El alto costo de una leguleyada

La CAR, Corporinoquia, el Congreso de la República, varios jueces de la República, la ANI, un concesionario de origen israelí y pobladores de la zona no se han puesto de acuerdo para construir una vía de 60 kilómetros que permitiría mejorar la movilidad entre los llanos orientales y el norte del país.

El punto de la discordia son 66 nacimientos de agua que están a lado y lado de la vía y que por ley no se pueden tocar.

“La legislación establece que en esos nacimientos no se puede construir nada en un radio de 100 metros, por eso la vía está paralizada”, cuenta Alberto Acero, director operativo de la división de evaluación, seguimiento y control ambiental de la CAR. Los nacimientos de agua constituyen la columna vertebral de los parques naturales que son despensa hídrica de una zona como Bogotá.

Está claro que es necesario protegerlos. Sin embargo, allí ya existe una vía, eso sí, en muy malas condiciones.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, le explicó a SEMANA que ni siquiera se trata de una ampliación de 2 a 4 carriles. Solo se va a arreglar este tramo con asfalto nuevo para evitar accidentes y mejorar la conectividad.

De hecho, varios de estos cuerpos de agua están siendo afectados con el paso de los vehículos, la nueva vía protegería con box culvert y canales la calidad y tránsito de las aguas.

“Eso es lo peor de todo. Tenemos el dinero, la ingeniería para evitar un daño y la necesidad, uno no entiende eso”, dijo el presidente de la ANI.

Y tiene razón. El concesionario actual de la Perimetral de Oriente tiene cerca de un billón de pesos destinados para construir este tramo de 60 kilómetros, así como la ingeniería de primer nivel para mitigar el impacto en estos nacimientos.

La CAR explica que la ley le impide otorgar este permiso -ni siquiera se trata de una licencia ambiental- así exista la ingeniería o los nacimientos estén ubicados a varios metros de la vía.

Un eventual incumplimiento de la norma podría acarrearle una investigación y hasta la destitución por parte de la Procuraduría General.

“La obra se necesita, eso no está en discusión, pero tenemos ese vacío jurídico”, dijo Acero, de la CAR.

En los últimos tres años se han realizado numerosas mesas técnicas, consultas jurídicas, propuestas a la Contraloría y Procuraduría y nada se ha resuelto.

Incluso se llegó a hablar de un decreto de los ministerios de Ambiente y Transporte para clarificar la regulación en este tipo de casos. Sin embargo, la misma CAR reconoce que ese camino también es demorado.

El problema no es solo de Cundinamarca sino de todo el país. La ANI adjudicó en 2014 un proyecto de infraestructura de 106 kilómetros no de 40 kilómetros, que es lo que se ha rehabilitado y construido a la fecha.

El concesionario pierde porque no puede construir y recuperar la inversión y por la expectativa y modelo financiero que tenía. Se trata de un mensaje negativo en momentos en que el país intenta recuperar su economía con inversiones de este tipo. No hay que pasar de vista que la quinta generación de concesiones está en plena licitación.

A pesar de las dificultades con este tramo vial, las aguas parecen que recuperan el rumbo. Luego de 3 años de cruce de cartas, mesas técnicas y negociaciones infructuosas, la CAR anunció que tiene lista una propuesta técnica que podría ayudar a solucionar este problema.

Aunque Acero no contó detalles de la iniciativa hasta que no sea discutida con las otras partes, como Corporinoquia y la ANI, al parecer, es la única salida para darle nueva vida a este proyecto a punto de naufragar.

Se espera en los próximos días un pronunciamiento de la CAR y ANI al respecto. Ojalá haya acuerdo y se logre proteger el agua y la necesidad de conectividad terrestre. La ingeniería de hoy lo hace posible.