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Billetes de veinte mil pesos
Foto: Nathalia Garzón / Semana
Billetes de veinte mil pesos Foto: Nathalia Garzón / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

CAPTACIÓN ILEGAL

Supersociedades intervendrá la sociedad Matrix por captación masiva de dinero

Dicha sociedad promocionaba la supuesta “venta” de una participación en una obra de arte que se elaboraría en oro, platino y otras joyas preciosas.

8 de febrero de 2021

La Superintendencia de Sociedades, a través de la Dirección de Procesos de Intervención Judicial, decretó la intervención bajo la medida de toma de posesión a la sociedad MATRIX 5X3 S.A.S., por el desarrollo de actividades de captación masiva y habitual de dineros del público.

Dicha sociedad promocionaba la supuesta “venta” de una participación en una obra de arte que se elaboraría en oro, platino y otras joyas preciosas, a cambio de un activo o moneda virtual denominada “ARDOTCOIN”, representativa de la supuesta obra.

| Foto: Diana Rey

Según explicó la entidad, esto generaba rentabilidades “sin justificación financiera razonable” entre el 3 % y 5 % diario, combinado con un esquema multinivel que pagaba por traer nuevos suscriptores.

Según el captador ilegal, la obra de arte se dividía en cuadros más pequeños de dos metales, platino y oro, y en ellos están tallados los edificios más emblemáticos del mundo, incluyendo el edificio Coltejer de Medellín.

Estas piezas, según su creador “son de valor incalculable y en la parte superior insertan una gema o piedra preciosa (rubíes, esmeraldas, diamantes, etc.)”. El valor del “ARTDOTCOIN” subía todos los días por un algoritmo que determina el precio diario, lo que hacía que sus dueños “se enriquecieran”, según indicó la Supersociedades.

De hecho, la operación del negocio no evidencia la realización de una actividad generadora de recursos que permita obtener una rentabilidad financiera razonable, ni la actividad se reflejaba contablemente.

La comercialización o esquema de captación ilegal se realizaba haciendo referencia a esquemas multinivel y de financiación colaborativa “crowdfunding”, sin cumplir los requisitos establecidos para tal efecto.

De esta manera, en la investigación se logró determinar que a la fecha existen al menos 1.280 operaciones, realizadas por al menos 106 personas que entregaron sus recursos e, igualmente, a través de varias páginas web, la sociedad recaudó datos personales de 60.000 suscriptores.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a no caer en esquemas de captación ilegal, los cuales ofrecen altos rendimientos a corto plazo, sin una explicación financiera razonable lo que trae consigo el riesgo de perder el dinero”, manifestó el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

Así mismo el funcionario recordó las advertencias efectuadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI y por la Oficina Europea de Policía (Europol)-, relacionadas con la posibilidad de que a través del mercado de Criptoactivos “se promueva el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

La apertura del proceso de intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio cobija además de la sociedad MATRIX 5X3 S.A.S., a su representante legal y sus accionistas: Guillermo Arturo Arango Jaramillo y Luz Adriana Giraldo Vargas, quien a su vez es la propietaria del establecimiento de comercio denominado Casa de Ardot (antes MATRIX 5X3).

La intervención estatal en cabeza de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley 4334, tiene dos objetivos fundamentales, que incluyen suspender de manera inmediata las operaciones o negocios y permitir la pronta devolución de los recursos a los afectados.

En reiteradas ocasiones, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera han manifestado que las personas que eligen entregar su dinero a captadores ilegales corren un alto riesgo de perderlo. “Vincular o promover la adhesión de otras personas a un negocio o esquema diseñado para recibir dineros sin estar autorizado para el efecto, también conlleva responsabilidades ante las autoridades administrativas y penales”, según la norma.

Quien haya captado recursos del público y no los reintegre, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses por esta sola conducta y multa de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según dicta la ley.