Atención: las cuentas del consorcio de Hidroituango fueron embargadas

La Contraloría General de la Nación ordenó el embargo de las cuentas del Consorcio de Hidroituango como una medida preventiva en el marco de las investigaciones por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica, confirmaron a SEMANA fuentes cercanas al asunto.

En diciembre, la Contraloría encontró como presuntos responsables fiscales a cuatro consorcios, conformados por siete empresas en total.

El 28 de abril de 2018 se presentó un derrumbe en el túnel de desviación de la obra, por lo que el proyecto Hidroituango tuvo que entrar en contingencia por los factores de riesgos que presentaba.

La obra habría sido adelantada sin los estándares de calidad iniciales, según el documento entregado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la Fiscalía General de la Nación en 2020.

Hasta el momento, el órgano de control ordenó el embargo de la firma Integral S.A. Explica, en el auto MC061, que serán embargados y retenidos “los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de esta compañía” hasta por la suma de cuatro billones doscientos treinta mil pesos ($4.230.000.000.000).

La compañía Integral S.A. hace parte del Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor de la obra entre los años 2008 y 2015. En diciembre de 2020 la Contraloría General de la República reveló que le imputarían cargos a la compañía en mención y a Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S por las conductas de deficiente asesoría, precaria modificación en diseños para incorporación GAD y omisiones de las advertencias del BOARD de expertos.

Según las primeras indagaciones de SEMANA, la decisión que ya está en firme contra Integral S.A., se extendería a los demás miembros del Consorcio de Hidroituango.

Se espera que el ente de control anuncie nuevas medidas en los próximos días, mientras que a la par se adelanta una investigación en la Fiscalía General de la Nación en la que se indaga la responsabilidad de algunos contratistas, quienes, al parecer, habrían bajado la calidad de los materiales con los que se adelantó la construcción de la hidroeléctrica.

Ante la decisión revelada por la Contraloría, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Contraloría ha embargado cuentas de algunos contratistas de Hidroituango en el marco del proceso de responsabilidad fiscal. Desde el año pasado EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios. #VerdadHidroituango”, escribió.

Fuentes cercanas a SEMANA informaron que la fuga de dineros y propiedades de algunos contratistas estarían en la mira de los entes de supervisión, control y vigilancia, quienes supervisan que no se den ventas ficticias o abundantes retiros de sumas de dinero para evitar los embargos.

Una alta fuente de EPM confirmó a este medio que no va a ser afectada por esta decisión por dos razones: La primera es que en este proceso EPM se configura como víctima –fue demandante y se presentó como víctima ante las autoridades colombianas– y, segundo, porque EPM es la empresa que contrató la megaobra de infraestructura, no es la encargada de ejecutarla.

En una rueda de prensa, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, se refirió al respecto y explicó que una vez tuvieron conocimiento de las decisiones de la Contraloría, consultaron en las entidades bancarias relacionadas a la compañía y lograron constatar que “no hay novedades”.

El desastre que generó el desplazamiento de miles de personas de Valdivia, Puerto Valdivia e Ituango, está siendo investigado por las autoridades por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica.