Municipios PDET, una prioridad en los planes sociales del sector privado

En tiempos de pandemia, la destinación de recursos a causas sociales voluntarias por parte del sector empresarial ha ido en aumento. Y los sitios más afectados por el conflicto comienzan a ser una prioridad en los planes de apoyo creados por las compañías para ayudar a las comunidades más vulnerables.

Por esta razón, los municipios priorizados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) están ahora en el foco de las empresas privadas, que encuentran en estas zonas una oportunidad para potenciar sus programas sociales y mitigar las penurias a las que se enfrentan millones de familias.

El panorama es complejo. Afectaciones derivadas del conflicto armado, altos índices de pobreza, presencia de economías ilícitas, debilidad institucional y falta de educación son el común denominador para los habitantes de 170 municipios priorizados por el Gobierno nacional con estos programas.

De acuerdo con el Índice de Inversión Social Privada 2021 (IISP) que realiza la firma Jaime Arteaga & Asociados (JA&A), en alianza con Semana Sostenible y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), para 2020, un total de 77 compañías hicieron inversiones en municipios PDET, con recursos que sumaron 449.000 millones de pesos.

Tanto el número de empresas como el monto fueron superiores a los de 2019, cuando el 45,01 por ciento de las organizaciones empresariales de la muestra hicieron inversiones en estos lugares por un total de 152.000 millones de pesos.

Para Jaime Arteaga, presidente de la firma que realiza el IISP, es evidente que estas áreas son las más afectadas por la pobreza y la violencia. “Cuando les preguntamos a los empresarios las razones para redefinir sus estrategias de inversión social, la principal estuvo asociada a apoyar problemáticas de salud y crisis sanitaria, así como el aporte de alimentos y productos de primera necesidad. En estas regiones esto fue más evidente”, asegura.

En recuperación

Los recursos destinados por las compañías a estas zonas están dirigidos en especial a la recuperación económica y a la educación rural de primera infancia, dos aspectos en los que hay gran deficiencia. No obstante, la pandemia les dio un vuelco a los proyectos y la mayoría de las empresas destinó importantes sumas con el propósito de ayudar a mitigar esa problemática. Estas inversiones elevan significativamente la sostenibilidad de los esfuerzos de los Gobiernos nacional, territorial y local.

“Sin embargo, mientras no se hagan ajustes que “nivelen la cancha” entre estas regiones apartadas y los centros productivos tradicionales, seguirá siendo más difícil generar oportunidades económicas lícitas”, dice Arteaga. Los sectores que mayores inversiones llevan a cabo en estos lugares del país son el minero-energético, servicios, el de agroindustria, alimentos y bebidas, financiero, industrial y salud, según lo muestra el IISP.

Ernesto Fajardo, presidente de Alpina, afirma que estas zonas son prioritarias en los proyectos sociales de su organización. Con el trabajo de la Fundación Alpina lograron que parte de la inversión se dirigiera hacia estas regiones. “Estas inversiones están destinadas a la reactivación económica y la producción agropecuaria en diez municipios del departamento del Cauca: Argelia, Balboa, Cajibío, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Patía y Piendamó”, asevera.

De igual manera, esta empresa estableció alianzas importantes con Gobiernos locales y organizaciones internacionales que en 2019 cofinanciaron diferentes iniciativas en estos municipios.

Por su parte, María Adelaida Arango Hoyos, vicepresidenta de Sostenibilidad del Grupo Nutresa y directora de la Fundación Nutresa, manifiesta que estos municipios son claves en la estrategia social. Esta compañía y su fundación trabajan en los departamentos de Cesar, Antioquia y Tolima. En el primero, desarrollan una iniciativa de fortalecimiento integral del encadenamiento productivo del cacao, con una visión de conservación del ecosistema del bosque seco tropical, una apuesta para la construcción de paz y competitividad en el territorio, con una inversión superior a los 400 millones de pesos.

En Antioquia hacen presencia en el Urabá con la propuesta ‘Conexión agroempresarial para la cadena de cacao’, a la que asignan recursos por 382,5 millones de pesos. Y en el municipio de Chaparral, en Tolima, laboran en el fortalecimiento de la cadena de cacao con un monto de 42 millones de pesos.

ISA, por su parte, ha destinado recursos por cerca de 2.000 millones de pesos dirigidos específicamente a estas regiones del país. Estos recursos, según Bernardo Vargas, presidente de la compañía, han sido empleados en infraestructura, adecuación de tierras, ordenamiento social de la propiedad privada y educación. Esta compañía ha desarrollado programas en 10 departamentos y 29 municipios.

Millonarias inversiones

No hay duda de que los recursos brindados de manera voluntaria por las empresas privadas llegan a reforzar las apuestas del Gobierno nacional con el fin de apoyar a estas poblaciones altamente vulnerables.

Los 170 municipios PDET, ubicados en departamentos como Tolima, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Nariño, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca, son los más afectados por la violencia y la pobreza, y cubren una tercera parte de la geografía nacional con una población de 6,6 millones de personas.

El objetivo del Gobierno es que en el mediano plazo sus habitantes puedan gozar de un futuro en el que haya legalidad, se promueva el emprendimiento y exista equidad.

En estos lugares fueron analizadas 33.000 propuestas de las comunidades, luego de cientos de horas de diálogo con más de 200.000 personas, quienes plantearon sus principales necesidades en materia de educación, salud, infraestructura, agua potable y energía. Para avanzar en la implementación de estos proyectos, el Plan Nacional de Desarrollo estableció la priorización de la inversión en estos municipios, mediante la focalización de fuentes de financiación como el Ocad Paz y obras por impuestos.

De acuerdo con datos de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, este Gobierno ha invertido 7,4 billones de pesos en los municipios PDET mediante fuentes como el Ocad Paz, obras por impuestos, obras PDET, Presupuesto General de la Nación y cooperación, entre otras.

Estos recursos han permitido la financiación de cerca de 2.500 proyectos para la implementación de esos programas. Según Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, “los PDET son un modelo de gestión pública. Desde hace 31 meses estamos avanzando para que sean realidad, y hoy están en marcha para cambiar la condición de vida de 6,6 millones de colombianos. A diciembre de 2021, este proceso de transformación rural será irreversible, en beneficio de esas poblaciones castigadas por la violencia y la pobreza”.

De esta manera, iniciativas de transporte, vivienda, agua y saneamiento básico, agricultura y desarrollo rural forman parte de la larga lista de planes tendientes a mejorar la calidad de vida de los colombianos marcados por estas problemáticas.