicialmente previstos”.

Dentro de todos los elementos que crean la tormenta perfecta para un apagón está el de las angustias que viven las comercializadoras, que tienen saldos pendientes por más de 5 billones de pesos, de las deudas de usuarios.

SEMANA conoció algunos casos en las que ya estaban enviando cartas a sus proveedores, manifestándoles que se veían abocados a solicitar la reorganización empresarial, pues no veían otra salida para manejar sus pasivos, ante la falta de liquidez.

No obstante, mientras el Gobierno avanza en dejar en firme la resolución que tiene para comentarios, habrían tomado la decisión de dejar en reposo la solicitud o, inclusive, dar marcha atrás.

¿Qué dice la resolución?

El proyecto de resolución que dejaría en firme el Ministerio de Minas se ampara en la Constitución Política, en la cual se establecen los servicios públicos como algo esencial para los ciudadanos; por lo tanto, deben ser garantizados por el Estado.

En ese contexto, la resolución, que sería transitoria durante 3 meses, prorrogables hasta abril de 2023, busca “suspender los programas de limitación del suministro de energía”. Es decir, la Asic, que es el administrador del sistema de intercambios comerciales, que se encarga de registrar los contratos de energía a largo plazo, de su liquidación, facturación, cobro y pago de transacciones que resulten del mercado de energía mayorista, no podrían aplicar los programas de limitación de suministro a los distribuidores y/o comercializadores que se encuentren en problemas de pago, por haber hecho parte del alivio conocido como opción tarifaria.