Economía
Beneficiarios de subsidios no eran tan pobres, pues declaraban renta a la Dian; lo que halló la Contraloría al auditar al DPS
El organismo de control encontró además que se siguen presentando pagos a fallecidos y concluye que la gestión es ineficaz.
En un escenario en el que lo que escasea es el dinero y en un país en el que se entregan subsidios sin que haya un plan para ir sacando a las personas de la pobreza y logren progresar por sí mismas, muchos de los recursos en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) se van en apoyos a personas que no lo necesitan o que ya fallecieron.
La Contraloría General concluyó una auditoría financiera a la entidad pública que maneja los programas sociales a través de los cuales se distribuyen las ayudas a los ciudadanos más vulnerables, y encontró que aunque solicitaron recursos, no los ejecutaron en su totalidad. En programas como Jóvenes en Acción había beneficiarios que presentaron la declaración de renta por los años 2021 y 2022, es decir, no eran tan necesitados de ayudas estatales, toda vez que para estar obligado a ser declarante de renta ante la Dian hay que cumplir ciertos requisitos, en relación con patrimonio e ingresos.
Además, el organismo de control halló que se continúan entregando subsidios a personas fallecidas.
Con todo eso, la Contraloría estableció 21 hallazgos administrativos, de los cuales, 17 tienen presunta incidencia disciplinaria y 10 con incidencia fiscal, por un monto que supera los 108,8 mil millones de pesos.
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La revisión realizada por la Contraloría se orientó a la vigencia 2023. en ese año, Prosperidad Social contó con $9,8 billones. En términos de compromisos llegaron al 85 %, es decir, se presentó una pérdida de apropiación de $1,4 billones de pesos.
En ese año, según la Contraloría, hubo debilidades en los trámites de aprobación de vigencias futuras, ampliación de cronogramas para la revisión y aprobación de las fichas técnicas, al igual que demoras en la investigación de mercados y análisis del sector. También se presentaron retrasos en los estudios previos y publicación de procesos contractuales, entre otras.
Hay que recordar que en el Gobierno de Gustavo Petro, el DPS arrancó inicialmente con Cielo Rusinque, en septiembre de 2022. Un año después llegó al cargo Laura Sarabia y, en marzo de 2024, asumió las riendas Gustavo Bolívar.
Gestión ineficaz
Para la Contraloría, en el periodo auditado (2023), se dieron circunstancias que pusieron de manifiesto “una insuficiente gestión del presupuesto por parte del ordenador del gasto de la entidad”.
Las conclusiones de la auditoría parten de las nuevas herramientas tecnológicas que hoy existen en el Estado y que permiten hacer cruce de información en distintas bases de datos. De esa manera, la Contraloría pudo establecer que “la información que soporta los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor, no cuenta con las condiciones de exactitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad que se requiere para la toma de decisiones al interior de la entidad”.
En la conclusión de la auditoría adelantada por la Contraloría, se evidencia que se siguen presentando casos de pago a beneficiarios fallecidos, mientras que la efectividad del Grupo Interno de Trabajo Antifraudes no se está dando. “La depuración de las bases de datos, procedimiento ejecutado antes, durante y después de cada ciclo de pago de cada programa, busca generar un control de calidad permanente de los registros procesados, pero esta labor no está siendo efectiva”, señala el informe.
