Superservicios sancionó a estas siete empresas de energía y gas por afectar a miles de usuarios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció este martes, 22 de agosto, la ratificación de sanciones contra siete empresas de energía eléctrica y gas combustible en Colombia, imponiendo multas que superan los 4.700 millones de pesos, luego de que se demostraran incumplimientos que han afectado a más de 408.000 usuarios en todo el país, en aspectos que van desde comerciales hasta de seguridad y facturación.

“La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) establece las regulaciones que rigen estas áreas y las empresas involucradas han sido sancionadas por no cumplir con estas pautas, perjudicando a los usuarios y socavando la confianza en el sistema de servicios públicos”, indicó esta autoridad.

Las irregularidades por las que fueron requeridas estas firmas, según el comunicado, están relacionadas con fallas en servicios de aspectos comerciales, de facturación y seguridad que afectaron a usuarios en todo el territorio Nacional en el año 2020.

Las empresas sancionadas

Empresa de Energía de Arauca: fue sancionada con una multa de $1.044.568.319 debido a su incumplimiento en la regulación de facturación del servicio. La empresa emitió facturas basadas en consumos promedio a varios de sus usuarios durante varios meses, desconociendo los periodos de facturación establecidos. Esta práctica afectó la precisión y transparencia en la facturación, lo que finalmente resultó en la sanción impuesta por la Superservicios.

Centrales Eléctricas de Nariño: enfrenta una multa de $746.886.405 por incumplir la regulación en el servicio de facturación. La empresa también utilizó consumos promedio para emitir facturas a varios usuarios, lo que comprometió la exactitud de los montos facturados y la confianza de los usuarios en el sistema de facturación de la empresa.

Enel Colombia (antes Emgesa): fue sancionada con una multa de $700.000.000 debido a su incumplimiento en aspectos comerciales de la regulación del servicio público de energía eléctrica. La empresa acumuló tres fallas por “No Envío de Lectura”, lo que demuestra una falta de compromiso con la precisión y el cumplimiento de las normas establecidas para el registro y envío de lecturas de consumo.

Enel Colombia (antes Codensa): la misma empresa, ahora conocida como Enel Colombia, fue multada con $237.422.834 por incumplir la regulación en temas de facturación. La empresa emitió facturas basadas en consumos estimados en lugar de consumos reales, lo que generó inexactitudes en los montos facturados y perjudicó a los usuarios.

Gases del Caribe: enfrenta una multa de $806.097.927 por incumplir dos aspectos regulatorios. La empresa no aplicó la Opción Tarifaria Transitoria establecida para mitigar el impacto económico de la pandemia en los usuarios, y también emitió facturas basadas en consumos promedio en lugar de consumos reales, lo que afectó la transparencia y precisión en la facturación.

Gases de Occidente: Gases de Occidente ha sido sancionada con una multa de $474.155.285 por no aplicar oportunamente la Opción Tarifaria Transitoria establecida para aliviar el impacto económico de la pandemia en los usuarios. Además, emitió facturas basadas en consumos promedio en lugar de consumos reales, lo que afectó la precisión y transparencia en la facturación.

Efigas Gas Natural: enfrenta una multa de $409.996.277 pesos por incumplir la Opción Tarifaria Transitoria establecida para aliviar el impacto económico de la pandemia en los usuarios. También emitió facturas basadas en consumos promedio en lugar de consumos reales, lo que comprometió la precisión y confiabilidad en la facturación.

Gases del Oriente: fue sancionada con una multa de $292.747.267 por no aplicar oportunamente la Opción Tarifaria Transitoria y por emitir facturas basadas en consumos promedio en lugar de consumos reales. Estas acciones afectaron la transparencia en la facturación y la capacidad de los usuarios para comprender y controlar sus gastos en el servicio.

“Estas multas hacen parte de las acciones de control que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realiza para defender los derechos de las comunidades en todo el país”, agregó la SuperServicios.

Estas medidas no solo buscan corregir incumplimientos por parte de las empresas, sino que también envían un mensaje claro sobre la responsabilidad que tienen en mantener altos estándares de operación y cumplimiento normativo.

Al promover la rendición de cuentas y la adhesión a las regulaciones establecidas, estas sanciones y controles no solo protegen a los consumidores, sino que también contribuyen a la confiabilidad del sistema en su conjunto, fortaleciendo la integridad del sector y la confianza de la población en la gestión de las empresas de servicios públicos.