Migración

Colombia pide reforzar financiación internacional para atender a migración venezolana

El país ha invertido más de 1.000 millones de dólares en atención migratoria.

18 de mayo de 2022
Migrantes venezolanos (imagen de referencia).
El Gobierno colombiano insistió en que los recursos entregados alcanzan para menos, teniendo en cuenta la gran cantidad de migrantes venezolanos. | Foto: Getty Images

Pese a los múltiples esfuerzos que se han realizado desde el comienzo del éxodo venezolano en todo el mundo, la realidad estás desbordando las capacidades y buena voluntad de las naciones que trabajan de la mano para ayudar a las millones de personas que han tenido que dejar su país para buscar una salida a la crisis económica que enfrentan.

Para el caso de Colombia, que se convirtió en el principal receptor de ciudadanos venezolanos -principalmente por su cercanía con Venezuela-, el Gobierno nacional ha impulsado el apoyo de la comunidad internacional a las iniciativas del país, con la intención de conseguir apoyo financiero y político para atender a los migrantes.

Las Conferencias de Donantes y los Planes Regionales de Respuesta son un ejemplo de ello, sin embargo, la implementación de los Planes Regionales de Respuesta evidencia la escasa visibilidad del éxodo venezolano y la insuficiente financiación para la respuesta en América del Sur.

Ante esto, la vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez indicó que Colombia cada vez tiene que hacer más esfuerzos para atender este fenómeno social y, ante la magnitud del mismo, ha hecho múltiples llamados a la comunidad internacional para que fortalezca su apoyo a la respuesta a los flujos mixtos provenientes de Venezuela.

Explicado en cifras, para 2020 el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela esperaba movilizar USD 1.407 millones a nivel regional, de los cuales se destinarían USD 782,3 millones para financiar acciones en Colombia. Al 21 de mayo de 2021, el RMRP 2020 registró aportes solo por USD 659 millones (46,8 % de lo solicitado). De este total, USD 334 millones fueron asignados a Colombia (42,3 % de lo requerido para el país).

“Actualmente, los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela superan por 357.472 personas al éxodo sirio, ya que, de acuerdo con el ACNUR, al 31 de enero de 2022, 5.684.218 sirios han dejado su país desde el comienzo de la guerra civil. Sin embargo, la respuesta a los flujos mixtos desde Venezuela ha sido significativamente desfinanciada”, dijo esta funcionaria.

Sobre la situación de 2021, el RMRP tenía un requerimiento financiero de USD 1.439 millones en toda la región; de ese total, USD 641 millones correspondían a necesidades de financiación en Colombia. Al 17 de enero de 2022, el RMRP 2021 registró aportes por USD 641 millones (44 % de lo solicitado). De este total, USD 370.8 millones han sido asignados a Colombia (56 % del requerimiento).

Entre tanto, para este año 2022, el RMRP definió un requerimiento total de USD 1.786 millones; de ellos, USD 803 millones buscan financiar las acciones de respuesta en Colombia. Es por esto que pide a la comunidad internacional que no baje la guardia y que, por el contrario, se refuercen los programas de ayuda a esta emergencia humanitaria.

“A pesar de los esfuerzos y el insistente llamado a la comunidad internacional en la cooperación del financiamiento de las acciones migratorias, en Colombia y la región, al país le ha tocado definir un marco jurídico e institucional que permita integrar a los migrantes a la economía local, y aprovechar las capacidades humanas de los migrantes para aportar al crecimiento económico y al desarrollo sostenible del país”, agregó Martha Lucía Ramírez.

Colombia también ha desarrollado una importante iniciativa, mediante el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), un mecanismo de política pública único en el mundo, que tiene como propósito regularizar a los más de 1 millón 800 mil migrantes provenientes de Venezuela, visibilizándolos como sujetos de derechos, otorgándoles protección y acceso a los bienes y servicios del Estado en igualdad de condiciones a los ciudadanos colombianos, incluyendo a los sistemas de salud, educación, trabajo y seguridad social.

Para la implementación de este estatuto, según el Gobierno Nacional, se han invertido $ 41.192 millones (USD 10.8 millones).