Una discusión laboral que vuelve arrancar y que requiere consensos para poder avanzar

Una de las reformas bandera del presidente Gustavo Petro que pasó por el Congreso en la legislatura pasada con pena y sin gloria, y que se hundió, llegó nuevamente al Legislativo: la reforma laboral.

Si bien en junio el mandatario insinuó que insistiría en la reforma, al igual que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, nadie se esperaba que volvería sin la concertación entre los actores del mercado laboral y en silencio.

Ramírez dijo que se partió de las propuestas que quedaron plasmadas en el informe de ponencia del primer proyecto, resultado de audiencias públicas, y se incluyeron iniciativas de otros sectores consultados desde el Ministerio.

El Gobierno insiste en que se enfrentará la informalidad laboral, la tercerización, la inestabilidad, se mejorará la indemnización por despidos injustificados, las condiciones para los recargos nocturnos y por el trabajo en domingos y festivos, entre otros asuntos.

Pero los gremios y empresarios manifestaron su inconformidad porque se mantiene el espíritu de la primera iniciativa y, por segunda vez, no fueron tenidos en cuenta. Desde las firmas de abogados coinciden en que el mejor escenario sería un proyecto de ley discutido y concertado entre el Gobierno, los gremios y las organizaciones sindicales.

“La participación de los distintos actores permitiría no solo nutrir y facilitar las discusiones y debates al interior del Congreso de la República, sino también facilitaría la definición de estrategias conjuntas para responder a las necesidades actuales en materia de informalidad laboral, desempleo y baja productividad que afronta el país”, explicó Vicente Umaña, socio de la firma Posse Herrera Ruiz.

Contrario a lo que señala el Gobierno, para el sector legal la iniciativa que llegó al Congreso en agosto no plantea soluciones efectivas, tampoco establece políticas de Estado ni genera incentivos para avanzar en la disminución de la informalidad laboral.

“La obsesión por garantizar estabilidad laboral, que a veces se vuelve inamovilidad, termina impactando a esos grupos de población específicos que el mercado de trabajo absorbe por voluntad y no por imposición. En el mediano y largo plazo las personas con condiciones especiales tendrán mayor dificultad para ser contratadas”, señaló Saida Quintero, de Quintero y Quintero Abogados.

Es más, las propuestas en las que insiste el Ejecutivo en la reforma impactan los costos para los empleadores y de paso ponen en riesgo empleos formales que hoy genera el mercado laboral. “Las estimaciones que hizo el Banco de la República en su análisis de la reforma que fracasó en junio se mantienen. Si se suman los incrementos que la reforma 2.0 contempla como el recargo dominical, las indemnizaciones por despido sin justa causa, la reducción de la jornada laboral, que comenzó a regir desde el pasado 15 de julio, todo eso genera un sobrecosto laboral para las empresas en cerca de 18,6 por ciento por trabajador”, dijo Mirna Wilches, socia de la firma Chapman Wilches.

Agregó que, tal como lo proyectó el Emisor, esto pondría en riesgo cerca de 450.000 empleos formales.

Y Gustavo Alberto Herrera Ávila, director de GHA Abogados, advierte que el mayor número de empleados que tiene hoy el país están vinculados a través de pequeñas y medianas empresas.

“Entre esas pymes, la mayor parte son empresas familiares y unipersonales que carecen de un patrimonio sólido para solventar ajustes como los planteados. Es paradójico que el proyecto con esas normas termine asfixiándolas porque tendrán que asumir un incremento gradual que llegará hasta el 100 por ciento sobre el salario ordinario”, dijo Herrera.

Para los abogados la reforma laboral mantiene un enfoque restrictivo, excesivamente proteccionista y que incentiva la informalidad.

“Si llegara a pasar esta iniciativa, situaría a Colombia en un complejo panorama de competitividad, desestimularía la generación de empleo y la formalización, que son poderosos flagelos en materia laboral en nuestro país”, dijo Quintero.

Wilches considera que es una reforma que le da la espalda a la realidad del mercado laboral en Colombia, “que en su gran mayoría se compone de desempleados e informales”.

Desde el sector legal hacen un llamado al Gobierno para que esta iniciativa atienda las necesidades del mercado laboral “y propenda por la creación de más y mejores empleos”, dijo Carolina Camacho, socia de Garrigues.

Desde esta firma destacan que la reforma plantea una serie de medidas para promover la formalización laboral, especialmente para los contratos de aprendizaje, las plataformas digitales, el contrato agropecuario, el trabajo familiar y comunitario, el doméstico, los micronegocios, las actividades de los sectores portuario, transportador y de abastos, entre otros.

“Algunas de estas medidas están relacionadas con nuevas figuras en el pago de aportes a seguridad social, especialmente bajo la modalidad de tiempo parcial o la creación de condiciones específicas de contratación para estas poblaciones. Esto es un avance importante que enriquecerá el debate y ahondará en diferentes alternativas para generar empleo formal en el país”, dijo Camacho.

Quintero destaca que en la nueva iniciativa se reitera que si existen varios sindicatos en una misma empresa, deberán presentar un pliego único, con mesa de negociación unificada, el conflicto se deberá resolver con la firma de una sola convención colectiva de trabajo. “Con un avance que debemos reconocer en este nuevo proyecto y es que la empresa no estaría obligada a iniciar la negociación del pliego hasta tanto los múltiples sindicatos que hacen presencia en la misma no cumplan con lo dispuesto sobre negociación unificada”, explicó Quintero.

Por su parte, Mauricio Montealegre, director laboral de Gómez Pinzón, para las plataformas digitales hubo un “salvavidas” legislativo, porque el texto abre la posibilidad de tener trabajadores dependientes e independientes, lo que permitirá una discusión que coincida con la realidad de las nuevas formas de trabajo.

Con todo, las firmas de abogados enfrentan varios retos, uno de ellos: anticiparse a la posibilidad del éxito de esta reforma y preparar a los clientes para los eventuales cambios e idear estrategias para asumirlos.