Sin anuncios formales y con poco bombo, esta semana comenzó a regir el Piso de Protección Social, un programa que permitirá que personas que ganan menos de un salario mínimo tengan seguridad social y que podría ser el primer paso del Gobierno de Iván Duque para sacar adelante una reforma laboral.

La iniciativa se aprobó en la Ley del Plan de Desarrollo y busca que las personas que reciben menos de $ 908.526 al mes tengan un ahorro para la vejez. Para lograrlo, los empleadores deberán aportar 15 por ciento de lo que paguen a una cuenta única en Colpensiones. En ningún caso, estos recursos podrán descontarse del pago y cubrirán salud subsidiada, un seguro de riesgos laborales y unos aportes que irán al programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

De acuerdo con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, se busca mejorar las garantías de las personas más vulnerables. No hay que olvidar que unos diez millones de ciudadanos reciben cada mes menos del salario mínimo y, por ende, están desprotegidos.

Lo que para muchos es una realidad del día a día también es un flagelo para el país. Por un lado, las empresas formales compiten con una agresiva informalidad. Por otro, los colombianos quedan en el limbo al llegar a la edad de pensión. Y, por último, el Estado deja de recibir recursos de aportes y recaudo.

Por donde se le mire, el hecho de que uno de cada dos ciudadanos gane menos del mínimo es un problema que debe resolverse cuanto antes. Expertos señalan que solo con un mayor crecimiento de la economía se puede pensar en aumentos salariales.

Teniendo esto en mente, el Gobierno encontró una solución salomónica con el Piso de Protección. La idea es simple: si bien millones no lograrán pensionarse, es clave que tengan un ahorro para cuando lleguen a la tercera edad.

A pesar de lo anterior, hay unas reglas para que este mecanismo no se convierta en un ‘conejo’ a los derechos laborales. Solo podrán vincularse personas que realicen trabajos u oficios parciales. Si hay un contrato laboral de por medio, se debe respetar el pago de vacaciones, primas, cesantías y demás prestaciones. Y en ningún caso un trabajador que ya esté vinculado podrá ser trasladado a este tipo de cotización.

Si alguna de estas condiciones se incumple, a las empresas llegará la temida Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) con sanciones millonarias. Para el sector privado esta es una excelente noticia, pues le permite contratar a nuevo personal de una manera más flexible.

El decreto del descontento

Esta modalidad, no obstante, es la misma que tiene a los sindicatos con los pelos de punta. Desde el año pasado han arreciado contra el programa, a tal punto que han abandonado mesas de trabajo con el Gobierno. Para las centrales obreras, la eliminación del Decreto 1174, que reglamentó el Piso de Protección, se convirtió en una línea roja.

Según el Comando Nacional Unitario (CNU), que reúne a diversas organizaciones, la norma fue expedida de manera unilateral y desconoció escenarios de diálogo como la Comisión de Concertación. No le tienen miedo a decir que esta es una reforma laboral y pensional que se aprobó por la puerta de atrás.

La reglamentación del Ministerio de Trabajo fue apenas un trámite administrativo por mandato del Plan de Desarrollo. Así las cosas, su derogatoria solo podría hacerse en los estrados judiciales. Esta es la única salida que les queda a los representantes de los trabajadores y ellos lo saben.

No es gratuito que ya presentaran demandas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En la primera el trámite va más avanzado y está a cargo de los magistrados Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo y Gloria Ortiz, que han aceptado demandas de inconstitucionalidad para estudio.

A pesar de lo anterior, hasta ahora solo las centrales han expresado sus argumentos. Desde el lado del Gobierno apenas ha habido respuesta de la Secretaría Jurídica de Palacio. En las próximas semanas comenzarán las intervenciones del Ejecutivo, que defenderá a capa y espada este programa social que pretende darles cobertura a los más vulnerables.

Al margen de lo anterior, las consecuencias del Piso de Protección ya se sienten en otros frentes. Desde 2020, el CNU pateó el tablero de la Misión de Empleo y no ha dado señales de querer volver a la mesa. Esta misión está analizando las mejores maneras de ajustar la normativa colombiana y así atacar las altas tasas de desempleo e informalidad.

Sin la presencia de los sindicatos, estos debates terminarán siendo un saludo a la bandera. Cualquier cambio en el régimen laboral requiere de su visto bueno y si no se les tiene en cuenta, de nada servirá tener las mejores ideas.

En este punto, el Gobierno tendrá que llegar a acuerdos. A nadie le sirve un diálogo de sordos, menos cuando los más afectados siguen siendo los colombianos de a pie.

Todo parece indicar que la solución no incluirá la derogatoria del Piso de Protección, que si bien no es una reforma laboral sí es un primer paso para alcanzarla. El país requiere cambios estructurales que permitan aumentar el empleo, sin que esto implique afectar los derechos laborales.

Este punto será clave para la recuperación, con lo cual funcionarios y sindicatos deberán dejar de lado sus diferencias y fumar la pipa de la paz. Hoy más que nunca lo imploran los trabajadores.