Colombia destinará casi $300.000 millones para promover la explotación de recursos naturales no renovables

El Gobierno nacional determinó la metodología para incentivar la explotación de recursos no naturales en Colombia durante el bienio comprendido entre 2021-2022.

Según la resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno destinará $297.193 millones, asignados en la Ley 2072 de 2020 que determinó el presupuesto de ingresos del Sistema General de Regalías para 2021, para promover la explotación de este tipo de recursos en el país.

“Incentivar con los recursos asignados en la presente resolución a los municipios en donde se explotan crudo, carbón, gas, metales preciosos y níquel, teniendo en cuenta que estos aportan el 99,7 % de los ingresos del Sistema General de Regalías”, dice la normativa del Ministerio.

Teniendo en cuenta los cálculos del Ministerio de Minas y Energía, el petróleo aporta el 72 % de los ingresos de regalías, seguido por el carbón con el 14 %, el gas con el 8 %, los metales preciosos con el 4 % y el níquel con el 2 %.

Del total de los $297.193 millones que serán utilizados para promover la explotación de recursos naturales no renovables en el país, $287.606 millones se destinarán a los municipios donde se explotan recursos naturales no renovables y los $9.586 millones restantes irán al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Los recursos asignados al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina deberán destinarse a la ejecución de proyectos de inversión orientados a garantizar la prestación de servicios públicos como los de energía eléctrica, gas combustible y la distribución de combustibles líquidos”, especifica la norma.

El presupuesto aprobado de regalías para 2021 y 2022 es de $17,3 billones. De estos recursos, el 34 % irá para las regiones y el 25 % se destinará a los municipios y productores de hidrocarburos.

Los recursos proyectados para el próximo bienio son inferiores a los $19,2 billones que se aprobaron para ejecución durante 2019 y 2020, como consecuencia de los bajos precios del petróleo.

¿Cómo va el fracking?

La segunda semana de marzo, el Consejo de Estado comenzó a analizar la ponencia que decidirá de fondo la viabilidad técnica de la exploración y explotación en yacimientos no convencionales en el país. Es decir, el polémico fracking. Y aunque se esperaba que a estas alturas del año ya se conociera una decisión, todo parece indicar que aún hay mucho camino por recorrer y, al parecer, todavía no hay consenso en ese alto tribunal.

Para entender mejor esta decisión que será determinante para el futuro energético del país, hay que remontarse al Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando entre 2013 y 2014 se expidió el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 9341 de 2014, con los que se le dio vida a la normatividad técnica para empezar a desarrollar el fracking en el país.

De hecho, el Gobierno alcanzó a incluir esta técnica en los Planes de Desarrollo y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en ese momento ofertó, asignó áreas y se firmaron contratos que aún siguen vigentes.

Hasta ese momento, todo apuntaba a que el fracking no tenía reversa y que sería el as bajo la manga para garantizar la autosuficiencia en materia de gas y petróleo. Sin embargo, varias organizaciones iniciaron una cruzada legal que se convirtió en un palo en la rueda para el desarrollo de los no convencionales en el país.

En 2018, el Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte y posteriormente tomó la decisión de suspender de manera provisional el decreto y la resolución que le daba sustento jurídico a la normatividad técnica del fracking, esto bajo el principio de precaución.

Desde entonces, todo el país estaba expectante por la decisión de fondo que se esperaba para antes de Semana Santa. Pero esta no ha sido nada fácil, pues, al parecer, la ponencia que se presentó en el Consejo de Estado era negativa. Es decir, buscaba desestimar los argumentos de los demandantes que quieren tumbar la reglamentación y dejar en firme la normatividad.

Extraoficialmente, fuentes cercanas al proceso aseguraron que dicha ponencia fue derrotada en la Sala Plena, lo que obligaría al alto tribunal a desarrollar una nueva ponencia. Bajo esta perspectiva, aún no es claro cuál será el sentido del nuevo documento, pues este puede ser positivo o negativo, con otros elementos o condicionamientos. De ser cierto, esto quiere decir que el tan esperado fallo de fondo que tiene en vilo tanto a la industria, como al movimiento antifracking del país podría tardar varias semanas más.