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GEB y Enel le ponen fin a su pleito con un acuerdo de inversión

Tras varios años de disputa en tribunales entre el Grupo Energía Bogotá y Enel, parece que pronto ambas compañías podrán fin a sus diferencias.

1 de febrero de 2021
Enel en Colombia tiene cinco proyectos renovables no convencionales que suman más de 700 MW de capacidad. Hasta ahora, Emgesa no participa en ellos.

Enel Américas, accionista controlante de Emgesa y Codensa, suscribió un nuevo Acuerdo Marco de Inversión con el Grupo Energía de Bogotá (GEB), su socio en dichas filiales.

Este nuevo acuerdo marco de inversión, que sólo entrará en vigencia en el evento que se cumplan ciertas condiciones suspensivas y que se obtengan las autorizaciones corporativas y societarias requeridas por parte de ambos socios, busca regir a futuro las relaciones como accionistas entre Enel Américas y GEB.

Dentro de los principales acuerdos alcanzados, este nuevo acuerdo marco permitiría la integración del negocio renovable a sus inversiones conjuntas, la definición de nuevas reglas de Gobierno corporativo más acorde a los nuevos objetivos y oportunidades de esta nueva etapa.

Sin embargo, lo más relevante de este acuerdo marco es que ambas partes propondrían acuerdos de conciliación para las demandas arbitrales existentes entre ellas, algo que pondría fin a una disputa que comenzó en 2018, y tiene sus inicios en 2016.

Los efectos financieros de dicho acuerdo no resultan cuantificables, por lo que las compañías no revelaron cifras.

El pleito

En 2018 el Grupo Energía Bogotá, a través de Información Relevante de la Superintendencia Financiera de Colombia, informó que sometería a un Tribunal de Arbitramento las diferencias con Enel Américas, por la distribución de utilidades de 2016 de Emgesa y Codensa.

“Con ocasión de debates específicos alrededor de los Acuerdos Marco de Inversión suscritos con Enel Américas en relación con las compañías Emgesa y Codensa se ha decidido elevar los conflictos no resueltos entre las partes ante un tribunal de arbitramento”, decía el comunicado publicado en 2018.

Si bien hasta 2015 el 100% de las ganancias de Emgesa y Codensa se le giraron al GEB, desde 2016 a la compañía bogotana solamente le llegaron el 70% de las ganancias, el 30% restante fue retenido por Enel Américas, algo que no cayó bien en el Grupo Energía Bogotá.

De esta forma, la disputa en el Tribunal de Arbitramento se encuentran en juego más de $300.000 millones por los dividendos no percibidos por parte del Grupo Energía Bogotá, así como un monto adicional que tiene que ser decidido por el Tribunal.

Si bien esto fue lo que llevó al GEB al Tribunal, ambas compañías ya venían enfrentadas debido a la participación en los proyectos de Energía Renovables en Colombia, pues Enel trajo al país a su filial Enel Green Power, la cual dejó por fuera a Emgesa y Codensa de varios proyectos, sobre todo de energía solar en el norte de Colombia.

De esta forma, hasta hace poco la estrategia de Enel era fortalecer a su filial especializada en energía renovables, dejando de lado a Codensa y Emgesa, lo cual había molestado al GEB teniendo en cuenta el potencial que tiene Colombia.

La pelea se complicó cuando se conocieron las supuestas interceptaciones ilegales por parte del GEB a altos directivos de Enel en Colombia, entre ellos su gerente, Lucio Rubio, algo que la compañía colombiana ha negado en repetidas ocasiones y que la justicia aún no resuelve.

La alianza

En 1997, Endesa compró el 48,5% de Codensa, que hasta ese entonces era propiedad 100% del Distrito de Bogotá, que a su vez se quedó con el 51,1%. Sin embargo, Endesa quedó con la mayoría de los votos.

Ese mismo año, Endesa también se hizo con el 48,5% de Emgesa; mientras que Bogotá se quedó con 51,5%, aunque como en Codensa; la mayoría de los votos quedó en manos de Endesa.

Posteriormente, Enel adquirió todos los activos de Endesa, entre los que se contaban Codens y Emgesa, con lo cual hubo un cambio en la propiedad accionaria, que llevó al cambio de nombre de ambas compañías a Enel-Codensa y Enel-Emgesa, algo que tampoco gustó a la administración local por su costo de $8.000 millones y que tuvo que se pagado por el GEB.