Finanzas Sostenibles: ¿qué esperar aún del 2022?

Si en 2020 y 2021 vimos romper la burbuja de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), el 2022 fue cuando presenciamos la consolidación de varias de las tendencias previstas para esta agenda. Con dos tercios de este año superados, ya es posible ver los logros más relevantes en estos últimos meses y hacer una mirada hacia adelante sobre lo que nos espera en 2023 y los años siguientes en Latinoamérica y el Caribe (LAC).

Un tema a destacar en este contexto es el surgimiento y, principalmente, el aumento de fuerza de iniciativas enfocadas en diferentes retos ambientales y sociales: los Principios de la Banca Responsable (2019) ya cuentan con 290 signatarios frente a los 132 iniciales; el Net-Zero Banking Alliance superó los 100 miembros (40% de los activos bancarios del mundo) con compromisos de tornarse carbono neutral hasta 2050; las recomendaciones TCFD poseen ahora un apoyo de más de 3.400 instituciones financieras y no financieras, con USD 26,7 trillones de market cap. La tendencia es que continúe creciendo en los próximos años.

Asociado con lo anterior, se evidencia que estas iniciativas están influenciando las regulaciones financieras a nivel regional. Dos ejemplos claros, de los últimos meses de 2021 que pasaron a ser discutidos en 2022: la Circular 031 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), que busca que los emisores colombianos divulguen información sobre los riesgos y oportunidades climáticos a los cuales están expuestos según directrices TCFD y SASB; la Resolución No. 4943/21 del Consejo Monetario Nacional de Brasil, que exige que las instituciones financieras locales definan prácticas de gestión de riesgos climáticos, también según las recomendaciones TCFD.

En este contexto, lo que se percibe es un enfoque cada vez más fuerte de la agenda de las finanzas sostenibles hacia las oportunidades derivadas de los temas ambientales y sociales, aunque el tema de gestión de riesgos aún no haya sido totalmente superado. Por ejemplo, Taxonomías, para definir y apalancar actividades con contribuciones a objetivos sostenibles de un país/región, están en auge.

Otro mecanismo relacionado con oportunidades que sigue creciendo son los bonos sostenibles. Aunque ya conocidos por el mercado LAC, vienen cambiando su perfil: estos instrumentos cuentan con la participación de más países, de diferentes tipos de instituciones (financieras y no financieras) y para diferentes fines ambientales y/o sociales.

Dos factores que sobresalen sobre estos bonos corresponden en un primer lugar al aumento de las emisiones de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLBs, por sus siglas en inglés), que buscan financiar metas de los emisores -de diferentes tipos- y no proyectos específicos. Cabe resaltar que debido a la flexibilidad que ofrecen los SLB el mercado de valores cuenta con nuevos emisores -principalmente de tipo no financiero, quienes mediante este instrumento han logrado establecer compromisos relacionados con temáticas ASG.

En segundo lugar, las emisiones de un volumen más grande de bonos soberanos. Chile fue innovador al sumar ambas tendencias y hacer la primera emisión en el mundo de un SLB soberano.

Aun así, países como Honduras (2020) y Ecuador (2022) recién lanzaron sus reglas para exigir la implementación de sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales (SARAS) por instituciones financieras. Es importante mencionar que las entidades de estos países ya estaban avanzando en este tema -que, como se ha mencionado, no es nuevo-, especialmente a través de la acción de gremios bancarios, pero la regulación establece una barra mínima, además de catalizar los esfuerzos.

Colombia, a vez, trabajó en su Taxonomía Verde y en su Marco de Referencia de Bonos Verdes para bonos soberanos. Adicionalmente, bajo la Circular Externa 008 de 2022, la SFC estableció condiciones mínimas que deben cumplir los emisores para emitir SLB conforme a los estándares del ICMA .

Por otro lado, sigue sin tener una regulación que exija específicamente la gestión de riesgos ambientales y sociales, como ya la tienen los países mencionados anteriormente, de modo más reciente, y Brasil (2014), Perú (2015) y Paraguay (2018) hace algunos años. Asimismo, las entidades financieras colombianas han avanzado de modo significativo en este tema, con bastante apoyo del Protocolo Verde local. Estas mismas entidades realizaron tres emisiones de bonos sostenibles en 2021.

Pero estas iniciativas, voluntarias y regulatorias, no cubren todos los temas que empiezan a ganar tracción en los sistemas financieros. Biodiversidad y temas transversales, como género y economía circular, ya son discutidos por autoridades, la banca multilateral y algunas instituciones más avanzadas.

Incluso también hay iniciativas relevantes en este sentido, por ejemplo: el TNFD, que sigue la misma estructura del TCFD pero para temas relacionados con la biodiversidad, naturaleza y capital natural -y que está en consulta pública y debe materializarse en 2023-; por otro lado están los reportes de economía circular para instituciones financieras de UNEP FI; y los Principios de Empoderamiento Femenino (WEPs, por sus siglas en inglés).

Además de mirar temas específicos, los bancos están buscando cada vez más sectores que tienen potencial para solucionar problemas relevantes en LAC y que son fundamentales en un contexto de recuperación sostenible de la crisis generada por la pandemia. Las ya mencionadas taxonomías apoyan bastante en este sentido.

Se destacan sectores tales como: agua y saneamiento, para subsanar la gran brecha existente en estos servicios en diferentes países LAC; residuos, buscando disminuir y controlar la contaminación ambiental con más servicios de gestión de residuos sólidos urbanos; y transporte sostenible, con enfoque en transporte masivo y vehículos más eficientes o eléctricos, además de una infraestructura más amigable para bicicletas, peatones y personas en situación de discapacidad.

En todo esto, hay una presión -de reguladores, fondeadores internacionales y, claro, de la sociedad civil- para que exista un impacto positivo de las instituciones financieras en los temas ambientales y sociales. Así como también existe la demanda para que estos impactos sean claramente identificados, medidos y monitoreados.

Lo importante en toda esta discusión es ver que la agenda de las finanzas sostenibles es dinámica y viene cambiando y avanzando rápidamente. Pero, sobre todo, está el hecho de que es una agenda relevante y que no admite retroceder.