Se avecina un remezón en juntas directivas de Cámaras de Comercio y en entidades públicas

Aunque los integrantes de juntas directivas duran años ocupando los asientos de los órganos más poderosos en las organizaciones son los presidentes los que ponen la cara.

Esos equipos directivos que antaño eran vistos como grupos de amigos para más divertimiento que trabajo, hoy son los que asesoran, supervisan objetivos y tienen la misión de garantizar la generación de valor y transparencia, principalmente cuando manejan recursos públicos.

Por esta época, coyuntural al cambio de Gobierno, suenan campanas de remezón en las juntas, tanto de entidades del talante de Ecopetrol y Colpensiones, como en las 57 cámaras de comercio que hay en las regiones colombianas, las cuales, en 2022, están manejando 810.000 millones de pesos considerados como dineros públicos pese a que los ponen los privados, pues provienen del recaudo del registro mercantil que deben hacer y renovar las empresas privadas que están formalizadas.

Es tal el poder de las juntas que, en el momento de la transición de la administración de Iván Duque a la de Gustavo Petro, se dio una fuerte controversia alrededor del gobierno corporativo de la petrolera estatal, cuando se dijo que –antes de irse– el saliente mandatario estaba atornillando a sus amigos en el equipo directivo, mientras el nuevo presidente elegido manifestaba que todo Gobierno, como accionista mayoritario –en el caso de Ecopetrol– tenía la posibilidad de remover a los miembros si así lo consideraba conveniente. Esto, de hecho, se dará, pues ya está citada una asamblea extraordinaria para el 24 de octubre, en la que el tema central es el nombramiento de los integrantes de la junta.

Entre tanto, en las directivas de las cámaras de comercio, donde tienen asiento representantes del presidente, también vienen movimientos, que empiezan a ser conectados con el cambio de Gobierno.

No obstante, la presencia de emisarios de la administración en estos cuerpos decisorios se justifica porque las juntas también deben ser un filtro que ataje cualquier intento de decisiones riesgosas o torcidas que lleven a malgastar los recursos públicos.

En general, los integrantes de las juntas directivas se perpetúan y ocupan los asientos por varios periodos. Esto tiene su lógica, pues prácticamente se requiere un comité de sabios en los temas que necesita abordar cada sociedad o entidad pública, de manera que lleven la brújula y conduzcan el barco hacia buen puerto. En cuanto a las cámaras de comercio, este año pasaron a ser supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, labor que tenía antes la Superintendencia de Industria y Comercio, y cambiaron las reglas. Por la ley habitual, que viene desde 2014, debe haber elección de juntas el 1 de diciembre, pero, además, la Supersociedades expidió una circular en abril pasado, con la cual se busca una renovación de miembros.

En las cámaras de comercio, según fuentes cercanas al proceso, hay integrantes de juntas que llevan hasta 20 años en los asientos directivos. Esa práctica no es ilegal ni pretende desechar el conocimiento de los antiguos, sino que la Supersociedades considera que es necesario dar cabida a nuevos nombres.

La directriz apunta a que los miembros de juntas de cámaras estén por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelegirse por una sola vez. El asunto nada tiene que ver con la coyuntura de un nuevo Gobierno, aunque se ha visto así, ya que las juntas directivas de estas organizaciones, que llevan el registro de 1.128.445 empresas inscritas como personas naturales y 500.236 anotadas como personas jurídicas, pueden ser de seis, de nueve o 12 miembros, dependiendo del tamaño de las cámaras; y, por ley, hay dos, tres y hasta cuatro miembros que son nombrados por el Gobierno de turno.

Esa participación, que no hace la mayoría decisoria, se sustenta en la necesidad de un conocimiento directo y permanente de lo que está sucediendo en las cámaras, pues manejan dineros públicos provenientes de la tasa contributiva que aportan las empresas, la cual oscila entre 47.000 y 2,9 millones de pesos.

Según algunos analistas, ahora se percibe cierto intervencionismo, pues si la misión de las 57 cámaras es promover el desarrollo empresarial y cultural en cada lugar en el que están, tendrán que concentrarse en tres renglones específicos definidos por Supersociedades: agricultura, industria y turismo, justo, los tres pilares que tiene en mente el nuevo Gobierno para promover el desarrollo regional. Desde la Cámara de Comercio de Medellín señalan que “la preocupación no es la injerencia gubernamental, sino las competencias e idoneidad de las personas que se designen y que tradicionalmente han sido expertos en derecho comercial y reconocidos en el mundo empresarial”.

Para la Superintendencia, entre tanto, lo que hay es simplemente una alineación, de manera que encajen los objetivos de la actual administración, con la misión para la cual están hechas esas organizaciones.

El ojo de la entidad de vigilancia estará ahí. Cada año, las juntas de las cámaras de comercio le deberán presentar el plan de trabajo, para que se pueda controlar la ejecución de los recursos públicos sin que se presenten desviaciones ni malos usos.

Hay casos de corrupciónDe hecho, en la Superintendencia están vigentes dos investigaciones formales, por evidencias de presuntos malos manejos. Bajo esa lupa están los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Montería, donde se hacen pesquisas para establecer si hubo irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos con dineros públicos, toda vez que, aunque estas organizaciones hacen gestiones propias, el 90 por ciento del dinero que manejan proviene del registro mercantil, según Supersociedades.

Un hecho similar al de Montería se registra en Cúcuta, proceso que está en etapa de alegatos y presentación de pruebas. , en medio de una voluminosa contratación. Pero, más allá de la vigilancia que hace la entidad, los miembros de junta puestos por el Gobierno son los ojos de la superintendencia y el presidente en esas organizaciones.

En términos de poder, las juntas nombran al presidente de las entidades, y, de hecho, sería el caso que está sucediendo en Colpensiones, que administra el régimen público de pensiones y lleva más de dos meses sin junta y, por consiguiente, sin presidente.

El ajedrez en Ecopetrol

Una vez se realice la asamblea de Ecopetrol y se elija la nueva junta, queda el interrogante de lo que sucederá con Felipe Bayón, actual presidente de la petrolera, que en el primer trimestre de 2022 ha registrado resultados históricos, con utilidades superiores a 17 millones de pesos, por lo que muchos consideran que sería un error relevarlo.

En el tablero de la junta, integrada por nueve miembros, cambiarían cinco. Son candidatos a salir de ella, Luis Guillermo Echeverri, quien viene desde abril de 2019, luego de haber sido jefe de campaña de Iván Duque.

De igual manera, entre los anunciados para dejar el asiento en el equipo directivo está Germán Quintero, quien fue viceministro de Hacienda del anterior Gobierno.

Otras tres posiciones tendrán que ser reemplazadas, pues Cecilia María Vélez, quien fue ministra de Educación en el Gobierno de Álvaro Uribe, presentó renuncia; Juan Emilio Posada dejó el puesto vacante para ir a ocupar la presidencia de ISA, empresa adquirida por Ecopetrol, y Hernando Ramírez, quien ha ocupado el asiento que ponen los departamentos productores, sería sustituido, ahora que se habla de una transición energética. De hecho, los reemplazos que se pondrán a consideración de la asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, según análisis de la firma Alianza Valores, están más sesgados al tema eléctrico que al petrolero.

De esa manera, cada vez se evidencia más el protagonismo de las juntas directivas, las dueñas del poder en el mundo empresarial y en las entidades del Estado.