SuperSociedades ordenó liquidar uno de los colegios más prestigiosos de Bogotá: aquí las razones

La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación del Colegio Gimnasio Campestre George Berkeley en Bogotá, tras comprobar que esta institución educativa funcionó como fachada para disipar el patrimonio de la también liquidada pirámide Forex, con el fin de no devolver el dinero que captó ilegalmente.

Fuentes de este ente de vigilancia y control confirmaron a SEMANA que de igual forma se decretó el embargo y secuestro de todos los bienes, derechos y haberes de este colegio campestre, ubicado en la vereda Chorrillos, kilómetro 7 de la vía entre Suba y Cota; con el fin de evitar que estos puedan ser trasladados.

Este caso inició tras denuncias realizadas en su momento por la Secretaría de Educación de Bogotá y las investigaciones permitieron establecer que el colegio fue usado por los accionistas de Semar International S.A. y Forex Investment Team S.A. como un vehículo para disipar el patrimonio de esta sociedad y así evitar la devolución del dinero que recaudaron en su momento de forma ilegal.

Según la SuperSociedades, entre los hallazgos más importantes destaca que en el año 2009, por medio de un contrato de escritura pública, la sociedad Semar International transfirió una fuerte suma de dinero, sin que estos quedaran registrados en los estados de cuenta de la época, razón por la cual “no es claro si en efecto existía la disponibilidad de los recursos”.

Uno de los nombres que resurgió en estas revisiones de la Superintendencia de Sociedades fue el de Dilian Margarita Báez Angarita, quien fue imputada en 2014 por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos y captación ilegal de dinero, junto a Jairo Enrique Sánchez Díaz, supuestos representantes legales de las firmas Fit Forex, Fit Colombia, Forex Investment Team y Fit International Group.

En informaciones conocidas por SEMANA se pudo constatar que Báez Angarita y Sánchez Díaz hicieron parte de la junta de accionistas de este colegio durante el periodo de captación. Ambas personas pagan actualmente una condena de 19 años de prisión tras ser hallados culpables de los delitos que se les endilgaron.

De acuerdo con las versiones entregadas por la justicia en ese momento, los condenados habrían captado dinero de más de 120 personas entre marzo de 2004 y febrero de 2009, por medio de la firma Fit International Group Corp. Para esto ofrecían a las personas que invirtieran mínimo 20.000 dólares en la pirámide y les aseguraban una rentabilidad mensual en el mercado entre el 1.5 % y el 3.5 % en dólares.

Una pirámide de 7 millones de dólares

La fiscal encargada del caso sostuvo en ese entonces que el negocio fue ampliamente publicitado en los medios de comunicación y en prestigiosos clubes de Bogotá, en donde era apoyado por sus socios, a quienes querían vincular, los convencían de la seguridad financiera que ofrecía la inversión al consignar el dinero en bancos de Estados Unidos o Suiza con ganancias prácticamente automáticas en pocas semanas.

“Consigné un millón de dólares y en pocos meses había ganado un interés, pero el dinero nunca me lo devolvieron” señaló uno de los denunciantes. Otra de las víctimas dijo que consignó 250 mil dólares en varias cuotas, dinero que aunque en los extractos mensuales aparece con un interés causado, no le fue devuelto su capital.

Un afectado más insistió en que llegaría hasta las últimas consecuencias para que le regresaran tres millones de dólares que invirtió en la pirámide. Los procesados, informó la Fiscalía General de la Nación, tienen estudios en altas finanzas en Nueva York y Suiza, así como experiencia laboral en cargos y asesorías en diferentes bancos del país.

La Superintendencia Financiera de Colombia ha insistido en varias oportunidades en que las pirámides son una forma de captación ilegal de recursos del público. De hecho, ha hecho énfasis en tácticas por redes sociales y grupos de WhatsApp en las que se “invita” a un grupo de personas a hacer aportes económicos con la falsa promesa de obtener rentabilidades sin que haya una justificación financiera razonable o una actividad legal que las genere.

Dicho esquema ilegal se ha promovido a través de grupos cerrados en redes sociales o por medio de servicios de mensajería móvil instantánea (chats) aduciendo temas de “empoderamiento”, de “economía solidaria” o “economía colaborativa” llevando a engaño a la ciudadanía para que realicen sus aportes económicos e inviten a otros a hacer lo mismo.