Fintech
Superintendencia de Industria y Comercio “pone en cintura” a las Fintech. Si siguen las irregularidades se vienen fuertes sanciones
Las autoridades se cansaron de las reiteradas quejas de los consumidores, denunciando abusos por parte de las entidades financieras.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), emitió la Circular Externa 002 del 10 de octubre del 2023, donde le detallan, muy explícitamente, los lineamientos, condiciones y normas, que deben cumplir la Fintech, frente a sus clientes, que en los últimos meses han denunciado prácticas abusivas por parte de estas financieras.
Además, la circular les anuncia que en caso de seguir encontrándose estos problemas, las autoridades procederán de acuerdo al artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, advirtiéndoles que las sanciones serán severas, y hasta históricas, por ejemplo, pueden hacer un bloqueo temporal de acceso al medio de comercio electrónico, hasta por treinta días calendario, prorrogables por 30 días más.
“La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad de protección al consumidor y tras conocer múltiples denuncias presentadas por consumidores de FINTECH e incluso imponer en los últimos días sanciones históricas para este tipo de comercio, dictó medidas para instruir a las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones mediante sistemas de financiación a través de medios tecnológicos FINTECH y cuyo control y vigilancia no haya sido asignada a alguna autoridad administrativa en particular”.
De pronto el término Fintech le puede parecer un poco extraño, pero para tenerlo en cuenta, esto hace referencia a las entidades financieras, cuyos servicios, como tarjetas, préstamos, etc., se hacen a través de canales tecnológicos. Estas entidades han ganado mucha popularidad en Colombia, sobre todo por la facilidad que le ofrecen a los consumidores, para acceder a sus servicios.
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El problema, y es lo que han detallado las autoridades, muchas de estas empresas operan sin cumplir mínimos como informar, plena y claramente, los términos y condiciones de los contratos, las tarifas de los intereses (que se han encontrado casos donde se cobran por encima del máximo legal), entre otras, que tienen a la SIC llena de casos por lo que han denominado prácticas abusivas.
“El presunto cobro de intereses por encima del límite legal permitido, cobro de valores no adeudados y de conceptos no informados previamente, difusión de la información del crédito del consumidor con sus conocidos, desembolso de una suma inferior al valor del crédito aprobado, así como la inclusión de cláusulas abusivas”, son algunas de las prácticas irregulares que se han encontrado.
¿Qué le está exigiendo la SIC?
Son cuatro las condiciones que les impone la SIC, y que están contenidas en la circular publicada, donde además de acciones administrativas, se le exige a las Fintech que le devuelvan el dinero, cobrado irregularmente a los consumidores, además de abstenerse a continuar con este tipo de prácticas.
En el primer punto piden que se le informe a los consumidores, de manera escrita, y al momento de firmar los contratos, la tasa de interés remuneratoria y moratoria, expresada en términos de la tasa efectiva anual, además de detallar la periodicidad de los pagos, el número de cuotas, y el valor de cada una.
Segundo, exigen que se liquide: “El interés moratorio solo respecto a las cuotas atrasadas y que se brinde información suficiente sobre las cesiones de crédito a terceros, los títulos valores, garantías otorgadas, el derecho que tienen los consumidores a realizar pagos anticipados sin que se generen sanciones y los valores o gastos adicionales a la operación de crédito, como lo pueden ser estudios de crédito, seguros y garantías, la modalidad del crédito y las indicaciones sobre los gastos de cobranza”.
Tercero, piden que se abstengan de cobrar cobros “bajo condiciones de amenaza, constreñimiento e intimidación”. En caso de que se sigan detectando estas irregularidades, la Superintendencia, además de aplicar las sanciones administrativas correspondientes, le trasladará el caso a entidades como la Fiscalía General de la Nación, quien tomará decisiones de carácter penal.
Por último, solicitan que se garantice el servicio, sin causar daños a la integridad del consumidor, que estos estén plenamente informados de las condiciones de los contratos, y que en los mismos, no se incluyan cláusulas abusivas.