Malas noticias: la calificadora Moody’s pronostica más “incertidumbre en el sector energético” por facultades de Petro para regular tarifas

Colombia perdió el grado de inversión que tenía y que le permitía acceder a créditos a un bajo costo, porque las calificadoras de riesgo, con ese grado de inversión, le indican al mercado que este país es confiable, como deudor.

Una de esas calificadoras que tiene en la mira a Colombia, para ir evaluando si le devuelve o no el fundamental calificativo de grado de inversión -y con base en la política que se aplique internamente-, es Moody’s, que este miércoles 22 de febrero se pronunció sobre el decreto que le da facultades al presidente Gustavo Petro para ejercer funciones regulatorias que han sido propias de organismos como la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y la CRA (Comisión de Regulación de Agua).

Adrián Garza, vicepresidente de crédito de Moody’s Investors Service, quien se encarga de exponer la posición de la calificadora, dijo: “El nuevo decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un período de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”.

En días pasados, con la firma de tres ministros y el director de Planeación Nacional, salió a la luz el Decreto 0227, cuyo contenido autoriza al mandatario de los colombianos a retomar algunas de las funciones de los dos organismos regulatorios.

Es por la inflación, pero...

Con base en ello, de acuerdo con lo expuesto por Garza, la calificadora reconoce que “las iniciativas gubernamentales están destinadas a controlar las tarifas en medio de un ambiente de alta inflación”.

No obstante, no se puede perder de vista que en las naciones es clave la seguridad jurídica para enviar señales que atraigan a inversionistas, según han opinado varias voces desde diversas trincheras. Es así como, según agregó la experta, si bien las medidas aún no se han divulgado, “las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y que difieran en relación con la ruta de la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”.

Bajar las tarifas

Desde el punto de vista del Gobierno, la decisión de emitir el decreto que le da facultades al presidente durante tres meses fue argumentada con el tiempo transcurrido, desde que se pactó un acuerdo con las empresas de servicios públicos para que se diera una reducción en las tarifas de energía, lo que -a su vez- aliviara el bolsillo de los usuarios y contribuyera a reducir la inflación. No obstante, dicha reducción no se produjo rápidamente.

Fue así como el Gobierno sustentó que considera oportuno y conveniente “asumir la competencia por parte de la Presidencia de la República, en relación con la expedición de medidas generales de alcance regulatorio en materia de servicios públicos”.