Director de Crédito Público dice que el país está cerca de un ‘default’ de su deuda externa. Culpa a comisión del Congreso

Las finanzas públicas de Colombia siguen estresadas. A la incertidumbre que rodea el proyecto de presupuesto del año entrante y a la ley de financiamiento que lo acompaña, se sumó un nuevo problema. Se trata de la dificultad que está teniendo el país para contratar los créditos en el exterior que forman parte de su plan de deuda de este año y con los que busca también prefinanciar parte de 2025.

Así lo alertó José Roberto Acosta, director de Crédito Público, quien dijo que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (compuesta por seis miembros de las comisiones terceras constitucionales, tres de Senado y tres de Cámara) ha sido convocada seis veces desde que el Congreso aprobó la ampliación del cupo de endeudamiento, pero no ha sido posible lograr el cuórum.

“Seis veces hemos puesto a consideración la necesidad de permitirle al Gobierno nacional la emisión de bonos en el exterior y la suscripción de contratos de créditos con la banca multilateral, los cuales se necesitan para seguir honrando el servicio de deuda. Pero no se ha logrado. Así, el país se encuentra hoy en un alto riesgo de entrar en default, de no tener la capacidad de dólares para seguir honrando créditos ya contratados, en especial con bancas multilaterales”, aseguró en diálogo con periodistas en una de las sedes del Ministerio de Hacienda.

Acosta reiteró que su pedido es “un llamado de urgencia, una súplica”, para que esa Comisión haga el cuórum y se arranque con una primera sesión, en la que deberían dar su concepto y sea posible avanzar en la urgente necesidad de contratar créditos en los mercados internacionales.

Precisó que, más que una declaratoria formal de default (incapacidad del Gobierno para cumplir sus obligaciones financieras), es una imposibilidad física porque son compromisos adquiridos desde gobiernos anteriores, que se deben seguir honrando y sin el beneplácito de la Comisión Interparlamentaria, “nos tienen bloqueados en el Gobierno nacional”, reiteró.

El 20 de junio pasado, el Congreso aprobó el proyecto de ampliación del cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares, luego de que el director de Crédito Público también hubiera dicho que, si no conseguían ese aval, el país caería en default. La diferencia con lo ocurrido en ese momento y el anuncio hecho este martes 17 de septiembre radica en que en junio los mercados se alcanzaron a asustar y reaccionaron con desvalorizaciones de la deuda pública (cuya referencia son los TES) mientras que esta vez no hubo nerviosismo.

Por el contrario, los TES tasa fija se valorizaron, impulsados por la revaluación del peso frente al dólar (terminó la jornada con una tendencia a la baja cercana a los 4.200 pesos).

Un analista consultado explicó que el anuncio de posible default no preocupa al mercado, pues este da como un hecho que solucionarán el inconveniente dentro los plazos necesarios. “Lo veo más como un trámite burocrático, ya que en meses pasados el Congreso ya aprobó el aumento del cupo de endeudamiento”, subrayó.

Acosta, por su parte, aseguró que el país tiene disponibilidad de dólares hasta finales de septiembre o principios de octubre e insistió en que, sin el concepto previo de la Comisión Interparlamentaria, no hay cómo surtir los procesos relacionados con la emisión de bonos o la contratación de banca multilateral.

No obstante, aclaró que el concepto de dicha Comisión no es vinculante, está reglamentado en el decreto 1068, pero que desde el Ejecutivo buscan un trabajo armónico entre los diferentes poderes públicos. “No queremos ignorar ese concepto de parte de esta Comisión; queremos mantener esos canales de mutua colaboración”, puntualizó.

Para el alto funcionario, la falta de cuórum ha llevado a que se pierdan casi 90 días que se requieren para los procesos de endeudamiento externo. Precisó que, si se llega a necesitar una decisión de último minuto, sin duda primarían “los intereses de 50 millones de almas colombianas” y tomarían los créditos sin el beneplácito de la Comisión Interparlamentaria.