SuperSociedades adelanta intervención judicial por captación ilegal de recursos en Boyacá y Cundinamarca

Las autoridades en Colombia han puesto la lupa sobre empresas que vienen funcionando en el país, y que al parecer, estarían desarrollando actividades no autorizadas o que no están a acorde con sus lineamientos corporativos y a las leyes nacionales.

Ese es el caso de la Superintendencia de Sociedades que ha informado que desde el segundo semestre del 2022, viene adelantando cuatro procesos de intervención judicial por captación ilegal de recursos del público. Lo anterior, sobre empresas que desarrollaban actividades relacionadas con la prestación de servicios inmobiliarios y de construcción de proyectos de vivienda.

De acuerdo con la información suministrada por el ente de control y vigilancia, las acciones en cuestión se vienen ejecutando en sociedades que han operado en los municipios de Duitama, Sogamoso y Tunja del departamento de Boyacá, y en el municipio de Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca.

Los esquemas de captación que se han identificado, en estos casos, están relacionados con la oferta al público de rendimientos financieros sobre recursos entregados a través de la celebración de diferentes modalidades contractuales, en su mayoría, denominadas como “Inversión de capital”, “préstamos de capital” y “Anticresis de apartamento”, entre otros.

“En el desarrollo de las investigaciones adelantadas se logró establecer que las sociedades intervenidas, mediante fachadas, recibían dinero del público sin entregar una contraprestación real o la prestación de algún tipo servicio”, señaló.

Es importante indicar que a la fecha, en tres de estos procesos se han reconocido 1.117 afectados por la suma de 22 mil 806 millones 363.400 pesos, en los términos del artículo 10 del Decreto Legislativo 4334 de 2008.

A raíz de estos casos y las denuncias que están siendo atendidas por las autoridades por situaciones similares que se están registrando en otras ciudades del país, la Superintendencia de Sociedades pidió a la ciudadanía estar alertar sobre esta modalidad de captación ilegal de recursos del público, para evitar que sean víctimas de estos esquemas de fraude y pierdan, de esta manera, su dinero.

Este pronunciamiento del ente de control y vigilancia, se da a conocer luego que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) informara sobre la primera medida adoptada en el año 2023, con respecto a la sociedad Calcapital S.A.S., ubicada en la ciudad de Duitama, en el departamento de Boyacá.

La entidad ordenó la suspensión inmediata de las actividades de captación masiva o recaudo no autorizado de dineros del público, que venía realizando, esto debido a una serie de denuncias interpuestas por al menos 72 personas, que alegaron haber sido víctimas de las actuaciones cometidas por dicha sociedad.

Según informó la Superfinanciera, se pudo establecer que CalCapital S.A.S, que se dedicaba a la compra y/o arriendo de inmuebles, habría ejecutado “Contratos de anticresis”, con los que asumió pasivos, cuyo valor en conjunto supera los 1,8 mil millones de pesos.

“Adicional a las obligaciones asumidas en desarrollo de estos contratos, la sociedad celebró con al menos una persona, un contrato de “Inversión de capital”, por medio del cual obtuvo recursos que se comprometía a devolver y que serían usados para supuestamente desarrollar actividades de construcción, por lo que decía reconocer una tasa de interés del 4.2% mensual durante el tiempo de duración del contrato, la cual se pagaría de forma independiente a los resultados de las actividades de construcción inmobiliaria”, destacó.

Por consiguiente, la entidad indicó que compulsó copia sobre la medida adoptada a otras autoridades, entre estas, la Superintendencia de Sociedades, para la correspondiente intervención; como también informó de lo respectivo a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal. Estas instancias determinarán los pasos siguientes a nivel sancionatorio y judicial respectivamente.