Servicios públicos: otra amenaza que tiene en jaque a las empresas en Colombia

Cómo lograr que la plata alcance es una de las preguntas más frecuentes por estos días en Colombia, puesto que la inflación es el principal rival a vencer, ya no solo en los hogares, sino también en las empresas, que poco a poco ven cómo desmejora el panorama económico para el otro año y se plantean desde ya todo lo que deberán hacer para mantener sus nóminas y lograr grandes rendimientos en tiempos en los que caerá el consumo.

No obstante, factores como el dólar por las nubes, las subsiguientes alzas de tasas de interés y la reforma tributaria que se avecina; influyen en una caída del optimismo, más aún cuando las decisiones y opiniones que se anuncian por parte de las autoridades económicas del país, encienden los ánimos en lugar de calmarlos.

La reforma tributaria, que recién acaba de tener un importante avance en el Congreso, luego de que fuera aprobado su primer debate, sumado a una inflación acumulada del 11,4% (la más alta registrada este siglo) y la incertidumbre que genera una reforma laboral que tendría trámite en el 2023, no son las únicas preocupaciones económicas que tienen en riesgo las finanzas de las empresas.

Un reciente informe presentado por el sector empresarial revela que los servicios públicos están por las nubes y solo en septiembre presentaron un incremento promedio global nacional del 27 % en entornos corporativos frente al mismo mes del año anterior. Las tarifas que más subieron fueron: alumbrado público, 58 %; gas natural 42 %; agua 36 %; energía 29 % y aseo 9 %.

De acuerdo con Alejandro Ramírez, CCO & Co-founder de Energy Master, sorprende especialmente el dato del valor de la energía eléctrica, teniendo en cuenta que, aunque no es el servicio más costoso que pagan actualmente las compañías, si es la factura que más pesa en su gasto mensual debido a que es de un 85 % (excluyendo plantas de producción). Luego se encuentra alumbrado público, 6 %; agua 5 % y, por último, aseo y gas, con un peso promedio del 2 %, respectivamente sobre el total de los recibos.

“Estos datos son el resultado del estudio de más de 50.000 facturas de servicios públicos que recibieron diferentes empresas de todo el país durante septiembre 2022 vs septiembre 2021. Para este trabajo, se estudiaron indicadores relacionados con consumos, valores unitarios, tipología de sitio (local comercial, oficina, tienda, centro de distribución o edificio), ubicación por zonas geográficas y tamaño de lugares, entre las categorías más importantes”, explicó Ramírez.

Este informe resalta que las principales razones que explican el alto incremento en los servicios públicos en entornos corporativos este año tienen dos denominadores en común: la alta inflación y los efectos negativos que generó la pandemia.

“Sin embargo, también se destacan factores como los cobros elevados por inversiones en infraestructura en la tarifa del agua, la indexación del Índice de Precios al Productor (IPP) de contratos no regulados en el servicio de energía y gas y, lo que más nos preocupó, se evidenció en el aumento excesivo en la tarifa de alumbrado público, no solo causado por el elevado precio de la energía, sino en el porcentaje que cobran los municipios, que hoy no tienen ningún control de los entes regulatorios sobre estos impuestos locales, presentándose abusos con cobros hasta 30 veces superiores en unos territorios frente a otros similares”, afirmó Ramírez.

Otro dato que generó preocupación en el análisis, tiene que ver con el alto incremento en el costo de la energía que están pagando las empresas, al comparar el comportamiento de la tarifa en lo corrido de este año frente al 2021.

“El promedio nacional de este servicio se incrementó 24 %, pero en algunos casos se presentaron aumentos superiores al 40 %”, señaló Ramírez, que agregó que esta coyuntura responde especialmente a la variación del IPP entre el 2 y el 4% mensual, como consecuencia de la inflación y los efectos de la pandemia. “Así mismo, se incrementaron los costos de distribución de energía dentro de las ciudades a raíz de que la CREG autorizó a que por este rubro se pagaran las inversiones que hacen los operadores en el sistema, generándose un aumento superior al 50 % en algunas regiones como Antioquia, Tolima, Bogotá y la Costa”.

No obstante, para agravar el asunto, Ramírez añadió que, en algunas otras zonas, como en Atlántico, “los cobros por pérdidas y restricciones han crecido cerca del 60 %” y agregó que hay que implementar estrategias de ahorro que abarquen varios frentes como: reducción de tarifas, de consumos, de tasa de aseo o alumbrado público, evitar penalizaciones y realizar reclamaciones oportunas ante malos cobros.