Uber: una historia repleta de acoso, espionaje y disputas legales

La historia de la plataforma de transporte Uber, creada en 2010, está plagada de escándalos de acoso, pirateo, espionaje industrial y disputas legales. Esto es lo que se sabía antes de la publicación el lunes de una amplia investigación periodística internacional del diario El País, basada en la filtración de miles de documentos internos de la compañía.

Según la información dada a conocer por este medio, existe un modus operandi con el que sortean las leyes en los países a donde llega, mientras su red de lobby buscaba presionar a políticos de primer nivel.

¿Independientes o asalariados?

Desde el inicio, Uber ha estado en el punto de mira por sus prácticas laborales en decenas de países. El gigante estadounidense defiende con vigor el uso del estatuto de trabajador independiente, pero decisiones judiciales de varios países le obligaron a conceder el estatuto de empleado a sus trabajadores.

En 2021, la justicia británica puso fin a cinco años de juicios y dictaminó que Uber deberá garantizar un salario mínimo y vacaciones remuneradas a sus conductores, una primicia mundial. Dos meses después, un acuerdo “histórico” permitió a los 70.000 chóferes de Uber ser representados por un sindicato.

Poco después, la justicia francesa y neerlandesa consideró que los conductores están regidos por un contrato de trabajo.

En 2019, California también consideró que los conductores de la compañía son asalariados. Pero en 2020, Uber lanzó una contraofensiva mediante la aprobación de un referéndum sobre el estatuto de independiente de los trabajadores. Sin embargo, un juez consideró que el referéndum era inconstitucional y, a continuación, Uber presentó un recurso de apelación.

Tras una fuerte regularización fiscal en Dinamarca, la plataforma de reservas fue procesada por complicidad en actividades ilegales y tuvo que pagar una multa de 3,3 millones de euros (3,36 millones de dólares) en 2020 para evitar un juicio.

Denuncias de acoso

En 2017, Uber, acusado de tolerar una cultura sexista y violenta, abrió una investigación interna, tras la que su cofundador Travis Kalanick se vio obligado a dimitir por alentar prácticas directivas brutales.

Además, la empresa despidió a 20 trabajadores tras 215 denuncias por comportamientos inapropiados e intimidaciones por empleados de todo el mundo. En India, uno de los dirigentes de la compañía fue despedido después de haber tratado de desacreditar el testimonio de una mujer violada por un chófer en 2014.

En 2018, Uber dijo que ya no usa la vía de la mediación en caso de agresión o acoso sexual, que prefería antes de que el caso llegara a los tribunales. El mismo año, una antigua ingeniera presentó una queja en San Francisco después de que la empresa le negara un aumento salarial tras haber denunciado discriminaciones y casos de acoso sexual contra mujeres en la compañía.

Al parecer, se echó para atrás en un acuerdo confidencial por el que Uber pagó diez millones de dólares a varios empleados para evitar acciones legales.

Espionaje industrial

En 2017, la justicia estadounidense investigó sospechas de corrupción en el extranjero y sobre el uso de programas ilegales para espiar la competencia o escapar del control de las autoridades.

Uber implementó “una estrategia sofisticada para destruir, esconder, disimular y falsificar registros o documentos con la intención de impedir o interferir en las investigaciones del gobierno” (...), explica la fiscalía estadounidense.

El antiguo responsable de la “inteligencia” de Uber asegura haber recibido 4,5 millones de dólares para no criticar a la empresa. A inicios de 2018, Waymo, una filial de Google que desarrolla vehículos autónomos, lo acusa de haber robado secretos tecnológicos sobre el sistema de conducción autónoma.

Uber tuvo que interrumpir durante varios meses sus pruebas tras la muerte de una mujer atropellada por un coche autónomo de la empresa en Arizona en 2018. Para resolver la demanda, Uber pagó a Waymo 245 millones de dólares.

Pirateo de datos

En noviembre de 2017, Uber admite que los datos de 57 millones de sus usuarios, clientes o chóferes, han sido pirateados. La empresa lo sabía desde noviembre de 2016, pero depositó 100.000 dólares a los “hackers” para guardar su silencio.

En 2018, Francia condenó a Uber a una multa de 400.000 euros por haber ocultado ese pirateo. La empresa también debe pagar dos multas de más de un millón de euros en Países Bajos y Reino Unido.

*Con información de AFP.