Colombia busca entregar nuevas áreas en Antioquia para la producción de oro

Durante la Convención Internacional de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), considerada la feria de exploración minera más importante del mundo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) hizo el lanzamiento oficial de una ronda minera para adjudicar nuevas áreas para la producción de oro en Antioquia.

Estas áreas corresponden a los bloques 17 y 18, ubicados en el municipio de Santa Fe de Antioquia, con un área total de 2.890 hectáreas; y los bloques 16 (municipios de Peque e Ituango) y 21 (municipio de Peque), que abarcan un área de 6.298 hectáreas.

De acuerdo con la ANM, estos bloques ya cuentan con actividades previas para la reserva y su declaración como Áreas Estratégicas Mineras, además del relacionamiento con el territorio y la generación de informes de caracterización de las zona. Las ofertas de los interesados en adquirir estas áreas se empezarán a recibir a partir del próximo 21 de julio.

“Colombia tiene el potencial para aumentar la exploración y explotación de minerales metálicos, fundamentales para la transición energética. Durante el Gobierno del presidente Iván Duque se ha dado un impulso histórico al sector minero, construyendo una ruta de acciones que van desde la exploración; la legalidad con cifra récord de mineros formalizados (25.000 a mayo); y logrando, a la fecha, cuatro procesos de selección objetiva para cobre, fosfatos, carbón y oro, los cuales se orientan a atraer inversión con mayores estándares”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.

En el 2021, la ANM estructuró la primera ronda minera para cobre, a través de la cual se han declarado seis Áreas Estratégicas Mineras en la región Caribe: cuatro en el Cesar y dos en La Guajira. De este total, cinco ya han sido adjudicadas.

El año pasado también se lanzó la segunda ronda minera para fosfatos y en abril de 2022 la tercera ronda para carbón, que incluye las dos minas que Prodeco le devolvió a la ANM en el 2021 y que se esperan adjudicar antes de que finalice el gobierno del presidente Iván Duque.

El 65 % de producción de oro de aluvión en Colombia es ilícita

Un monitoreo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) arrojó que para el 2021 en 13 de los 32 departamentos de Colombia se explota oro de aluvión (Evoa en tierra), abarcando 98.567 hectáreas, lo que representa un 2 % menos frente a lo detectado en el 2020.

Además de la participación del municipio de Dibulla, en La Guajira, este tipo de producción de oro está concentrada en tres departamentos del país: Chocó, Antioquia y Bolívar, con el 88 % del total nacional. Chocó ocupa el primer lugar (40 % del total nacional) y focaliza la mayor cantidad de explotación ilícita en zonas excluibles de minería.

En el 65 % de las 98.567 hectáreas ocupadas, la producción de oro de aluvión es ilícita, y sobresalen Chocó y Antioquia. Tan solo el 29 % de esta área cuenta con permisos técnicos y/o ambientales para desarrollar esta actividad y el 6 % se encuentra en la categoría ‘En tránsito a la legalidad’.

De 101 municipios con producción de oro de aluvión en el país (9 % del total nacional), diez concentran el 54 % del total nacional: Zaragoza, Nechí, Nóvita, El Cantón de San Pablo, Cáceres, Istmina, El Bagre, Ayapel, Río Quito y Unión Panamericana.

De estos municipios se obtiene el 26 % de la producción de oro nacional y se presenta alta explotación ilícita de oro (59 %). Estos territorios se caracterizan por su alta complejidad ya que, además de la explotación ilícita de oro, algunos tienen presencia de cultivos de coca; esto coincide con altos niveles de pobreza y bajos índices de desarrollo.

“La demanda mundial impulsa la producción de oro, pero también la explotación ilícita, que, sumado a la presencia de cultivos ilícitos en algunos territorios, se constituyen en señales de alerta para el Estado colombiano por las amenazas a la estabilidad ambiental, económica y social de varias zonas del país”, aseguró la entidad.

Por ello, considera que es necesario que el Gobierno nacional intensifique los controles y aumente los niveles de formalidad y legalidad con el fin de mejorar ingresos por impuestos y regalías que se reviertan sobre el desarrollo económico y bienestar de las comunidades.