Aplazan de nuevo la adjudicación del millonario contrato para la construcción de la Regasificadora del Pacífico. ¿Qué pasó?

El proceso de adjudicación del contrato para la construcción de la Regasificadora del Pacífico se tardará un tiempo más. La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, anunció que se aplazará hasta finales de este 2021.

Una de las razones es que incluyeron algunos ajustes en el proceso de adjudicación que consideran pertinentes frente a las consultas, comentarios y solicitudes de modificación sobre los documentos que se tendrán en cuenta para la elección del inversionista de la convocatoria y que se encuentran relacionados con la modificación del cronograma del proceso de selección del inversionista y del auditor.

De esa manera, la esperada selección ya no se dará en junio, como lo había confirmado hace menos de una semana el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

Con este nuevo aplazamiento, el proceso de selección ya completaría cuatro años, pues cabe destacar que la convocatoria se abrió en 2018.

En el nuevo cronograma contemplado por la UPME, los inversionistas interesados tienen plazo hasta la última semana de octubre para presentar los documentos que corresponden a la propuesta técnica y económica.

Posteriormente, en la segunda semana de noviembre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) presentará el valor máximo de adjudicación para seleccionar así al inversionista que se quedará con la millonaria obra que –se espera– tenga un costo de unos 800 millones de dólares. Posteriormente, entre el 23 de noviembre y el 16 de diciembre se recibirían las contraofertas, en caso de que se presenten.

La polémica en torno a esta obra

En teoría, esta planta regasificadora que se construiría en Buenaventura será fundamental para abastecer el suroccidente del país, ante la inminente necesidad de importar gas después de 2024. Sin embargo, hay varios sectores que se oponen a su construcción, pues consideran que el país aún cuenta con buenas perspectivas de reservas de gas, y que esta millonaria obra no se justifica.

Canacol Energy es una de las compañías que se ha mostrado en desacuerdo con el desarrollo de la regasificadora. Su presidente, Jorge Linero, indicó que el país tiene un gran potencial para producir gas y, en consecuencia, no necesita importarlo. Aseguró que la importación tiene costos adicionales que tendrían que ser trasladados a millones de colombianos.

Y es que, aunque según estimaciones de la ANH el país cuenta con reservas para 7,7 años de gas, partiendo de la tasa de consumo actual. Linero indica que en esta medición no tiene en cuenta las reservas probables con las que el país llegaría a 10 años, ni el potencial, que según un informe de la industria, podrían multiplicar las reservas probadas actuales hasta por 18 veces.

Voces de oponentes

Varios senadores, entre ellos Jorge Robledo y también José David Name, le han puesto la lupa al tema. De hecho, en el Congreso de la República se llevó a cabo un debate de control político.

En este sentido, el senador Name indicó, a través de una columna publicada en la página del Congreso, que “detrás de esta multimillonaria obra parece que existiera una perversa motivación por parte de la UPME, para continuar a toda costa con un proceso sin sustento técnico, de espaldas a los colombianos y, especialmente, desconociendo las grandes repercusiones en la economía colombiana”.

Name asegura que hay un estudio contratado por esta entidad en 2018, en el que se indica que no se requerirá dicha regasificadora hasta 2030. “¿Por qué sacarla ahora con tanta urgencia? Sabiendo la difícil situación que estamos pasando los colombianos, ¿por qué nos quieren poner a pagarla?, ¿se convertirá esta planta en un nuevo elefante blanco?”, preguntó en su columna.

SEMANA tuvo acceso a un documento en el que la ANH responde varios cuestionamientos hechos por el senador Name y, en efecto, revelan que –según un estudio contratado por la entidad– con la firma Poten & Partners, el Gobierno debería frenar el esfuerzo de desarrollo de la planta regasificadora de Buenaventura.

Lo que dice el estudio

Entre las razones citadas en las conclusiones del estudio se destacan:

-La terminal puede ser costosa, su ubicación no es ideal en lo que respecta a la batimetría (profundidad del agua) y a las condiciones del metano (viento y olas-lugar expuesto); la demanda es limitada en la región, y requerirá un costoso oleoducto para llegar a Cali, su principal mercado objetivo.

-El desarrollo de una nueva terminal de importación de GNL, de base en un lugar aislado, requerirá tiempo para su realización. En nuestro escenario más optimista estimamos un calendario de 1 a 3 años para conseguir todos los permisos, proveedores, ingeniería y contratos asegurados, y otros 2 a 4 años de tiempo de construcción, dependiendo de la tecnología elegida (FSRU offshore vs. on-shore convencional). Por lo tanto, una terminal de este tipo no tendría un impacto material en la situación de suministro a corto y medio plazo.

-Un nuevo terminal dirigido a Cali también podría retrasar, o incluso matar, el desarrollo de los recursos nacionales, en particular del gas no convencional, en la región del Magdalena Medio (Cali es uno de los mercados naturales para esta producción).