Calificadoras: ¿por qué les tienen miedo?

La historia de las calificadoras de riesgo tienen su origen en la necesidad de garantizar la confianza. Nacieron durante el proceso de expansión al oeste de Estados Unidos, cuando los comerciantes del este, que estaban acostumbrados a darles crédito a sus clientes cercanos, necesitaban saber si les podían prestar a los que estaban lejos. Así, en 1837 nacieron unas agencias que se encargaban de evaluar si un deudor podía pagar sus deudas.

Con el tiempo, esa evaluación se amplió a empresas y activos financieros, tipo bonos de deuda, así como a los países que, al igual que Colombia, se endeudan en el exterior para financiar sus gastos.

La evaluación que hacen las calificadoras ya no solo es importante para los prestamistas: también se ha convertido en un sello de calidad para las finanzas públicas de los países. Por eso, cuando una nación no tiene una buena nota, en particular cuando pierde lo que se conoce como grado de inversión (un nivel por debajo del cual muchos inversionistas tienen prohibido poner su dinero), no solo les cobran más caro por prestarle, sino que se convierte en una presión adicional para los Gobiernos de turno, pues la mala nota puede repercutir en la tasa de cambio y en las tasas de interés internas.

Tras la crisis de 1999, que explotó con los problemas del Upac, Colombia perdió su grado de inversión y solo lo recuperó en 2011. Muchos temen que con la crisis derivada de la pandemia se repita la historia. Ese es uno de los principales temores que expresan los promotores de la reforma tributaria –entre ellos el Gobierno– para evidenciar su urgencia. Dicen que sin esta medida no será posible tener contentas a las calificadoras, que ya tienen al país con ‘matrícula condicional’.

Pese a que existen varias calificadoras en el mundo, son tres las que mandan la parada y las más escuchadas por los mercados: Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s. Las tres tienen al país aún en grado de inversión, pero con un tecnicismo que se conoce como perspectiva negativa, es decir, que le advierten que la próxima movida puede ser a la baja.

Joydeep Mukherji, managing director de Calificaciones Soberanas de Standard & Poor’s; Renzo Merino, vicepresidente del grupo de Riesgos Soberanos de Moody’s, y Richard Francis, director de Riesgos Soberanos de Fitch, coinciden en que, más que la aprobación de la reforma tributaria, lo que les interesa es ver cómo el país planea volver a ajustar sus finanzas públicas, las cuales se venían deteriorando desde antes de la pandemia.

Si bien saben que este no es un momento fácil para una reforma de este tipo, les parece apropiada la propuesta del Gobierno de que la entrada en vigencia no sea inmediata, sino cuando haya una mejor situación económica de los contribuyentes. Frente a reemplazar la tributaria por otra medida como por ejemplo las privatizaciones, consideran que el problema de esa estrategia es que, por un lado, resulta demorada y, por el otro, es insuficiente. Además es por una sola vez y eso no garantizaría ingresos permanentes, que es lo que buscan las reformas.

“Nuestro trabajo no es decirles a los Gobiernos lo que tienen que hacer para evitar un cambio en su calificación. No les pedimos que devalúen, que apunten a una meta de inflación o que hagan una reforma tributaria, eso es decisión de cada Estado. Lo que nos interesa es que nos den una señal para saber hacia dónde van a apuntar, cuál es su mapa de ruta para la consolidación fiscal, pues eso es lo que les da confianza a los inversionistas”, dice Mukherji. El objetivo no es decirles a los Gobiernos si están haciendo un buen o un mal trabajo; esa es una evaluación que les corresponde a los ciudadanos de cada país. Pero sí evaluar si las políticas implementadas o por implementar ayudarán al crecimiento del PIB o a generar más ingresos tributarios. “Por eso lo importante no es lo que pase en 2021, sino lo que va a ocurrir en dos o tres años, cuál será la deuda del Gobierno en ese futuro y eso, de nuevo, dependerá de las políticas fiscales y del crecimiento del PIB”, reitera.

Merino, de Moody’s, asegura que no bajan una calificación solo porque sube el endeudamiento de un país (la carga de la deuda pública total colombiana pasó de 52,2 por ciento del PIB en 2019 a entre 64 y 65 por ciento hoy), sino que analizan las expectativas hacia el futuro; si el mayor endeudamiento es coyuntural o si va a ser permanente. “En nuestro caso, cambiamos la perspectiva de la calificación de Colombia porque la pandemia ha exacerbado las debilidades previas del país”, subraya.

Frente a los pares

Otro de los análisis que hacen las calificadoras tiene que ver con cómo luce un país frente a otros con la misma calificación. Si sus indicadores están en el promedio del grupo o si se alejan demasiado. En este caso es cuando deciden cambiar el rating o nota de las naciones que evalúan.

Francis, de Fitch, señala que si bien comparan entre pares, en términos absolutos y relativos Colombia ha empeorado, pues su nivel de deuda ha subido más que el promedio de la categoría. Por ese mayor endeudamiento, casi todos los países que evalúan en la región tienen perspectiva negativa, pues los parámetros de evaluación son iguales para todos, pero la diferencia está en la confianza que generan los países sobre su futura consolidación fiscal.

Merino sostiene que también se debe tener en cuenta que el grupo de pares de Colombia ha cambiado bastante, pues varios ya perdieron el grado de inversión, y aclara que las decisiones que ha tomado Moody’s frente a Colombia no son solo derivadas de la pandemia, pues a causa de ella las métricas de deuda han subido en todo el mundo, sino porque se combinan otros factores como caída del PIB o aumentos del déficit fiscal.

Por ejemplo, uno de los pares en términos de calificación es Uruguay, cuya deuda alcanza 62 por ciento del PIB, pero tiene perspectiva estable. Allí arrancó un nuevo Gobierno justo antes de que empezara la pandemia. Desde entonces anunciaron medidas para atender los desbalances fiscales producto de la crisis sanitaria, así como cambios en su regla fiscal, lo que favorece la credibilidad de las finanzas públicas uruguayas. Otro par en la región es Panamá, donde el choque de la pandemia ha sido mucho más fuerte de lo anticipado. Eso llevó a que hoy sus finanzas públicas estén más débiles que el promedio de su grupo. Su economía se contrajo 18 por ciento en 2020 y la carga de su deuda está en casi 70 por ciento del PIB, por eso el vecino país, que tenía su calificación un peldaño por encima de Colombia, ahora quedó en el mismo nivel.

Los tres expertos consideran que la historia de Colombia da para pensar que se podrá encontrar una solución al actual problema fiscal, pues en episodios anteriores de choques económicos las autoridades han logrado consensos para adoptar las medidas necesarias.

¿Reforma en todas partes?

Otra de las dudas que se generan frente a las calificadoras es por qué están pendientes de una reforma tributaria en medio de una pandemia que ha golpeado a todas las naciones del mundo y si eso solo lo evalúan en Colombia. Mukherji, de Standard & Poor’s, responde que ellos aplican la misma metodología en 135 países y tienen claro que subir impuestos en plena recesión es complicado, pero insiste en que no se están enfocando en 2021, sino en una señal de que a mediano plazo se podrá resolver el problema. “A ningún país se le está pidiendo una solución inmediata y es cierto que la mayoría no está tramitando reformas tributarias, bien sea porque ya perdieron el grado de inversión o por dificultad política, pero hay otros que están viendo la situación actual como una oportunidad de mejora. En Asia, países como Indonesia están haciendo reformas para atraer inversión, para que instalen fábricas, y eso no tiene nada que ver con la pandemia, pero así ayudará a la recuperación. En el caso de Colombia, la apuesta es la tributaria y esta es una señal de que están pensando en el futuro”, subraya el experto.

Merino cree que, tras la pandemia, las reformas tributarias se van a empezar a ver en muchos países y así lo establece el Monitor Fiscal del Fondo Monetario, el cual hace énfasis en la necesidad de trabajar en la progresividad de los impuestos para combatir la desigualdad.

Más allá de lo que digan las calificadoras, economistas como Armando Montenegro, presidente de la junta de BTG Pactual Colombia, creen que la reforma tributaria no se debe tramitar por temor a esos árbitros externos. “Tener una deuda creciente no solo es dañino, sino que a futuro no nos van a volver a prestar. Debemos manejarnos bien como país, no por esos jueces implacables, sino por nosotros mismos”, dice. ¿Pasaremos la prueba?