Se disparó el número de ataques contra la infraestructura vial en Colombia

Ejecutar obras de infraestructura es cada vez más complejo en algunas zonas de Colombia. Los grupos armados al margen de la ley siguen presionando, extorsionando y cometiendo actos vandálicos contra la maquinaria de los proyectos.

Antioquia, Córdoba, Nariño y Cauca están entre los departamentos más afectados, según explicó a DINERO la analista de Control Risks, Claudia Navas.

La especialista dijo que “Colombia ha experimentado un deterioro de la seguridad en los últimos tres años, y es poco probable que la situación mejore en el futuro próximo. Las fuerzas de seguridad del Estado enfrentan un entorno de seguridad más complejo desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y las FARC”, aseguró.

Esto se debe –según ella– a la fragmentación de las FARC en varios grupos disidentes, el fortalecimiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Grupos Armados Organizados (GAO).

La firma consultora indica que la probabilidad de que los disidentes del ELN o las FARC ataquen directamente proyectos de infraestructura a gran escala sigue siendo marginal.

Aun así, aunque las GAO (o el ELN) generalmente evitan extorsionar o amenazar a los concesionarios de carreteras, los contratistas locales y su personal continuarán enfrentando un alto riesgo de extorsión, lo que posteriormente plantea riesgos legales y de reputación para los inversionistas.

Las carreteras en zonas remotas del país seguirán expuestas –según el mismo análisis de Control Risks– a ataques esporádicos por parte de estos grupos, por ejemplo, como tácticas de distracción relacionadas con el tráfico de drogas.

“Según cifras del Ministerio de Defensa, en 2020 se produjo un aumento significativo de los ataques contra infraestructuras viales, principalmente carreteras terciarias, con un total de 93 incidentes registrados frente a los cinco de 2019″, dijo Navas.

La analista agregó que aunque es poco probable que el entorno de seguridad mejore en el futuro próximo, los riesgos de seguridad no son un obstáculo inmanejable para los negocios.

El Gobierno proporcionará seguridad para los proyectos 4G y eventualmente los proyectos 5G. “Sin embargo, las empresas y los inversionistas tendrán que evaluar cuidadosamente las perspectivas de riesgo de seguridad a nivel nacional y local, y diseñar estrategias adecuadas de gestión de riesgos de seguridad para prevenir o mitigar las amenazas potenciales planteadas por los grupos guerrilleros y criminales en algunas áreas del país”, dijo.

El entorno social y operacional

Control Risks explicó que la obtención de licencias ambientales, en particular, es y “seguirá siendo extremadamente lenta y costosa”.

La consultora en estos temas también agrega que las entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y local tienden a ofrecer orientación contradictoria con respecto a la obtención de los permisos requeridos.

“La lentitud de la presupuestación gubernamental y otras formas de burocracia también causarán retrasos en los proyectos de infraestructura”, indica.

Por último, los procesos de consultas previas con las comunidades étnicas que están mal gestionadas pueden conducir en última instancia al incumplimiento, sembrar la desconfianza en las comunidades y provocar la oposición social en el futuro.

El sector de las infraestructuras enfrentará crecientes presiones sociales ante el deterioro económico provocado por la covid-19. El activismo ambiental, la persistencia de la corrupción, la movilidad social limitada y la polarización política seguirán alimentando la protesta social.

La reciente ola de manifestaciones que tuvo lugar en todo el país sugiere una creciente demanda social y sentimiento antigubernamental, especialmente entre los jóvenes. Control Risks afirma que en ausencia de respuestas efectivas e inmediatas del Gobierno, es probable que estas presiones sociales se dirijan hacia el sector privado.

Los agentes sociales esperarán un papel más activo del sector privado en el fomento de la creación de empleo y la provisión de garantías laborales y protocolos de gestión ambiental apropiados, así como prácticas empresariales transparentes y socialmente responsables.

Perspectiva

A pesar de que los planes de infraestructura de Colombia sin duda enfrentarán dificultades por las dinámicas políticas, económicas, sociales y de seguridad, la firma consultora precisa que el país seguirá siendo un destino de inversión destacado en el sector de infraestructura.

Eso sí, los inversionistas necesitarán una comprensión y una gestión adecuadas del entorno de riesgo para garantizar la resiliencia y el éxito de sus inversiones.

Esto puede incluir una rigurosa diligencia, incluida la debida diligencia en materia de derechos humanos, la comprensión de las comunidades locales y sus expectativas, temores y necesidades; la identificación en participación de los asociados correctos para encontrar un terreno común, así como la garantía de que la protección de los activos físicos y el personal se incorpore adecuadamente en las estrategias generales de gestión de riesgos.