Unión Europea exigirá a multinacionales informe detallado de pago de impuestos en cada país

Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo llegaron este martes un acuerdo político para exigir una mayor transparencia a las multinacionales, a las que obligarán a publicar sus beneficios y cuántos impuestos pagan en cada país del bloque y en aquellas jurisdicciones que forman parte de la lista europea de paraísos fiscales.

La medida, que afectará a todas aquellas empresas europeas o filiales de compañías extranjeras que tengan un volumen de negocios neto consolidado de al menos US$916,2 millones de dólares al año, exigirá a las multinacionales hacer públicos datos como el número de empleados, sus ingresos, sus beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos pagados y los beneficios netos.

Toda esta información tendrá que ser individual para cada país de la Unión Europea y también cuando la empresa tenga actividad en una jurisdicción incluida en las listas ‘negra’ y ‘gris’ de paraísos fiscales de la UE. Para el resto del mundo, los grupos empresariales podrán presentar la información de manera agregada.

El alcance geográfico de la medida ha sido precisamente el punto que ha dividido a los negociadores de la Eurocámara y de los Estados miembro, representados por el gobierno de Portugal como presidencia de turno de la UE.

“Aunque lamentamos firmemente que el Consejo (los países) rechazó una publicación país por país a escala mundial de forma desagregada, el acuerdo alcanzado es un paso importante para una mayor transparencia fiscal y que incluya una serie de mejoras”, destacó en un comunicado el eurodiputado del PSOE Ibán García, uno de los dos negociadores de la Eurocámara.

El acuerdo, en todo caso, incluye una cláusula de revisión según la cual se podrá modificar dentro de cuatro años tanto el umbral de ingresos (US$916,2 millones de dólares) como el ámbito geográfico en el que se aplican la exigencias de transparencia. El Parlamento Europeo confía en que sirva para endurecer las disposiciones pactadas este martes.

El origen de la propuesta legislativa se remonta a abril de 2016 y se enmarca dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea entonces presidida por Jean-Claude Juncker para responder a escándalos como el de los Papeles de Panamá o los acuerdos fiscales que países como Luxemburgo o Países Bajos pactaban con grandes firmas.

La iniciativa había sido bloqueada por los Estados miembro hasta febrero de este año, cuando se reunió entre las capitales la mayoría necesaria para poder comenzar las negociaciones con los eurodiputados. Votaron en contra Irlanda, Suecia, Chipre, Hungría, Malta y República Checa, pero no impidieron que la propuesta avanzase.

De fondo existe un debate sobre la naturaleza legal de la iniciativa legislativa: los países europeos que más se han opuesto a ella defienden que, al tratarse de una propuesta fiscal, debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales.

Esto otorgaría el derecho de veto a los gobiernos que se oponen a los cambios, pero la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el resto de países insisten en que, al no modificar las reglas fiscales europeas y solo abordar la transparencia de las multinacionales, puede ser aprobada por mayoría cualificada.

Justo este mismo martes, la Unión Europea lanzó formalmente la plataforma técnica destinada a garantizar la interoperabilidad de los pases sanitarios que permitirán, a partir del 1.° de julio, viajar entre los Estados miembro.

El certificado digital UE-covid será expedido en formato digital o en papel por las autoridades competentes de cada Estado miembro. Este incluirá un código QR con la información mínima esencial y un sello digital que garantizará su autenticidad e integridad. Además, su versión digital podrá almacenarse en un móvil.

Así mismo, dicho certificado digital será gratuito, tendrá validez en toda la UE, funcionará durante doce meses y se emitirá en la lengua nacional de cada Estado; además, en inglés.

*Con información de Europa Press.