Ante desmonte de Ley de garantías, ¿cómo evitar que se fugue la plata pública?

Los colombianos están desanimados. La desconfianza, el peor enemigo del crecimiento y el desarrollo, invade a la mayoría.

En parte, eso se debe a la corrupción. Más aún, a la percepción de la corrupción. Es decir, el ciudadano percibe que detrás de cada accionar hay algo turbio: la coima, el engaño, la escasa transparencia.

Ese panorama es nefasto, principalmente para los jóvenes que son la generación que tomará las riendas en muchos aspectos: empresas, innovación, política, entre otros.

Por esa razón, la Andi, gremio de empresarios de Colombia, lanzó la propuesta de hacer una convocatoria para crear un mecanismo que abra la información pública a la luz del sol. Ese sería el camino para transitar hacia la transparencia y de seguimiento de los usos de los recursos públicos, con el fin de generar confianza en todos los ciudadanos alrededor de la ejecución de los dineros que aportan a través de los impuestos.

Según la propuesta de la Andi, el radar debe ponerse tanto en la ejecución nacional como en la territorial.

Puntos de la propuesta

1. Reportes mensuales. Estos deben contener montos de los convenios interadministrativos, a qué sector corresponden y a qué municipios o departamentos fueron asignados.

2. Difusión. Todos los canales de comunicación (prensa escrita/digital).

3. Facilitar la búsqueda. Para la Andi, es imperativo que, junto con el Gobierno nacional, se haga un trabajo de ajuste a las distintas plataformas, de manera que los ciudadanos tengan más facilidad para hacer una búsqueda oportuna de la contratación.

Según Bruce Mac Master, presidente del gremio, “esta debe ser una causa nacional que como deber tenemos todos para salvaguardar los recursos públicos. Por esto, hemos hecho un llamado a concretar un proyecto especial de la mano del Gobierno nacional para adelantar un seguimiento con herramientas como el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP I y SECOP II- en cabeza de Colombia Compra Eficiente, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación”.

Un nuevo monitoreo

La propuesta de la Andi apunta a la creación de un nuevo monitoreo, en el contexto del desmonte del artículo de la Ley de garantías que prohibía la contratación a través de convenios administrativos, que prácticamente, son contratación ‘a dedo’ y que pueden usarse para compra de votos u otro tipo de fraude en la época preelectoral. El gremio menciona un acompañamiento ciudadano, el cual, debe estar encaminado a garantizar el correcto uso de la plata pública, con lo cual, se avanzaría en “la construcción de escenarios de confianza sobre los recursos que ciudadanos y empresas le aportan al Estado”.

Para Mac Master, en la vigilancia se debe involucrar a la sociedad, la academia, los medios de comunicación.

Más allá de las elecciones

Aunque el mecanismo de monitoreo ciudadano se estrenaría en esta campaña electoral, para que se vigilen los convenios interadministrativos, debería ir más allá, por lo que la Andi aspira a que el proyecto piloto que se genere de su propuesta, sea acogido y se permita una competencia por la presidencia, más equitativa, y así se logre evitar lo que ha ocurrido en otras ocasiones: que quien tiene más recursos también es el que tiene más oportunidad.