Superintendencia de Servicios confirmó sanción por $1.200 millones a EPM

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó este lunes que la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios (Superservicios) confirmó una sanción a la compañía por $1.215 millones.

La sanción, impuesta en abril de 2020, sostiene que EPM incumplió con los indicadores de calidad del servicios de energía prestado.

“Mediante la Resolución 20202400012285 del 29 de abril de 2020 se sancionó a EPM por cuanto su índice trimestral agrupado de la discontinuidad (Itad) del nivel de tensión uno superó el promedio histórico y la banda de indiferencia, y presentó 59 casos en los cuales la compensación estimada de sus usuarios “peor servidos”, superó el costo del servicio de distribución facturado a cada uno de ellos en el respectivo mes”, dijo la SuperServicios.

Según la entidad, EPM incurrió en una falta al haber aumentado su Itad con relación al límite superior de la banda de indiferencia y al promedio histórico, durante el tercer y cuarto trimestre del año 2017, así como en el segundo y tercer trimestre del año 2018, desconociendo con ello los estándares de calidad del servicio de distribución.

“Por otra parte, se demostró que, entre mayo a junio de 2017, enero a marzo y octubre a diciembre de 2018, EPM desconoció los estándares de calidad del servicio en el Sistema de Distribución Local”, agregó la superintendencia.

Luego de confirmarse la sanción, EPM dijo que está analizando las “acciones judiciales” a tomar frente al acto.

Más problemas de EPM

Días atrás se conoció el embargo, por parte de la Contraloría General, de las cuentas de los constructores de Hidroituango y, aunque de manera oficial, EPM dijo a la opinión pública que más allá de cualquier acción de la justicia, el compromiso es continuar con la ejecución del proyecto hidroeléctrico Ituango, la calificadora Moody’s, una de las cuatro más grandes que hay, puso en el aire un nuevo ingrediente en el brumoso asunto alrededor de esta megaobra.

Roxana Muñoz, analista de Moody’s Investors Service, dijo que “la orden de embargo a las cuentas de contratistas de Hidroituango podría retrasar el inicio de operaciones del proyecto esperado para mediados de 2022, lo cual sería un factor crediticio negativo para EPM”.

Las actuaciones de la Contraloría general derivan de la situación presentada en abril de 2018, cuando se produjo un derrumbe en el túnel de desviación de la obra. Después de ese episodio, que llevó a que el proyecto entrara en contingencia, porque representaba un riesgo latente, la controversia y la incertidumbre alrededor de la hidroeléctrica, que generará la más importante cantidad de energía para Colombia, no ha parado en ningún momento.

Moody’s ya se había pronunciado el año pasado, cuando se conoció la demanda de embargo, $9,9 billones, a los consorcios constructores de la mega obra. Se juntó también, en ese momento, la renuncia masiva de ocho de los integrantes de la junta directiva de EPM, lo que llevó a la calificadora a advertir sobre un posible riesgo para la calificación crediticia de la empresa.

En esa oportunidad se mantuvo la calificación crediticia, en BBB3, pero con perspectiva negativa. Otro tanto hizo la calificadora Fitch Ratings, que en su momento, anunció la disminución de la calificación grado de inversión a escala internacional de EPM, a ‘BBB-’ y manifestó que la perspectiva se mantiene en observación negativa.

Ahora, una vez más, Moody’s vuelve a advertir, pese a que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo tras conocer la decisión de la Contraloría, que, desde el año pasado, “EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios”.