¿Uber dejará de operar en Colombia? Tribunal le niega medidas cautelares

Una decisión judicial podría poner una vez más en aprietos la operación de Uber en Colombia, por cuenta de una resolución firmada por el gobierno de Juan Manuel Santos hace casi cinco años.

En ese entonces, la Superintendencia de Puertos y Transporte le conminó a la firma a “cesar la facilitación y promoción de prestación de servicios de transporte no autorizados”, luego de que el gremio de taxistas, liderado por Hugo Ospina, impusiera la queja ante dicha entidad.

A pesar de que esta orden se le impuso a Uber Colombia en agosto de 2016, la firma intentó por medios judiciales que no fuera efectiva, a tal punto que solicitó unas medidas cautelares para dejar sin piso jurídico la Resolución 04313.

A pesar de lo anterior, el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le negó dicha petición. Mediante un auto, confirmó la negativa de que se le dieran las medidas cautelares a la firma.

En la práctica, esto quiere decir que Uber debe cumplir con el mandato dado por la Supertransporte, que le prohíbe usar vehículos particulares para prestar un servicio de transporte de pasajeros, ya que esto viola la ley. Y en caso de no acatarlo, le podrá imponer multas sucesivas de hasta 500 salarios mínimos, es decir, más de $454 millones.

Desde Uber aseguraron “el tribunal no se pronuncia sobre el modelo de negocio de la aplicación, ni está en riesgo la disponibilidad de la aplicación en Colombia. Esta decisión no es final, ya que sigue pendiente la sentencia del tribunal frente a la sanción impuesta a la compañía local”.

Y agregaron que, en todo caso, la compañía es respetuosa de las decisiones judiciales y ejercerá los derechos previstos en la ley.

Por su parte, Ospina dijo que la decisión es un triunfo de la ley colombiana, ya que reitera que no se puede prestar servicio de transporte con carros particulares. Además, implica que la entidad de vigilancia podrá sancionar en diversas ocasiones a la plataforma, por el hecho de estar en rebeldía.

Sin duda, se trata de un fuerte golpe financiero para la plataforma digital, que podría ser multada sucesivamente por seguir permitiendo que cualquier ciudadano opere en el mercado de transporte. Aunque no es lo único. El líder de los taxistas le confirmó a SEMANA que acudirá ante la Superintendencia de Transporte para solicitar que se sancione a Uber Colombia.

Ospina también planea denunciar penalmente a los directivos de Uber por fraude a resolución judicial.

Por lo pronto, lo cierto es que Uber recibió un nuevo golpe jurídico para operar en el país y se da un año después de que apagara temporalmente su plataforma, por cuenta de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

En ese momento, la entidad estableció que Uber, al prestar este servicio de transporte individual de pasajeros, viola las normas que regulan el mercado, generando una desventaja significativa frente a otros actores y generando desviación de la clientela.

“Como resultado del análisis, la SIC ordenó a las demandadas que de manera inmediata cesen los actos de competencia desleal declarados y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación “Uber”; así mismo, que de manera inmediata cese la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades “Uber” “Uber X” y “Uber VAN”, por medio de la utilización de la aplicación tecnológica “UBER” en el territorio Colombiano”, aseguró.

Y aunque Uber dejó de operar durante cerca de un mes, los vehículos que trabajan por medio de esta aplicación volvieron a las calles a través de una polémica fórmula implementada por la compañía. Se trata de contratos de arrendamiento de vehículo, con lo cual la plataforma quedaba como una simple intermediaria.

En medio de este proceso, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio quedó sin piso y el caso pasó al olvido. Así las cosas, la plataforma ha venido operando bajo dicha figura de arriendos, aunque la situación podría cambiar nuevamente para la firma. Todo dependerá de la palabra final de los magistrados.