CDA consideran que nueva póliza automotriz sancionada por el Gobierno Petro llevará a la crisis del sector

En los últimos días, se ha presentado una polémica relacionada con el sector de transporte, debido a la sanción de una ley que establece una serie de prerrogativas para el desarrollo de las actividades de los Organismos de Apoyo al Tránsito (OAT).

La Ley 2283 de 2023 obliga a los Centros de Diagnósticos Automotriz (CDA) a darle un seguro de daños materiales a vehículos particulares a las personas que realicen su respectiva revisión técnico mecánica.

Puntualmente y siendo la base de la polémica, la ley sancionada sostiene que “Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) deberán tomar, con una entidad aseguradora legalmente establecida en Colombia y con libertad de oferta, un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto para el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos”.

El valor de este seguro para los vehículos particulares será de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y de 7 SMLMV para las motocicletas. Por último, la ley explica que los CDA están obligados a garantizar estos seguros obligatorios a los usuarios que se vean beneficiados por sus servicios.

Por otro lado, y de la mano con esa normativa, el artículo 53 de la Ley 769 de 2002 hace énfasis que el usuario no debe pagar el costo adicional del seguro, por lo que los CDA se responsabilizan de la totalidad del mismo.

Esta decisión no ha sido compartida por los CDA. SEMANA habló con Gonzalo Corredor Sanabria, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotriz (ASO-CDA), quien dio los motivos para estar inconformes por esta medida, tanto de él como del sector automotriz.

La principal razón es que no hay forma actualmente de costear este gasto por parte de la industria automotriz. “Vemos que es totalmente inaplicable porque no hay forma de pagarla”, explica Corredor sobre la imposibilidad de aplicar esta póliza, debido a que los Centros no cuentan con los recursos suficientes.

“Ni siquiera se puede aplicar por los excedentes de los pagos de la revisión tecno mecánica, que son 32.000 pesos por vehículo”, añade.

Adicionalmente, señala que la aplicación de esta normativa llevará al colapso inminente del sistema de revisión técnico mecánica, por la falta de recursos no garantizaría el servicio y, por consecuente, varios sitios se irían a la quiebra.

Otra problemática de este seguro, en palabras de Corredor, es que “conllevaría a aumentar la evasión (refiriéndose a la revisión y a impuestos como el SOAT). A hoy día hay 11 millones de vehículos que tiene obligaciones de impuestos; de ellos solo 6 millones están al día. Con esa póliza esa cifra se aumentará”.

Por otro lado, Corredor indica que “no le corresponde a los centros una póliza por daños hechos por borrachos”. Combinando la posibilidad de aumentar la evasión de impuestos, junto con la legitimidad de los accidentes ocasionados por imprudencia, el resultado sería también el colapso de la seguridad vial en el país.

“Si se quiere subsidiar, lo debe hacer el gobierno y no los centros”, enfatiza Corredor con respecto a la escasez de recursos que garanticen la aplicación de la póliza.

Por tal motivo, desde el sector automotor han solicitado una reunión urgente con el Ministerio del Trabajo, dado que consideran que es una medida inconstitucional y sería una forma de comentarle al Gobierno del presidente Gustavo Petro todos los aspectos negativos que la ley conlleva.

Bajo sus cálculos, la póliza generará un costo adicional de 400 millones de pesos, una cifra que supera cualquier balance, ocasionando un gran déficit. “Se perderán empleos y las familias que subsisten en esta industria se verán afectadas”, señala.

Corredor afirma que durante el proceso legislativo de la ley, no se contó con la voz de los CDA. No se tuvo en cuenta una socialización con los gremios. Lo cual significó para ellos una sorpresa grande. “Algunos líderes de motociclistas e influencers muestran esto como una gran victoria. Pero en realidad no es así”, expresó.

Por último, indicó que en los recientes días esta situación ha significado un problema grande, debido a que no les han podido dar a los usuarios esta póliza, debido a que no hay aseguradoras ni formas de cubrirla. “Le hacemos un llamado al Gobierno para que se siente con nosotros y recapacite sobre esta medida”, concluyó Corredor.