Banco de la República defiende su estudio sobre el grave impacto de la reforma laboral

El revuelo que se generó la semana pasada tras conocerse un estudio del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República, en el que se alertaba sobre la posible pérdida de 450.000 empleos por cuenta de los cambios propuestos en el proyecto de reforma laboral, sigue dando de qué hablar.

En un debate de control político en la Comisión Tercera de Cámara, en el que fueron citadas las autoridades económicas del país para evaluar los costos fiscales de las reformas propuestas por la administración Petro, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, defendió la metodología del estudio, aclarando que aunque es una investigación que tiene limitaciones por no contar con todas la fuentes de información, se basa en un análisis contable para tratar de determinar el aumento de los costos salaries que conllevaría la reforma.

“Esto podría, a su vez, tener otras implicaciones sobre la formalidad laboral en el país”, indicó el alto funcionario.

En su intervención, Villar también dijo que el estudio del Gamla no evalúa los beneficios que puede generar la reforma, sobre los que no caben dudas, pues para quienes son empleados conlleva mayor remuneración y estabilidad por las dificultades para ser expulsados de su trabajo. “Sin embargo, esto también implica costos y los que busca el estudio es estimar los pagos adicionales en lo que tendrían que incurrir las empresas”.

Esa estimación de costos se divide en dos partes: una que no fue posible cuantificar con propuestas como la tercerización laboral, pactos colectivos, creación del jornal diario agropecuario o protección de empleados ante procesos de descarbonización. La segunda parte se refiere a las propuestas de la reforma que sí se pudieron medir, usando una aproximación limitada y sujeta a supuestos, y se encontró que tienen un impacto significativo, pues los costos laborales subirían en 6,73%, sin considerar el mayor costo de las indemnizaciones por despido sin justa causa. Si esto se incluye los costos suben un 1,59% adicional.

El gerente del Emisor aclaró que el tema de los despidos también es difícil de cuantificar, pues hoy no se tienen claridad de cuántas personas salen con justa o sin justa causa. “No obstante, ese no sería el costo más importante, sino el del riesgo que implica no contratar nuevos trabajadores formales ante las dificultades para despedirlos y cualquier empresario lo va a pensar dos veces antes de emplear a alguien nuevo”.

Los más golpeados

Pese a que cuando se conoció el estudio del Gamla, el presidente Gustavo Crítico lo criticó y puso en duda su metodología, el gerente del Emisor insistió en que fue un trabajo juicioso, que utilizó la información disponible. Por ejemplo, recalcó que reducir la jornada laboral, así como cambiar la definición del trabajo diurno y nocturno y aumentar los cargos por trabajo dominical y festivo son tres artículos que implican en un aumento promedio de los costos empresariales de 3,4%. Insistió en que lo grave no sería esa cifra, sino que no afectaría a todos los sectores por igual, pues mientras la actividad financiera tiene pocos cargos dominicales o nocturnos, el sector de restaurantes, hoteles, actividades culturales y artísticas, sí tienen bastante trabajo nocturno y muchas horas extras, lo que implica que tendrían los mayores sobrecostos.

Otro impacto del estudio del Emisor, destacado por Villar, es el del fin de los contratos por prestación de servicios. “El mismo proyecto reconoce que para el sector público sería inviable, pues implicaría prescindir de muchas personas, así que lo limita al sector privado, pero allí podría pasar algo parecido por los sobrecostos”, reiteró y dijo que haciendo el supuesto de que al empleado por prestación de servicios lo emplean formalmente, pero con menor sueldo para compensar parte del sobrecosto, el costo para las empresas de esa propuesta sería de 2,3%, si es el mismo salario subiría a 4,6%.

Villar reiteró que este tipo de decisiones nunca son gratuitas y que el riesgo de mayores costos laborales para las empresas podría conducir a un perjuicio para la capacidad de crecimiento de los sectores más afectados, así como de la economía en general.