A pesar de lo cara que está la luz, consumo de energía de los colombianos subió 3,7 % en agosto

Hace unos días, cuando el Dane reveló que los precios de la energía eléctrica han aumentado 25,9 % en el último año al mes de agosto, se prendieron las alarmas en el país y llevaron al Gobierno nacional a tomar medidas para que los colombianos comiencen a ver un alivio a partir del mes de noviembre.

A pesar de estas altas tarifas, los colombianos no han cambiado sus hábitos de consumo y, según datos publicados por XM, en el mes de agosto la demanda de energía fue de 6.623 gigavatios hora, lo que representa un crecimiento del 3,47 % con respecto al mismo mes del año pasado.

Si se revisan los datos de los últimos 12 meses, la demanda de energía eléctrica en el país ha crecido 5,25 %, mientras que en lo que va de 2022, es decir, entre enero y agosto el consumo se ha incrementado en 4,72 % en comparación con los mismos periodos de 2021.

¿Quiénes consumen más energía?

Si los datos se revisan por tipo de consumidor, los hogares y pequeños negocios (mercado regulado) consumieron 1,94 % más de electricidad, que representan el 67 % de la energía que se consume en el país. Por su parte, el consumo de la industria y el comercio (mercado no regulado) aumentó 7,4 % con respecto al mes de agosto del año pasado.

Dentro de las actividades económicas que registraron un mayor incremento de su demanda de energía en el mes de agosto se destaca la explotación de minas y canteras (sector minero) con un alza del 28,25 %, mientras que el consumo del sector de transporte y almacenamiento creció 8,56 %.

Oriente fue la región del país con mayor crecimiento en la demanda de energía eléctrica en agosto, con un aumento del 9,43 %. Le siguen Guaviare (6,91 %), Centro (5,29 %), Caldas, Quindío y Risaralda (3,67 %), Antioquia (2,75 %), Caribe (1,89 %), Chocó (1,83 %), Tolima, Huila y Caquetá (1,4 %) y Sur (1,33 %). La única región que reportó una disminución en el consumo fue Valle y fue del 0,04 %.

¿Cómo se bajarán las tarifas de energía?

Como parte del paquete de medidas anunciado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió un paquete regulatorio con diferentes medidas técnicas con el fin de iniciar el proceso de reducción de las tarifas de energía eléctrica en el país a partir del mes de noviembre.

La primera está proyectada a 12 meses y busca involucrar a todos los actores de la cadena de la electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas. Se pretende aliviar la carga de los comercializadores, que son los que recaudan el dinero de las tarifas, permitiéndoles el diferimiento de, al menos, el 20 % de las obligaciones desde septiembre a diciembre de 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores, cuyo periodo para pagar los dineros diferidos es de 18 meses.

También se permitirá la renegociación de los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores, que incluye la modificación de tiempos de pago y los periodos de consumo en 12 meses. Las variaciones de estos contratos serán reportadas por XM a las superintendencias de Industria y Comercio y de Servicios Públicos Domiciliarios.

La segunda medida regulatoria, también proyectada a 12 meses, determinará el porcentaje de variación de la opción tarifaria para el primer mes después de la aprobación de dicha regulación. Luego del primer mes, se definirá la tasa de crecimiento de la opción tarifaria que antes no podía ser inferior a 0,6 en un valor igual a 0 o negativo.

Igualmente, se ajustarán los cargos de distribución y transmisión con el Índice de Precios al Productor (IPP) de diciembre de 2020. Estos valores se traen a la actualidad y podrán variar con la inflación.

Hacia delante, y de manera transitoria, una vez se defina un indicador del sector, los cargos se van a actualizar con la menor variación entre la inflación, el IPP o un valor que presenten los operadores, quienes tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar a la Creg que aceptan los ajustes.

Finalmente, la tercera resolución que emitió la Creg y que entra en vigor en cinco meses, pretende optimizar la operación de las plantas termoeléctricas en el país, según el número de unidades y la potencia de cada una de ellas.